La guerra entre accionistas de la promotora Mah¨ªa llega a juicio tras 10 a?os de investigaci¨®n
Una supuesta estafa millonaria pone contra las cuerdas a seis socios que afrontan hasta 12 a?os de prisi¨®n
La secci¨®n sexta de la Audiencia de A Coru?a intentar¨¢ juzgar por segunda vez este martes a Ram¨®n L¨®pez Casal, el que fuera administrador ¨²nico de una de las mayores promotoras gallegas del sector de la construcci¨®n, con sede en Santiago, Mah¨ªa Inmobiliaria, junto a otros cinco acusados y accionistas de la empresa. Todos ellos afrontan condenas de hasta 12 a?os de prisi¨®n y el pago de 10 millones de indemnizaci¨®n.
Tras una investigaci¨®n que se remonta a diez a?os atr¨¢s y que arranca con la fundaci¨®n de la sociedad en 1989, la fiscal¨ªa atribuye a los acusados delitos de administraci¨®n desleal, apropiaci¨®n indebida y delito societario por desviar al menos 10 millones de activos del negocio a otras firmas y perjudicar a un socio que les demand¨®, Manuel G¨®mez Maro?as, principal testigo de la acusaci¨®n.
El caso Mah¨ªa, que ha tenido ramificaciones en otras provincias, lleg¨® a los tribunales gallegos en octubre del pasado a?o pero fue suspendido por la renuncia de varios abogados. Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, L¨®pez Casal, el principal acusado, entr¨® en la empresa mediante la compra del 33% de las acciones, ocupando desde ese momento el cargo de administrador ¨²nico de la empresa.
A partir de 1995, L¨®pez Casal fue creando un grupo empresarial formado por m¨²ltiples sociedades compartidas en las que aparecen dos de sus hijos, Marcos y Pablo L¨®pez, Pilar Encarnaci¨®n Branco Illoso, Mar¨ªa Alicia Rodr¨ªguez Pi?eiro, e Ignacio Rodr¨ªguez Pel¨¢ez. Todos ellos se sentar¨¢n en el banquillo. Una vez en marcha las sociedades particulares en las que no ten¨ªa participaci¨®n G¨®mez Maro?as, el fiscal afirma que los acusados "desviaron del negocio de Mah¨ªa y de las empresas compartidas en las que s¨ª ten¨ªa participaci¨®n el querellante a otras firmas particulares, con objeto de perjudicarle econ¨®micamente¡±.
Incide la acusaci¨®n en el dato de que las cuentas de las sociedades compartidas no reflejaban la contabilidad o situaci¨®n real de las empresas. ¡°Tales irregularidades contables, impidieron a G¨®mez Maro?as conocer las operaciones econ¨®micas y el estado financiero de estas sociedades¡±, ya que los acusados le ocultaron informaci¨®n contable y mercantil relevante, en perjuicio del socio demandante, expone la fiscal¨ªa. As¨ª, el grupo inmobiliario recibi¨® pr¨¦stamos de las sociedades compartidas que no devengan ning¨²n tipo de inter¨¦s, lo que habr¨ªa ocasionado perjuicio al socio denunciante, toda vez que su participaci¨®n en las empresas compartidas se acercaba a los 126.000 euros.
La acusaci¨®n tambi¨¦n expone que entre mayo de 2002 y febrero de 2005 se produjeron transmisiones o transferencias de activos de la sociedad compartida Mah¨ªa Inmobiliaria, SL a favor de las sociedades particulares de los acusados, como solares y parcelas en la zona de Santiago por un precio que estar¨ªa por debajo del valor del mercado.
El fiscal concluye que estos desv¨ªos de fondos son constitutivos de delitos continuados, tanto de administraci¨®n desleal como de apropiaci¨®n indebida y delitos societarios. Para el que fuera due?o de Mah¨ªa pide penas de 12 a?os de c¨¢rcel y, para el resto de los acusados, nueve a?os y nueve meses de prisi¨®n, adem¨¢s del pago de multas e indemnizaciones millonarias.
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