Los presos del ¡®proc¨¦s¡¯ aspiran a salidas flexibles de prisi¨®n antes de un tercer grado

Los pol¨ªticos independentistas condenados por el proc¨¦s son conscientes de que podr¨ªan empezar a pasar el d¨ªa fuera de sus celdas si la Generalitat les concede, de entrada, el tercer grado penitenciario (semilibertad). Prefieren, sin embargo, que los servicios penitenciarios del Govern sean prudentes. Por ejemplo, con una clasificaci¨®n inicial en segundo grado (r¨¦gimen ordinario) que vaya acompa?ada de salidas flexibles de prisi¨®n, algo que tambi¨¦n prev¨¦ la ley y que permitir¨ªa esquivar al Tribunal Supremo ante un eventual recurso de la Fiscal¨ªa.

Algunos de los pol¨ªticos que permanecen presos consideran que el contexto social y pol¨ªtico no invita a adoptar iniciativas que, a medio plazo, resulten contraproducentes para ellos. As¨ª lo precisan fuentes de su entorno y tambi¨¦n de su defensa, que abogan por que el Departamento de Justicia les clasifique en segundo grado, el m¨¢s habitual en Espa?a. Consideran esas mismas fuentes que puede ser mejor para sus intereses que el Govern apruebe las salidas flexibles que permite el art¨ªculo 100.2 del Reglamento Penitenciario y que, entre otras cosas, evitar¨ªa desembocar en el Tribunal Supremo ante un eventual recurso de la Fiscal¨ªa.

El lunes 14 de octubre, los nueve dirigentes que hasta entonces permanec¨ªan en prisi¨®n preventiva por el proc¨¦s fueron los primeros en tener en sus manos las 493 p¨¢ginas de la sentencia del Tribunal Supremo. Tres funcionarios judiciales salieron de Madrid, de madrugada, rumbo a las c¨¢rceles catalanas que albergan al exvicepresidente Oriol Junqueras y al resto de condenados por sedici¨®n y malversaci¨®n. La sentencia es firme desde entonces.

Las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d¡¯Enric ¡ª¨®rganos internos formados por profesionales penitenciarios¡ª disponen de un m¨¢ximo de dos meses para proponer una clasificaci¨®n para los presos de manera individualizada. Una de las opciones a su alcance es concederles alguno de los seis tipos de tercer grado o r¨¦gimen abierto que contempla la legislaci¨®n, que en su modalidad m¨¢s com¨²n permitir¨ªa a los condenados acudir ¨²nicamente a prisi¨®n a dormir de lunes a jueves y que ser¨ªa de aplicaci¨®n inmediata.

La opci¨®n del 100.2

Esa semilibertad, en caso de proponerse, debe ser avalada por el Departamento de Justicia y puede ser objeto de recurso. La Fiscal¨ªa General del Estado, que era partidaria de una condena por rebeli¨®n, ya ha dejado entrever su intenci¨®n de hacerlo. Puede acudir en primer lugar al juez de vigilancia penitenciaria y, si este no le da la raz¨®n, al tribunal que ha emitido la sentencia, o sea al Supremo. Ese es, precisamente, el escenario que la mayor¨ªa de defensas de los presos quiere evitar: un tercer grado que ser¨ªa visto como un trato de favor y que, m¨¢s temprano que tarde, podr¨ªa devolver a los presos a la casilla de salida.

Desde la notificaci¨®n de la sentencia se han sucedido conversaciones discretas entre los presos, sus abogados y expertos penitenciarios. Y, aunque la decisi¨®n final corresponde a los funcionarios de las juntas de tratamiento, ha emergido con fuerza una idea: una clasificaci¨®n inicial en segundo grado ¡ªel ordinario, en el que cumple la mayor¨ªa de presos en Espa?a¡ª acompa?ada, m¨¢s adelante, de salidas flexibles de la c¨¢rcel. Esto es posible gracias a un art¨ªculo del Reglamento Penitenciario, el 100.2, que introduce el ¡°principio de flexibilidad¡± en el cumplimiento de la pena y que permite a los reclusos a los que se les aplique disfrutar de algunos de los beneficios penitenciarios del r¨¦gimen abierto.

En el segundo grado, como en cualquier otro, los pol¨ªticos deber¨¢n esperar a haber cumplido un cuarto de condena para solicitar permisos de salida. Pero tienen una alternativa para pasar el d¨ªa fuera de la c¨¢rcel. Las juntas de tratamiento pueden proponer la aplicaci¨®n del 100.2, que permite, por ejemplo, salidas diarias de prisi¨®n para trabajar o realizar actividades. Su aplicaci¨®n tambi¨¦n es inmediata y, aunque la Fiscal¨ªa tambi¨¦n puede recurrir esa medida, el camino de esos recursos es m¨¢s corto y acaba en Catalu?a. Al tratarse de una medida de r¨¦gimen de vida de las prisiones, quien tiene la ¨²ltima palabra ya no es el Supremo sino las tres audiencias provinciales donde se encuentran las c¨¢rceles en las que est¨¢n recluidos, seg¨²n coinciden en se?alar las fuentes consultadas. Las defensas admiten que se est¨¢ a¨²n en fase de ¡°reflexi¨®n¡± sobre qu¨¦ opciones son m¨¢s convenientes. Aunque subrayan las ventajas del sistema flexible del 100.2 ¡ªincluido en el Reglamento Penitenciario en 1996¡ª, que permitir¨ªa esquivar al Supremo.

En lo que hay consenso es en que deben evitarse las prisas. ¡°La urgencia en este caso no es buena. Despu¨¦s de todo lo que han pasado, ya no viene de unas semanas o unos meses¡±, explican fuentes cercanas a los presos. La consejera de Justicia, Ester Capella, lleg¨® a decir en una entrevista, el d¨ªa en que se hizo p¨²blica la sentencia, que la prisi¨®n debe servir para ¡°preparar a la gente para la vida en libertad¡±, aunque remarc¨® que la decisi¨®n est¨¢ en manos de los t¨¦cnicos. Desde entonces, Capella y el resto de actores implicados guardan un discreto silencio.