Vivienda p¨²blica de por vida

La vivienda se ha convertido en la principal preocupaci¨®n ciudadana de Barcelona. Y atacar este problema conlleva delicados equilibrios cruzados: por un lado, la urgencia del corto plazo frente a la necesidad de trazar una pol¨ªtica de mirada larga; por el otro, la necesidad de garantizar oferta accesible sin disminuir la poca que existe, especialmente en r¨¦gimen de alquiler, garantizando un m¨ªnimo de rentabilidad a los promotores y a los propietarios de pisos arrendados.

Ambos equilibrios se complican en esta etapa de incremento de una demanda que no es homog¨¦nea. Seg¨²n el S¨ªndic de Greuges de Barcelona, 36.000 unidades familiares se encuentran en lista de espera para poder acceder a un piso con un alquiler social. Esta realidad de emergencia habitacional coexiste con la atracci¨®n de la ciudad en tanto que polo generador de empleo y de turismo global, que genera una creciente poblaci¨®n flotante de elevada capacidad adquisitiva. Todo ello sobre el trasfondo de un predominio total del sector privado (el parque p¨²blico es de un 1,5%).

En este contexto, la construcci¨®n de vivienda protegida destinada a la compra se convierte en una gran boca que fagocita recursos p¨²blicos. Porque ya se construy¨® mucha en el pasado. En la primera mitad de los a?os 80 del siglo pasado, por ejemplo, el 60% de las viviendas iniciadas eran de protecci¨®n oficial (VPO), seg¨²n datos del Banco de Espa?a. Ahora sabemos que estamos en m¨ªnimos hist¨®ricos, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona maneja una cifra impactante: si toda la vivienda p¨²blica realizada en la ciudad en las ¨²ltimas tres d¨¦cadas no hubiera regresado al mercado libre, en la capital catalana un 40% del parque ser¨ªa hoy p¨²blico.

Este dato hiere m¨¢s a la luz de la dimensi¨®n del actual problema. La demanda m¨¢s abundante en Barcelona oscila entre los 600 y los 800 euros mensuales, y eso no casa con una oferta mayoritaria por encima de los 1.000 euros (siete de cada 10 pisos superan ese list¨®n). Un hogar con ingresos equivalentes a 1,5 veces el salario m¨ªnimo, incluso tras la importante subida de este a 900 euros, supone tener que destinar m¨¢s del 60% de los ingresos a pagar el alquiler.

El Ayuntamiento gobernado por Ada Colau ha lanzado muchas ideas y en muchas direcciones para atacar el problema de la vivienda. Ha vivido ba?os de realidad con la lenta y compleja maquinaria de la burocracia administrativa, con la menor localizaci¨®n de pisos vac¨ªos en la ciudad (menos de la mitad respecto de las estimaciones iniciales, hasta 13.000), con los propios l¨ªmites competenciales, con la actitud de la banca o con la conveniencia de dar cabida al sector privado en el impulso del operador metropolitano de vivienda de alquiler Habitatge Metr¨°polis Barcelona.

Pero sin duda, su medida estrella es la reserva forzosa de un 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones y ampliaciones en la ciudad, fruto de la presi¨®n de entidades como la PAH, el Sindicat de Llogaters, las organizaciones vecinales de la FAVB y el Observatorio DESC. Aunque no puede compararse el impacto que esta medida habr¨ªa tenido durante el boom inmobiliario, los m¨¢s de 300 pisos anuales que puede posibilitar no deben menospreciarse, porque, sobre todo, suponen un cambio de filosof¨ªa de calado.

Pero de poco puede servir si no se garantiza que los pisos mantengan su funci¨®n social a lo largo de toda su vida ¨²til. En ninguna parte dice que este 30% de pisos deban ser de alquiler, aunque el consistorio tenga intenci¨®n de adquirirlos. As¨ª que, para aprender del pasado, ser¨ªa una buena cosa que Catalu?a siguiera la pol¨ªtica del Pa¨ªs Vasco desde 2003 como medida contra la especulaci¨®n y declarara permanente el car¨¢cter protegido de una VPO. El Gobierno de la Generalitat ha cogido el guante de estudiarlo. Ayudar¨ªa a deshacer lo que a su vez deshizo la ley ?mnibus en 2011, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria (facilitar la descalificaci¨®n de VPO, rebajar la obligaci¨®n de reservar suelo para esta o compatibilizar un segundo piso para quien tuviera uno protegido).

La gracia del modelo, sin embargo, ser¨ªa su ampliaci¨®n, como m¨ªnimo, a los municipios del ¨¢rea metropolitana, por cuestiones de alzas de precio y competencia. Pese a los recelos de algunos ayuntamientos metropolitanos, tienen dif¨ªcil ponerse a la contra de una medida que corresponsabiliza al sector privado en la consecuci¨®n de un modelo de vivienda equitativo.