Rechazada una petici¨®n de Puigdemont para registrar una asociaci¨®n como ¡®lobby¡¯ en la UE

El entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha intentado registrar como grupo de inter¨¦s ante las instituciones de la Uni¨®n Europea (UE) la asociaci¨®n belga CATGlobal, cuya inscripci¨®n no ha sido validada por falta de informaci¨®n necesaria, seg¨²n fuentes europeas. El registro de esta asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro con sede en el mismo chal¨¦ de la localidad de Waterloo donde Puigdemont tiene fijada su residencia en B¨¦lgica y donde est¨¢ registrada la sede del llamado Consell per la Rep¨²blica fue tramitado el pasado 14 de enero.

No obstante, CATGlobal ASBL no aparece en el registro p¨²blico de grupos de inter¨¦s registrados ante las instituciones comunitarias, un portal que gestiona la Comisi¨®n Europea. Esto se debe a que "hay cosas que tienen que cambiar", indic¨® una fuente comunitaria cercana a ese proceso que precis¨® que hacen falta "normalmente dos semanas" para recibir el visto bueno del registro si no se exige ninguna modificaci¨®n.

El registro se introdujo en ese mecanismo para velar por la transparencia en las instituciones comunitarias, seg¨²n adelant¨® El Confidencial, a nombre de Jaume Cabani Massip, un ingeniero inform¨¢tico responsable tambi¨¦n de las operaciones de la web independentista Republicat. En dicho proceso de inscripci¨®n se describe a CATGlobal dentro de la categor¨ªa de "organizaciones no gubernamentales" con el objetivo no lucrativo de "favorecer, difundir y realizar iniciativas susceptibles de promover y llevar a cabo iniciativas que puedan promover, mejorar y, por lo tanto, promover, apoyar el desarrollo y la realidad social de la comunidad catalana".

La asociaci¨®n, seg¨²n los documentos del intento de registro, dice tener representaci¨®n en B¨¦lgica, Espa?a, Francia y Reino Unido y se interesa en particular en las actividades de la Uni¨®n Europea relacionadas con los "derechos ciudadanos" y "especialmente a los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresi¨®n".

El registro incluye un n¨²mero de tel¨¦fono belga que atiende en franc¨¦s un var¨®n con acento espa?ol que, contactado por Efe, guard¨® silencio ante las preguntas sobre la actividad de dicha asociaci¨®n antes de colgar sin hacer ning¨²n comentario. Seg¨²n los documentos, CATGlobal cuenta con diez personas afiliadas y en ella trabajan tres personas a tiempo completo y otras cuatro a tiempo parcial, si bien no se detalla ninguna informaci¨®n financiera.

La asociaci¨®n se constituy¨® como tal en B¨¦lgica en febrero de 2018 y, adem¨¢s de Cabani, est¨¢n vinculados a la misma Jaime Bernis Calatayud, lobbista y socio de la consultora TAS Europroject; Erika Casajoana Daunert, consultora en comunicaci¨®n p¨²blica; Josep Matamala Alsina, empresario que arropa a Puigdemont desde que huy¨® a B¨¦lgica, y Piet Van den Bergh, vinculado al servicio de estudios de la Confederaci¨®n de Sindicatos Cristianos (ACV, por sus siglas en neerland¨¦s).

En caso de que la Comisi¨®n Europea rechace el registro de un grupo de presi¨®n ante las instituciones comunitarias, ni la negativa ni los motivos de la misma se hacen p¨²blicos, agregaron las fuentes. Puigdemont viaj¨® a Bruselas el 30 de octubre de 2017, tres d¨ªas despu¨¦s de una declaraci¨®n de independencia de Catalu?a declarada ilegal por la Justicia espa?ola y el propio expresidente ha sido procesado por el Supremo por el delito de rebeli¨®n, entre otros.

Por otro lado, la europarlamentaria liberal Beatriz Becerra, vicepresidenta de la comisi¨®n de derechos humanos de la Euroc¨¢mara, se dirigi¨® a la Comisi¨®n Europea a prop¨®sito de la asociaci¨®n vinculada al expresidente auton¨®mico, que considera se cre¨® "para obtener fondos europeos destinados a subvertir el orden constitucional espa?ol".

La eurodiputada traslad¨® una cuesti¨®n parlamentaria al Ejecutivo comunitario, de la que Efe ha obtenido una copia, en la que pregunta si la CE considera que CATGlobal cumple los criterios para obtener ayudas p¨²blicas dada la "situaci¨®n judicial" de Puigdemont, reclamado por la Justicia espa?ola por presuntos delitos de rebeli¨®n y malversaci¨®n, entre otros. Becerra tambi¨¦n interpel¨® a la Comisi¨®n Europea sobre si puede recibir fondos comunitarios una asociaci¨®n cuyo objetivo pasa por "subvertir el orden constitucional de un Estado miembro".?