Devaluaci¨®n democr¨¢tica

Este fin de semana en Madrid han asistido a una manifestaci¨®n c¨ªvica del independentismo catal¨¢n. El Govern en primer¨ªsima fila, haci¨¦ndose suyo el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por una Constituci¨®n que, supuestamente, es la base jur¨ªdico-pol¨ªtica de Espa?a, ¡°el Estado represor¡±. Este fin de semana la imagen ha sido, contrariamente a la imagen que dieran Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil el 1 de octubre 2017, la de polic¨ªas nacionales explicando a unos j¨®venes espa?olistas que lo bueno de la democracia es que, unos y otros, puedan expresarse libremente. Casa mal esta imagen con la del Estado represor.

En Catalu?a las instituciones de la Generalitat han quedado en manos de los independentistas m¨¢s obcecados, menos razonables, y, lo siento, con menor sentido democr¨¢tico. Esta descripci¨®n molestar¨¢ a muchos pero esta es la realidad que se percibe. Y solo ello explica que en Catalu?a, el Govern no gobierne, que no adopte ni implemente pol¨ªticas p¨²blicas. M¨¢s bien, se ha convertido en una gran agencia de performances procesistas, pagadas con el dinero de todos los contribuyentes. Unas instituciones en las que para entrar y solicitar alg¨²n servicio, debe atravesarse una especie de santuarios dedicados a los presos y a los ¡°exiliados¡±; instituciones vestidas de amarillo, fotos y pancartas que ponen de manifiesto que se ha perdido la idea de neutralidad institucional. Las instituciones no deben tomar parte por unos o por otros porque, mal que les pese, representan los intereses de toda una comunidad pol¨ªtica. Las instituciones en Catalu?a, en contra de las bases de cualquier contrato social, se han hecho titulares de derechos fundamentales que, por definici¨®n, no les corresponden. Porque los derechos y libertades p¨²blicas son elementos esenciales de aquel contrato social precisamente para garantizar a la ciudadan¨ªa un espacio libre de la injerencia de los poderes p¨²blicos. As¨ª, las instituciones no tienen libertad de expresi¨®n, ni de reuni¨®n ni de manifestaci¨®n. Estos derechos son solo y exclusivamente de los ciudadanos y ciudadanas, desde el primer d¨ªa en que dejamos el antiguo r¨¦gimen para entrar en la etapa hist¨®rica del estado de Derecho democr¨¢tico.

Los derechos y libertades fundamentales no son instrumentos maleables, al albur de las preferencias ideol¨®gicas de cada cual (tampoco de las del Sr. Maroto). Son instrumentos que definen a un estado y a una sociedad. En esta l¨ªnea, la Constituci¨®n de 1978 recoge los derechos individuales y civiles ya cl¨¢sicos, como los derechos de participaci¨®n en sentido amplio y, a deferencia de otras constituciones europeas, reconoce como fundamentales derechos sociales como la educaci¨®n, la sindicaci¨®n o el derecho de huelga.

No, la Constituci¨®n de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminaci¨®n de los pueblos ni de los territorios que la conforman. Y no lo hace porque tampoco lo hacen los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Espa?a es parte. La autodeterminaci¨®n reconocida por Naciones Unidas en diferentes textos se circunscribe, hoy, a pueblos sometidos, en el sentido estricto del t¨¦rmino. Por ello Catalu?a no es un territorio que tenga el reconocimiento internacional, y por tanto, tampoco constitucional, a auto determinarse m¨¢s all¨¢ de lo que ya supone el ejercicio de la autonom¨ªa pol¨ªtica de la que se disfruta desde el Estatuto de Autonom¨ªa de 1979. Ni si quiera el tan abusado ¡°poble¡± catal¨¢n es homog¨¦neo en relaci¨®n con la aspiraci¨®n secesionista, ni se trata de un pueblo sometido a la represi¨®n del estado espa?ol. La autodeterminaci¨®n es una aspiraci¨®n pol¨ªtica leg¨ªtima pero no un derecho fundamental. Y, en democracia, la realizaci¨®n efectiva de toda aspiraci¨®n pasa por convencer, persuadir y transaccionar, incluso teniendo mayor¨ªas amplias, porque en democracia los derechos de las minor¨ªas tambi¨¦n deben protegerse.

Los derechos fundamentales son una de las piezas indispensables de cualquier Estado de derecho democr¨¢tico. Cabe afirmar que son la raz¨®n de su existencia: el contrato social al que da forma jur¨ªdica el Estado de derecho persigue evitar la imposici¨®n de la voluntad de los fuertes sobre los d¨¦biles. Los derechos y libertades fundamentales se convierten en el veh¨ªculo de relaci¨®n entre la ciudadan¨ªa igual de una determinada comunidad pol¨ªtica, el pueblo soberano, y los poderes p¨²blicos que gestionan el poder que el soberano les conf¨ªa.

As¨ª las cosas, resulta muy extra?o observar las im¨¢genes de los principales responsables de la Generalitat, y alg¨²n exPresident, en primera fila y coreando una conocid¨ªsima canci¨®n. Parecer¨ªa que est¨¢n all¨ª m¨¢s como fans en un concierto que como responsables pol¨ªticos de una comunidad que pasa por uno de los peores momentos de confianza, credibilidad y gobernabilidad de su historia moderna: Catalu?a.