El desahucio que la ONU y 100.000 firmas no evitaron
Viviana L¨®pez y sus seis hijos esperan en la habitaci¨®n de un albergue de Madrid una vivienda social tras perder su casa de alquiler
M¨¢s de 30 polic¨ªas, dos cerrajeros y seis funcionarios del SAMUR irrumpieron en el domicilio madrile?o de Viviana L¨®pez el pasado 25 de junio para hacer efectivo su desahucio y el de sus seis hijos, cinco de ellos menores de edad. Al d¨ªa siguiente fueron trasladados desde la calle de San Robustiano, donde resid¨ªan, al Centro de Acogida del Pinar de San Jos¨¦. All¨ª, en una habitaci¨®n de espacio reducido, conviven ahora Viviana y sus hijos junto a otra familia sin hogar.
Dos meses despu¨¦s, tras dos intentos del Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales de la ONU de pedir una vivienda alternativa para la afectada y con 100.000 firmas de apoyo a la petici¨®n de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel en la plataforma Change.org, Viviana y sus hijos siguen a la espera en las mismas condiciones.
¡°Mis hijos viven con la incertidumbre constante de si nos van a volver a echar¡±, cuenta Viviana en un parque frente a la Junta Municipal del distrito de Latina. Cerca de ella, dos de sus hijos de 7 y 11 a?os juegan en el c¨¦sped. Hace m¨¢s de cinco a?os, esta madre de 38 a?os alquil¨® un piso ¡ªel que ocupaba hasta hace dos meses¡ª a un propietario que estaba endeudado con Bankia. El desahucio del titular de la vivienda hizo que Viviana y sus hijos se vieran en la calle tambi¨¦n al no poder afrontar la nueva renta que el banco ped¨ªa por el piso.
¡°En la orden de desahucio dijeron que era una usurpaci¨®n, pero nosotros no entramos por la fuerza¡±, explica mientras espera a su amiga Kena Yuguero, coordinadora de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel. Esta asociaci¨®n inici¨® una petici¨®n de firmas en la plataforma Change.org para dar visibilidad a la situaci¨®n de Viviana. Ayer, la petici¨®n sumaba 102.500 firmas registradas. ¡°Decidimos que ten¨ªamos que usar todo a nuestro alcance y empezamos a mover la petici¨®n¡±, explica Yuguero. En cuesti¨®n de d¨ªas, las firmas subieron como la espuma y solo en el primer mes ya contaban con el apoyo de 70.000 personas.
Para Viviana, que tanta gente apoyara su causa fue un milagro. ¡°Cuando vi las firmas que hab¨ªamos conseguido no me lo pod¨ªa creer. Gracias a ello hemos podido acceder a sitios en los que no se nos escuchaba¡±, asegura. Incluso vecinos que ella no hab¨ªa visto en la vida se presentaron cuando fue a entregar las firmas a la Consejer¨ªa de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Tres d¨ªas antes del desahucio, la ONU solicit¨® al Estado espa?ol la suspensi¨®n de ese desahucio o el ofrecimiento de una vivienda alternativa ¡°con el objetivo de evitar da?os irreparables a ella o a sus cinco hijos menores de edad¡±. Ahora solo les queda esperar. La Agencia de la Vivienda Social de Madrid comunic¨® hace un mes que la familia de Viviana reun¨ªa puntos suficientes para acceder a una vivienda social, pero que hab¨ªa que esperar a estudiar los casos de otras familias como la suya y que hasta octubre podr¨ªa alargarse el periodo de espera. ¡°Lo ¨²nico que necesitamos es estabilidad. Una vivienda podr¨ªa brindarnos la oportunidad de empezar de nuevo, sobre todo para mis hijos, que tardan hora y media en llegar al colegio¡±, concluye Viviana.
Hacer las maletas con un beb¨¦ enfermo
Soraya, una mujer de 30 a?os y madre de tres hijos menores que reside en Vic¨¢lvaro (Madrid), vive estos d¨ªas una situaci¨®n similar a la de Viviana. El pasado jueves acudi¨® al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 30 de Plaza de Castilla para pedir la paralizaci¨®n de su desahucio alegando que su beb¨¦ de un mes est¨¢ enfermo. Soraya dej¨® de darle el pecho y qued¨® a cargo de su hermana mientras ella y varios vecinos trataban de bloquear esta semana el desahucio de su familia por cuarto d¨ªa consecutivo. Fuentes municipales han explicado que en el escrito presentado ante el juzgado incluy¨® un informe del Hospital Ram¨®n y Cajal donde ingres¨® el beb¨¦ al sufrir ¡°problemas respiratorios¡±, as¨ª como otra comunicaci¨®n de la ONU en la que recomendaba al Estado la suspensi¨®n cautelar del desalojo.
La ONU solicita tambi¨¦n en este caso el realojo de esta familia en una vivienda digna, entendiendo que existe la posibilidad de ¡°vulnerar sus derechos, protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales (PI-DESC)¡±. ¡°Yo no me niego a pagar, yo quiero pagar un alquiler¡±, sostiene Soraya, que asegura cobrar una renta m¨ªnima de 580 euros al mes para mantener a sus tres hijos.
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