La Fiscal¨ªa acusa a Torra de deso¨ªr de forma ¡°deliberada¡± a la Junta Electoral

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La Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a ha formalizado este mi¨¦rcoles la querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia. El fiscal Francisco Ba?eres ve indicios de delito por la decisi¨®n de Torra de no retirar los s¨ªmbolos independentistas de edificios p¨²blicos pese a los reiterados requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). La querella subraya que el president desatendi¨® "consciente y deliberadamente" al m¨¢ximo ¨®rgano de control de procesos electorales y le acusa de pretender "enmascarar" esa decisi¨®n. Torra ha replicado a la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa con la presentaci¨®n a su vez de una querella contra todos los miembros de la JEC por un presunto delito de prevaricaci¨®n. "La represi¨®n no para. El Estado es incapaz de tolerar la discrepancia pol¨ªtica", ha afirmado el president.

Al tratarse del presidente de la Generalitat, corresponde a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) la instrucci¨®n del caso. La Fiscal¨ªa pide al TSJC que tome declaraci¨®n como investigado a Torra y que el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (CNP) remita sus "actas de comprobaci¨®n" sobre los acuerdos de la Junta Electoral. Ba?eres solicita tambi¨¦n al Departamento de Presidencia que aporte el informe de sus servicios jur¨ªdicos "relativo al mantenimiento de simbolog¨ªa en sedes de la Administraci¨®n auton¨®mica en periodo electoral". El jefe de los Mossos d'Esquadra deber¨¢ explicar asimismo el "cumplimiento" de las resoluciones del organismo.

El origen de la pol¨¦mica se remonta al 11 de marzo, cuando la JEC dict¨® un primer requerimiento en el que ordenaba a Torra retirar, en un plazo de 48 horas, las "banderas esteladas" y los "lazos amarillos" de los edificios p¨²blicos ante las pr¨®ximas elecciones generales del 28-A. Argumentaba el organismo que se trata de ¡°s¨ªmbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones¡±.

Aunque el acuerdo era firme, Torra present¨® un escrito para pedir la "reconsideraci¨®n". Y permiti¨® que lazos y banderas siguieran luciendo en el Palau de la Generalitat y en los departamentos del Govern. Esa decisi¨®n llev¨® a In¨¦s Arrimadas, l¨ªder de Ciudadanos en Catalu?a, a presentar una primera denuncia ante la Fiscal¨ªa. El 18 de marzo, la Junta Electoral dict¨® una segunda orden en la que reiter¨® la petici¨®n y daba a Torra, esta vez, solo 24 horas para cumplirla. "El derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n de los empleados p¨²blicos", advert¨ªa el organismo, "no incluye la utilizaci¨®n de edificios y lugares p¨²blicos de forma partidista¡±. Ya entonces le apercibi¨® de responsabilidades administrativas y penales.

La estrategia "encubierta" de Torra

Pero Torra se mantuvo en sus trece. Desatendi¨® de forma "consciente y deliberada" el mandato y opt¨® por mantener los s¨ªmbolos independentistas ¡°en numerosas dependencias y establecimientos p¨²blicos¡± de la Generalitat. La querella del fiscal destapa las maniobras del president para aparentar que daba cumplimiento a la orden. De manera "encubierta" o "simb¨®lica", permiti¨® que se exhibieran ¡°carteles, im¨¢genes, figuras, fotograf¨ªas y simbolog¨ªa en general de la misma naturaleza ideol¨®gica y partidista¡±. Ba?eres recuerda que todos esos elementos representan "¨²nicamente los postulados de una parte de la sociedad¡±.

La querella reprocha a Torra que desobedeci¨® un mandato "claro y expreso" y que su conducta es de "especial gravedad" porque ¡°incide directamente en el derecho de participaci¨®n pol¨ªtica de la totalidad de la ciudadan¨ªa¡±. La Fiscal¨ªa cree que la actitud de Torra "no puede quedar enmascarada" por su decisi¨®n de esperar el dictamen del s¨ªndic de greuges (el defensor del pueblo catal¨¢n) sobre la retirada de s¨ªmbolos. Tampoco por la "sustituci¨®n" de unos s¨ªmbolos por otros que "pretend¨ªan significar exactamente lo mismo".

El ¨²ltimo episodio del conflicto lleg¨® el 21 de marzo, cuando la Junta Electoral Central emiti¨® una nota en la que constataba el "flagrante incumplimiento" por parte de Torra. El organismo dio instrucciones a los Mossos d'Esquadra para retirarlos (les pon¨ªa como fecha l¨ªmite las 15.00 del 22 de marzo) y dedujo testimonio a la Fiscal¨ªa. Antes de que actuara la polic¨ªa auton¨®mica, Torra decidi¨® retirar los lazos. Para la Fiscal¨ªa, llegaba tarde: el mismo d¨ªa 22, la Fiscal¨ªa General del Estado anunci¨® la presentaci¨®n de una querella que este mi¨¦rcoles se ha formalizado.

La Fiscal¨ªa considera que hay indicios de que Torra pudo cometer un delito de desobediencia del art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal. Ese delito castiga a las "autoridades o funcionarios p¨²blicos" que se nieguen "abiertamente" a dar "el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u ¨®rdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ¨¢mbito de su respectiva competencia". Adem¨¢s de una multa, la desobediencia implica la inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos por un tiempo que va de los seis meses a los dos a?os.

Frente a esta tesis, la tesis de la querella de Torra se ampara en la doctrina del tribunal de Supremo y del Constitucional de que no se puede cometer delito de desobediencia mientras no se haya resuelto, alegan, la solicitud de medidas cautelares. Paralelamente, la querella apunta que la JEC fue modificando las medidas que orden¨® en funci¨®n de las alegaciones del Govern y ah¨ª entienden que se pudo cometer la supuesta prevaricaci¨®n adem¨¢s de se?alar que eran imposibles de cumplir por ser "ilegales".