Ser pobre, profesi¨®n de riesgo

David Zurdo naci¨® hace 38 a?os en Sabadell. All¨ª ha vivido toda su vida. La crisis acab¨® con su empleo. Fue desahuciado hace dos a?os. Ten¨ªa que elegir entre comer o pagar el piso. Entreg¨® las llaves de su vivienda al banco y se fue a vivir realquilado. Percib¨ªa una prestaci¨®n de 604 euros al mes de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC). Sin aviso alguno, la Generalitat se la suspendi¨® el 1 de noviembre de 2018, afirma. Se qued¨® sin ingresos y sin habitaci¨®n. Por suerte, no ten¨ªa personas a su cargo. ¡°He dormido algunas noches en bancos. He ido a buscar chatarra para vender, he echado una mano cuando me han ofrecido 20 euros... He hecho todo lo que he podido y me ha salido¡±, explica David, un hombre moldeado por la precariedad. A lo largo de su vida ha sido desde camarero hasta pe¨®n de obra. ¡°No tengo nada y no quiero ayudas, quiero un empleo aunque sea de 12 horas diarias y mil euros al mes¡±, a?ade. El 6 de noviembre pasado la Generalitat acept¨® a tr¨¢mite su reclamaci¨®n para volver a cobrar la RGC. ¡°Gracias a la generosidad de un amigo, hace cuatro meses he conseguido empadronarme¡±, concluye. Aunque el fallo sea favorable no ver¨¢ ni un euro hasta entrado el a?o que viene.

David es v¨ªctima de un sistema perverso que sobre el papel ayuda al d¨¦bil, pero en realidad se blinda tanto que acaba excluyendo a miles de potenciales beneficiarios. Este ciudadano de Sabadell se qued¨® sin la prestaci¨®n de la RGC porque la Generalitat estim¨® que hab¨ªa dejado de residir en Catalu?a, pues al echarle del piso carec¨ªa de padr¨®n. De nada le sirvi¨® aportar diversos recibos que acreditaban que siempre hab¨ªa vivido en esa cocapital de Vall¨¨s Occidental, ni las reiteradas comparecencias ante el Servei Catal¨¤ d'Ocupaci¨® (SOC), donde nunca dej¨® de sellar, ni el recibo de una empresa de una casa de empe?os.

En esta comunidad se peca mucho m¨¢s por defecto que por exceso con respecto al pobre

Si ser obrero hace a?os no era ninguna ganga, ser pobre sist¨¦mico se ha convertido en una profesi¨®n de riesgo. Incluso en esta Catalu?a que se dirige al para¨ªso social ¡ªseg¨²n algunos independentistas¡ª un ciudadano que cumpla las condiciones para percibir la RGC puede dejar de hacerlo por vivir realquilado tras ser desahuciado. La sospecha de que tras esta pesadilla burocr¨¢tica se esconde el recorte social cobra todo el sentido cuando la S¨ªndica de Greuges de Sabadell es capaz de detectar que solo el 4,5% de las personas sin hogar de su ciudad son beneficiarias de la RGC. Quiz¨¢s las cosas no han cambiado tanto respecto a cuando era consejero Francesc Xavier Mena, all¨¢ por 2011. En aquel a?o ya se procedi¨® a recortar las ayudas del equivalente de entonces de la RGC ¡ªla Renta M¨ªnima se Inserci¨®n (RMI)¡ª porque, seg¨²n el relato oficial, muchos magreb¨ªes la cobraban y se iban a su pa¨ªs a vivir como sultanes. El recorte de la prestaci¨®n a musulmanes, cristianos, jud¨ªos y gentiles supuso unos 50 millones de euros y fue presentado como fruto de una gesti¨®n eficaz de ahorro, un aut¨¦ntico trofeo de caza de los campeones de la austeridad. Todo hac¨ªa pensar que pasados los a?os y con la presencia de Esquerra en el Departamento de Trabajo de la Generalitat las cosas iban a ser distintas. Y lo fueron. Mientras Dolors Bassa ¡ªactualmente encarcelada¡ª estuvo al frente de la cartera aflor¨® una sensibilidad ahora tristemente marchita.

El Departamento de Trabajo ha enviado instrucciones al n¨²cleo que decide la concesi¨®n de la prestaci¨®n. A pesar de la Ley de Transparencia, la Generalitat se niega a facilitar a los impulsores de la RGC esta documentaci¨®n. Los promotores creen que estos criterios act¨²an en un sentido restrictivo, con la intenci¨®n de extinguir o limitar una prestaci¨®n que se convirti¨® en ley gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aprobada sin votos en contra en el Parlament. Sea como fuere, en Catalu?a se peca mucho m¨¢s por defecto que por exceso con respecto al pobre. El Gobierno del Pa¨ªs Vasco ¡ªcon una tasa de riesgo de pobreza del 12,1% sobre 2,7 millones de habitantes¡ª gasta anualmente 500 millones de euros en practicar la cohesi¨®n social a trav¨¦s de su Renta de Garant¨ªa de Ingresos. El Govern, por el contrario, emplea en ese mismo concepto alrededor de 250 millones. Con ellos debe paliar una tasa de riesgo pobreza, seg¨²n el ¨ªndice AROPE, del 24,7% sobre una poblaci¨®n de 7,5 millones.

Es vergonzoso dise?ar laberintos burocr¨¢ticos que buscan el desistimiento de un derecho, mientras con la otra mano se pinta un trampantojo capaz de hacer palidecer a la divina Acracia de Salvat-Papasseit. Esa es una de las especialidades de la casa.