El independentismo, bajo reproche penal

Resulta m¨¢s que sorprendente que ERC advierta al Gobierno en funciones de que ¡°todo lo que conduzca a soluciones penales aleja el acuerdo¡±, se entiende que para prestarle apoyo para su investidura. El ¡°vicario¡± president y el vicepresident del Govern, Pere Aragon¨¨s, parecen no saber de qu¨¦ hablan. Pues nunca en nuestro Estado democr¨¢tico ha habido tantos dirigentes pol¨ªticos bajo la lupa de los tribunales penales. En otras ocasiones, exigen para entablar un di¨¢logo lo que llaman ¡°desjudicializar el conflicto¡±. Ciertamente, parecen vivir en una nube. Porque la justicia penal es paralela al desarrollo del proc¨¦s desde su inicio. Desde que Artur Mas y dos consejeras fueron condenados. La respuesta penal fue mucho m¨¢s contundente cuando se inco¨® la causa en el Tribunal Supremo que concluy¨® el pasado 14 de octubre con la sentencia condenatoria que ya conocemos. Pero dichos procesos penales fueron solo el inicio del caudal de los que actualmente est¨¢n en curso.

Solo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya est¨¢n en tr¨¢mite varios procedimientos penales. Contra el president Torra por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central, cuyo juicio oral est¨¢ se?alado para ma?ana. Contra Anna Sim¨®, Llu¨ªs Corominas, Ramona Barrufet, Llu¨ªs Guin¨®, Mireia Boya y Joan Josep Nuet por los delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional y de organizaci¨®n criminal. Contra Josep Maria Jov¨¦ y Josep Llu¨ªs Salvad¨® por los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, desobediencia al Tribunal Constitucional. Y el que se sigue contra Bernat Soler por desobediencia al mismo Tribunal. Se puede sumar, por ahora, el proceso del Juzgado de lo Penal n¨²mero 11 de Barcelona, contra Marc Marsal, Jordi Matas, T¨¤nia Verge, Marta Alsina y Josep Pag¨¦s por un delito de desobediencia y otro de usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas.

Quiz¨¢s el m¨¢s relevante de todos ellos es el que instruye el Juzgado de Instrucci¨®n n? 13 de Barcelona contra unos veinticinco dirigentes del proceso secesionista, entre los que se encuentran altos cargos de la Generalitat, actualmente procesados por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, desobediencia, falsedad documental, revelaci¨®n de secretos y prevaricaci¨®n. Y, por tanto, pendientes durante alg¨²n tiempo de la celebraci¨®n del juicio oral.

Y, siempre vinculados al proc¨¦s, destacar tambi¨¦n la investigaci¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n? 1 de un presunto fraude de subvenciones de la Diputaci¨®n de Barcelona que, seg¨²n ciertos medios, pudiera haber favorecido el desarrollo econ¨®mico del proc¨¦s y al propio Puigdemont.

Cuanto se ha descrito no incluye a¨²n los procesos penales ya incoados o pendientes de instruirse por las conductas directamente violentas producidas mediante la ocupaci¨®n de las v¨ªas de comunicaci¨®n, la inmovilizaci¨®n forzosa de viandantes, conductores, los da?os causados en las v¨ªas y mobiliario urbano, m¨¢s los perjuicios de las personas alcanzadas por dicha violencia. Conductas constitutivas, entre otros, de delitos de ¡°des¨®rdenes p¨²blicos¡±, en cuanto lesionan derechos fundamentales de las personas, como el de libre circulaci¨®n. As¨ª lo dec¨ªa el conductor de un cami¨®n: ¡°Esto es un secuestro, que nos dejen pasar¡±. O as¨ª lo sufr¨ªa una persona de avanzada edad por la quema de contenedores: ¡°¡­el piso se llen¨® de humo y el hedor de basura quemada¡±. Ante esta dram¨¢tica realidad, que no tiene ning¨²n signo de ceder, ?c¨®mo pueden pretender los dirigentes de la secesi¨®n de Catalunya, que el Estado renuncie o, peor, impida que el Poder Judicial, pieza esencial de cualquier democracia, cumpla con sus funciones constitucionales?