Pol¨ªtica, leyes y desahucios

La pol¨ªtica proporciona a veces sorpresas agradables que ni siquiera logran eclipsar soberbios y mentirosos comparecientes ante comisiones de investigaci¨®n parlamentarias. El pasado martes 18, despu¨¦s de una ma?ana desagradable y altanera, el Congreso de los Diputados admiti¨® a tr¨¢mite la proposici¨®n de ley de la Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las buenas noticias para ese eslab¨®n d¨¦bil, del que forman parte esas 700.000 familias que han perdido su hogar por ejecuci¨®n hipotecaria desde el inicio de la crisis, no acabaron ah¨ª. Apenas 24 horas despu¨¦s, el mi¨¦rcoles 19, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba en la Comisi¨®n de Urbanismo obligar a los promotores inmobiliarios a destinar a vivienda asequible el 30% de los pisos que construyan. En ambos casos, los votos de la izquierda fueron la argamasa que permiti¨® levantar ese acuerdo que presta o¨ªdos a la emergencia habitacional.

Por lo que respecta al Congreso de los Diputados, ley de la PAH cuenta con una larga historia, pues la mayor¨ªa absoluta del PP evit¨® en 2013 que esta proposici¨®n en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 1,5 millones de firmas fuera tomada en consideraci¨®n. En enero de 2018, el PP con el apoyo de Ciudadanos barr¨® el paso nuevamente a la iniciativa con el argumento de que era inasumible, pues el propio Gobierno estimaba un coste de 90.000 millones de euros en 20 a?os (llevamos 60.000 gastados en el rescate bancario en 10 a?os). El texto ahora respaldado por PSOE, Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana, Comprom¨ªs y EH Bildu, despu¨¦s de que el Constitucional obligara a levantar el veto del Gobierno del PP, propone cinco ejes: daci¨®n en pago retroactiva; moratoria indefinida para todos los desahucios sin alternativa habitacional; establecimiento de ¨ªndices de referencia de precios para el alquiler (ahora libre); utilizaci¨®n de casas cerradas injustificadamente por grandes tenedores de parque p¨²blico y garant¨ªa de acceso a los suministros b¨¢sicos de agua, luz y gas.

El PNV expuso sus reparos al texto de la PAH por lo que de invasi¨®n auton¨®mica suponen estas medidas. Una actitud muy formal y timorata fundamentada en que cualquier intento de paliar el drama de los desahucios ha sido sistem¨¢ticamente recurrido por el Gobierno central. As¨ª ha sucedido con leyes de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Navarra, Canarias, Pa¨ªs Vasco, Arag¨®n, Murcia, Extremadura o el Pa¨ªs Valenciano. Los argumentos competenciales le han servido al Gobierno central del PP para embozarse en lo que en la pr¨¢ctica ha supuesto defender viejos privilegios.

En Catalu?a, por su parte, el cambio de tercio del autonomismo al independentismo ha movido a la vieja Converg¨¨ncia a adaptarse parcialmente a los nuevos tiempos. La ley de Vivienda catalana lleva 11 a?os de existencia sin un reglamento que la desarrolle. El profesor Juli Ponce, director del Instituto de Investigaci¨®n TransJus de la Universidad de Barcelona, lo recuerda en uno de los art¨ªculos que integran un estudio -coordinado por el Observatorio DESC y TransJus a prop¨®sito de la citada ley- y sostiene con datos del Consejo Asesor de Pol¨ªticas Sociales y Familiares que mientras en Europa el concepto vivienda, dentro de gastos de protecci¨®n social, supon¨ªa en 2011 un 2,1% (0,6% del PIB), ese mismo a?o en Catalu?a no pas¨® del 0,73% (0,1% del PIB). A ello hay que a?adir, seg¨²n la Mesa del Tercer Sector, que las prestaciones permanentes al alquiler adem¨¢s de insuficientes redujeron el n¨²mero de beneficiarios de 29.000, en 2010, a 19.000, en 2013. Estas rebajas contrastan con el aumento de presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona que con Ada Colau ha multiplicado por cuatro el presupuesto entre 2015 y 2017 (de 45 a 160 millones).

?Ser¨¢ un problema de voluntad pol¨ªtica? Probablemente. Con la llegada al poder de Converg¨¨ncia -versi¨®n 2010, derecha catalana de toda la vida- un 20% de la ley del Derecho a la Vivienda aprobada por el Tripartito fue desactivada: qued¨® sin vigencia la medida "sovi¨¦tica" de expropiaci¨®n temporal de los pisos vac¨ªos (que se aplica en buena parte de Europa); desapareci¨® la obligatoriedad de reserva de vivienda protegida en suelo urbano consolidado.

Ahora la vieja CDC , trasmutada en PdeCat, tiene la posibilidad de redimirse. En el Congreso ya ha dado luz verde a la propuesta de la PAH y en Catalu?a debe poner su reloj en hora y sumarse a la iniciativa de las entidades sociales, que ha salido adelante gracias a los votos de Barcelona en Com¨², PSC y Esquerra. Pero una cosa es Espa?a y otra muy distinta esa Rep¨²blica catalana donde gobiernan. El Ejecutivo de Torra puso el pasado viernes serios reparos a la propuesta apoyada por la izquierda municipal. Malos augurios. Parece que continuar¨¢ la deserci¨®n hist¨®rica de la derecha catalana en la defensa de los intereses de la ciudadan¨ªa m¨¢s baqueteada por la crisis.