Independencia y pobreza severa

Hay virus capaces de sobrevivir en ambientes que, sobre el papel, deber¨ªan resultarles adversos. Te¨®ricamente, las manchas de inmoralidad no tendr¨ªan cabida en un pa¨ªs que camina l¨ªmpidamente hacia una independencia que har¨¢ palidecer al estado de felicidad permanente que promet¨ªa la canci¨®n de Georges Moustaki.

El caso es que enzarzados en problemas de lazos, damascos, balcones y desobediencias, se escapan entre los dedos problemas a los que la ciudadan¨ªa debe hacer frente d¨ªa a d¨ªa. Y en ese terreno, los m¨¦todos de los gobiernos auton¨®micos de Artur Mas y de los independentistas de Quim Torra apenas difieren. Comparten corrientes de fondo como el recorte y contenci¨®n del gasto o la opacidad informativa. En la precipitada carrera desde el austericidio a la independencia hemos perdido la oportunidad de mejorar las condiciones de vida gracias a los presupuestos, ya fueran los propios o los del Estado. La prueba es que en Catalu?a se sigue gobernando sin rubor con las cuentas aprobadas en 2017.

En 2011, el Gobierno de Artur Mas decidi¨® cortar por lo sano la partida destinada a la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n (RMI), que supon¨ªa unos 426 euros al mes por perceptor. La ¡°sospecha¡± de fraude la hizo merecedora de soportar un tijeretazo de 50 millones de euros. Era la ¨¦poca de la austeridad ajena, esa que se aplicaba a las ayudas sociales de los otros, pero no al impuesto de sucesiones propio. La prestaci¨®n que tan cicateramente abord¨® el Gobierno de Mas iba destinada a quienes se hallaban en situaci¨®n de pobreza severa. Para proceder al recorte se agit¨® la sombra de la cultura de la sospecha. Una parte de los beneficiarios de la prestaci¨®n fueron presentados como una suerte de aprovechados que se daban la gran vida a costa del sufrido contribuyente. Han pasado ocho a?os y el Gobierno de Quim Torra sigue dando p¨¢bulo al ¡°efecto llamada¡±. De nuevo triunfa la cultura de la sospecha, ahora con la aquiescencia de Esquerra Republicana, que dirige el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. El hecho es que una medida que por ley no debe estar sujeta a vaivenes presupuestarios sufre estrecheces claramente ilegales.

Cuando en 2017 el Parlament aprob¨® por unanimidad la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC), el soberanismo la present¨® como un jal¨®n en el camino a la independencia, como una muestra de ese Estado de Bienestar futuro que triunfar¨ªa en la Catalu?a libre. Aunque lo cierto es que la derecha espa?ola (PP y Ciudadanos) vot¨® a favor de esa medida. El caso es que con ello se daba la oportunidad de cobrar esta prestaci¨®n a cualquier persona mayor de 23 a?os, residente en Catalu?a durante al menos dos a?os, sin patrimonio ¡ªm¨¢s all¨¢ de la primera residencia¡ª y que hubiera agotado todas las prestaciones posibles. No era mucho. Se pasaba de los 426 euros al mes a los 564 de la nueva prestaci¨®n que, progresivamente, debe llegar a los 660 en 2020. Lo importante era el cambio de concepto. La RGC, apoyada por 121.000 firmas ciudadanas, procuraba paliar de forma estructural ¡ªno paternalista ni asistencial¡ª los efectos de una descarnada crisis que, seg¨²n el Instituto de Estad¨ªstica de Catalu?a (Idescat), ha dejado en la pobreza severa a casi 350.000 personas. ?Se ha logrado el objetivo dos a?os despu¨¦s?

El primer problema es que esta prestaci¨®n no llega ni a la mitad de sus potenciales beneficiarios (120.004 personas de 350.000). De las 133.746 nuevas solicitudes acumuladas desde 2017, solo se han aprobado 10.468 de RGC y complementos hasta finales de 2018. De los 9.300 recursos de alzada presentados por denegaci¨®n, se han resuelto positivamente 109. En los motivos de rechazo no se especifica la raz¨®n, en algunas ocasiones. Los promotores de la ILP han tenido que acudir a la Comisi¨®n de Garant¨ªa del Derecho al Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica de la Generalitat en busca de amparo para conseguir datos. En la Catalu?a de la transparencia las cifras son muy borrosas.

Mientras, crece la brecha entre las rentas m¨¢s altas y las m¨¢s bajas y la posibilidad de redistribuci¨®n estructural que supone la RGC se queda muy corta. Har¨ªan bien los responsables de la Generalitat en escuchar el contenido de las mociones en favor de agilizar la RGC aprobadas por ayuntamientos como Santa Coloma, Santa Perp¨¨tua de Mogoda, Badia del Vall¨¨s, Cornell¨¤ o Vilafranca. O les bastar¨ªa con prestar o¨ªdos a esa especie de consejero ¨¢ulico en que se ha convertido el S¨ªndic de Greuges, quien denunciaba las graves consecuencias sociales de las denegaciones, las demoras en la tramitaci¨®n de solicitudes y la excesiva burocratizaci¨®n del proceso.