La Fiscal¨ªa mide sus opciones para revertir el tercer grado de Oriol Pujol

Oriol Pujol Ferrusola se ha adaptado con una facilidad pasmosa a la vida carcelaria. Entre el ejercicio f¨ªsico -el deporte llena sus horas- y las clases de idiomas, el paso del quinto hijo del expresident Jordi Pujol por el m¨®dulo 7 de Brians 2 ha sido relativamente ligero. Tambi¨¦n es cierto que el hombre que se postulaba para suceder a Artur Mas no ha tenido ocasi¨®n de sentir el lento y pesado paso del tiempo entre rejas: despu¨¦s de solo dos meses, la Generalitat le ha concedido el tercer grado. El exdiputado debe amoldarse ahora a una realidad a¨²n extra?a, pero m¨¢s amable: pasar el d¨ªa en libertad y las noches en la celda. La Fiscal¨ªa examina ahora sus opciones de recurrir con ¨¦xito la decisi¨®n ante el juez de vigilancia penitenciaria.

Condenado a dos a?os y medio de c¨¢rcel por aceptar sobornos en el caso ITV, el Departamento de Justicia otorg¨® el r¨¦gimen de semilibertad a Oriol Pujol cuando apenas hab¨ªan pasado 65 d¨ªas desde su ingreso. Lo hizo con el aval preceptivo (y un¨¢nime) de la junta de tratamiento del penal de Sant Esteve Sesrovires. Trat¨¢ndose de un miembro de la familia Pujol, la decisi¨®n ha suscitado toda clase de suspicacias. Y ha despertado una discreta polvareda pol¨ªtica, menos estruendosa de la que provocaron en su d¨ªa otras salidas precipitadas de corruptos catalanes como el expresidente del Bar?a Josep Llu¨ªs N¨²?ez o los exdirectivos de Ferrocarrils.

A Oriol Pujol no se le han concedido permisos antes de la cuenta -son habituales cuando un preso cumple un tercio de la pena- sino que se le ha colocado, directamente, en la casilla de salida. Cuando un reo ingresa en la c¨¢rcel, el centro tiene dos meses para fijar su ¡°clasificaci¨®n¡± inicial: primer grado -reservado para los m¨¢s peligrosos o los que no se adaptan-; segundo grado -u ordinario, aplicado a la mayor¨ªa de internos- y tercer grado, que es el m¨¢s favorable y permite acudir solo a dormir. En el caso del exdiputado, adem¨¢s, su pernoctaci¨®n en un centro abierto -ya no en Brians 2- ser¨¢ solo de lunes a viernes. Durante el d¨ªa trabajar¨¢ y participar¨¢ en actividades formativas, pero a¨²n bajo la tutela y los controles de la administraci¨®n.

Tras el aval de la Secretar¨ªa de Medidas Penales, Reinserci¨®n y Atenci¨®n a la V¨ªctima (Justicia), el jueves la junta de tratamiento hizo efectiva la decisi¨®n. Oriol Pujol abandon¨® Brians 2 el viernes a las 8.15. La Generalitat defiende la decisi¨®n y recuerda que, en Catalu?a, uno de cada tres condenados comienza a cumplir la pena en tercer grado (799 de 2.635 en 2018). Los factores que se tienen en cuenta son la longitud de la pena, el riesgo de reincidencia, las caracter¨ªsticas personales y sociales del penado, si es su primer ingreso en un centro, el apoyo familiar con el que cuenta, si tiene trabajo, la conducta dentro de la c¨¢rcel y su participaci¨®n con el programa individual de tratamiento.

La Fiscal¨ªa analizar¨¢ la documentaci¨®n que avala la salida del ex n¨²mero dos de Converg¨¨ncia. Dispone de un mes para presentar recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria. Fuentes cercanas al caso dan por hecho que lo har¨¢, pero admiten que topa con algunas dificultades para que prospere. Sobre todo porque, en los casos en los que la condena es inferior a cinco a?os, los recursos no paralizan la decisi¨®n de la Generalitat. Pero hay otros problemas. ¡°Antes, en casos de corrupci¨®n, Prisiones clasificaba al reo en apenas dos o tres d¨ªas. Es un tiempo insuficiente para decidir si alguien cumple los requisitos del tercer grado. Y los jueces nos daban la raz¨®n¡±. Pero ahora, los responsables penitenciarios, a?aden esas fuentes, ¡°han aprendido la lecci¨®n¡±. Y dejan pasar casi el tiempo m¨¢ximo previsto por la ley para clasificar a un reo (dos meses) antes de tomar una decisi¨®n. En el caso de Oriol Pujol, la junta de tratamiento le clasific¨® a los 57 d¨ªas de su ingreso.

El da?o a la sociedad

Fuentes de la Fiscal¨ªa ven en esa maniobra una ¡°argucia¡± y razonan que, si quieren frenar el tercer grado, deber¨¢n acudir a ¡°otros argumentos¡± y examinar el fondo del asunto. Esas fuentes recuerdan que el Tribunal Constitucional desaconseja el tercer grado si no se han cumplido todos los objetivos de la pena: la rehabilitaci¨®n, la prevenci¨®n especial (evitar que el individuo se ¡°corrija¡± y no vuelva a delinquir) y la llamada prevenci¨®n general, que alude a los efectos disuasorios sobre la sociedad. Los fiscales creen que el caso puede generar alarma social precisamente por el escaso castigo al pol¨ªtico corrupto y creen que puede ser uno de los caminos del recurso.

Hay precedentes en Catalu?a. En enero de 2015, la Fiscal¨ªa pidi¨® revocar el tercer grado concedido a Josep Llu¨ªs N¨²?ez -condenado a dos a?os y dos meses de c¨¢rcel por sobornar a inspectores de Hacienda- despu¨¦s de pasar solamente 38 d¨ªas en la c¨¢rcel de Quatre Camins. El constructor y expresidente del Bar?a (ya fallecido) top¨® con la juez de vigilancia penitenciaria, que advirti¨® del ¡°reproche social y penal¡± de sus delitos y record¨® que el castigo debe ser de ¡°utilidad social¡± y de ¡°intimidaci¨®n del delincuente¡±.

La Generalitat tambi¨¦n socorri¨® con un r¨¢pido tercer grado a dos expresidentes de Ferrocarrils, Enric Roig y Antoni Herce, condenados a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por embolsarse 2,7 millones de euros de un fondo de pensiones ilegal. Tras 48 d¨ªas entre rejas, se les concedi¨® el r¨¦gimen de semilibertad. Pero la justicia lo tumb¨® tambi¨¦n, en el caso de Herce, por la ¡°escasa fracci¨®n de condena cumplida¡± y por la gravedad del delito. Como en el caso de N¨²?ez, los jueces consideraron que no hab¨ªa asumido del todo su responsabilidad en lo sucedido. La fiscal¨ªa argument¨® que el supuesto ¡°arrepentimiento¡± se deb¨ªa ¡°m¨¢s al temor al castigo que al rechazo de la actividad delictiva¡±.