La asesora de Pablo Iglesias se queda sin esca?o

La burocracia ha cerrado las puertas de la Asamblea de Madrid a Dina Bousselham (T¨¢nger, 1990). La responsable de Migraciones de Podemos en la Comunidad se present¨® a las primarias de su partido en mayo del a?o pasado y fue la s¨¦ptima m¨¢s votada. Los resultados le garantizaban un puesto de salida en la candidatura al parlamento regional en las elecciones del 26 de mayo. Sin embargo, su nombre no aparecer¨¢ en la papeleta porque no cuenta a¨²n con la nacionalidad espa?ola, requisito imprescindible para votar y para ser votada.

Otras 360.000 personas en todo el pa¨ªs sufren el mismo problema que Bousselham, seg¨²n datos del Ministerio de Justicia. No hay cifras sobre el n¨²mero de afectados en Madrid. "Decid¨ª participar en las primarias para visibilizar a la poblaci¨®n migrante, que tiene vulnerados sus derechos pol¨ªticos", dice la dirigente de Podemos. En su opini¨®n, la actual Ley de Extranjer¨ªa es "injusta, racista y colonial" porque "despoja a ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos del derecho a participar y decidir sobre los asuntos p¨²blicos que les afectan". El plazo m¨¢ximo de tramitaci¨®n para obtener la nacionalidad es de un a?o, pero el proceso suele demorarse durante tres o cuatro. Bousselham lleg¨® a Espa?a en 2008 para cursar la licenciatura de Ciencias Pol¨ªticas, aunque en Marruecos estudi¨® en centros espa?oles desde los 13 a?os.

Para conseguir la nacionalidad, los solicitantes deben demostrar sus conocimientos del pa¨ªs y su nivel del castellano. El precio de las tasas para hacer estos ex¨¢menes puede alcanzar los 300 euros, lo que supone otro obst¨¢culo. Una portavoz del Ministerio de Justicia admite el retraso en la resoluci¨®n de expedientes de nacionalidad por residencia, un ¨¢rea en la que trabajan 43 personas. "El gran incremento en las solicitudes y la reducida plantilla hicieron necesaria desde 2012 la firma de encomiendas de gesti¨®n entre el ministerio y el Colegio de Registradores", explica. La portavoz sostiene que "en los ¨²ltimos a?os" se han resuelto 922.450 expedientes y que, desde septiembre, se han puesto en marcha diferentes medidas para agilizar la tramitaci¨®n.

La dirigente de Podemos solicit¨® la nacionalidad hace un a?o, pero a¨²n no ha obtenido respuesta. Sin embargo, no todos los que est¨¢n en su situaci¨®n se quedar¨¢n sin participar en las elecciones. Aquellos que pertenecen a pa¨ªses con los que Espa?a ha firmado acuerdos de reciprocidad podr¨¢n ejercer tanto el derecho activo como el pasivo en las municipales. Marruecos, pa¨ªs de origen de Bousselham, no est¨¢ en la lista. Otra marroqu¨ª, la activista Safia Elaaddam, nacida en Tarragona hace 23 a?os, lleva cinco tratando de obtener la nacionalidad sin ¨¦xito. Esa situaci¨®n de "injusticia" le llev¨® a crear en redes sociales la campa?a #C¨¦denostuvoto, que durante las pasadas elecciones generales conect¨® a migrantes con espa?oles dispuestos a cederlo.

"Esa acci¨®n supone un parche, pero es la ¨²nica forma de luchar contra la burocracia y el racismo institucional", afirma Elaaddam. Bousselham pudo votar gracias a la intermediaci¨®n de Beatriz Lorenzo, una chilena con nacionalidad espa?ola a la que no conoce. "Soy hija de exiliados espa?oles. Ejerzo mi derecho a voto en Chile porque nacer en este pa¨ªs es suficiente para ser nacional con plenos derechos. Decid¨ª ceder mi voto porque, a pesar de que votar es un derecho, es un bien escaso. Me parece pertinente compartirlo con alguien a quien se le escatima", insiste. La campa?a para ceder el voto estar¨¢ de nuevo activa cuando se actualice la web.

"Votar es uno de los derechos fundamentales. Existe desafecci¨®n pol¨ªtica entre los inmigrantes porque no tenemos la posibilidad real de participar", subraya Bousselham. E insiste: "Parece que nuestros derechos son secundarios, cuando somos un colectivo que podr¨ªa declinar la balanza". Para solventarlo, la dirigente de Podemos propone que el derecho a voto est¨¦ sujeto al empadronamiento. "Trabajamos, pagamos impuestos y hacemos nuestra vida aqu¨ª, pero no podemos elegir qu¨¦ sociedad queremos", se queja Paula Guerra, una chilena de 43 a?os que preside la ONG SOS Racismo Madrid. Y subraya: "El Estado nos impide votar. Hay un racismo institucional porque no se trata por igual a todos los ciudadanos". Guerra solicita que se derogue la Ley de Extranjer¨ªa porque "es responsable de las opresiones que sufrimos los inmigrantes".