Las presiones a la propietaria se?alada por Podemos por subir el alquiler llegan al juzgado

Irene Montero, n¨²mero dos de Unidas Podemos, mira a la c¨¢mara y, con rostro entre compungido e indignado, lanza un ruego: "Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan m¨¢s de 12 a?os viviendo con sus tres hijos". En el v¨ªdeo, que difundi¨® en Twitter el pasado mes de octubre, Montero exige a la mujer que rectifique y cancele la "subida abusiva" del alquiler (300 euros m¨¢s) que impuso a los inquilinos en agosto de 2018. Argerich, funcionaria en la Diputaci¨®n de Barcelona, responde a la diputada: dice que su intervenci¨®n es "lamentable" y denuncia que est¨¢ siendo v¨ªctima de "actuaciones de acoso y amenazas".

Cuando Montero se sum¨® a la campa?a para se?alar a Argerich, la mujer ya hab¨ªa presentado una denuncia penal que investiga una juez de Barcelona. La denuncia ha llevado este mi¨¦rcoles a declarar, como investigadas por un delito de coacciones, a cuatro personas: el matrimonio de inquilinos formado por Livia y Juan, el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, y un responsable de la Oficina de Vivienda Popular de Gr¨¤cia, el barrio donde todav¨ªa reside la familia, sobre la que pende una segunda orden de desahucio ¨Cla primera fue frustrada por la protesta de un centenar de personas¨C el pr¨®ximo 10 de diciembre.

La apertura de un proceso penal pone a prueba los l¨ªmites de lo que es tolerable y de lo que no lo es en las protestas por el derecho a la vivienda. Livia y Juan contactaron con el Sindicato de Inquilinos, que trata de mediar a favor de los inquilinos ante los propietarios que decretan incrementos en el precio del alquiler. Las subidas de la renta mensual son cada vez m¨¢s frecuentes en el mercado inmobiliario de ciudades como Barcelona. Por eso, por "querer abrir un proceso de negociaci¨®n", es por lo que han declarado ante la juez, seg¨²n lo interpreta Jaime Palomera a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

"Este tipo de denuncias buscan pararnos. Hay inter¨¦s en que dejemos de negociar para que no echen a la gente de sus casas. Pero seguiremos haci¨¦ndolo. Si el Gobierno no regula los precios del alquiler y no evita las expulsiones, la ciudadan¨ªa debe plantarse y abrir negociaciones", explica Palomera. Seg¨²n el portavoz, el caso de Livia y Juan ilustra a la perfecci¨®n c¨®mo el problema del alquiler no solo afecta a las personas m¨¢s vulnerables, sino que alcanza a las clases medias.

La pareja ¨C¨¦l trabaja como t¨¦cnico sociosanitario y ella trabaj¨® como teleoperadora¨C lleva 13 a?os viviendo en un piso en la Travessera de Gr¨¤cia de Barcelona. En todo este tiempo han pagado 1.000 euros de alquiler cada mes. En agosto de 2018 se les acab¨® el contrato. Argerich plante¨® una subida de 300 euros. Livia y Juan no lo aceptaron y, aunque la propietaria inici¨® un proceso para expulsarles, han seguido pagando y permanecen en la casa. "Nosotros fuimos a negociar con la inmobiliaria y a exigir que se sentaran a hablar ante la angustia de la familia", afirma Palomera, que presume de haber logrado firmar "m¨¢s de 1.000 contratos de alquiler a precio asequible y estable" en esas negociaciones. Palomera afirma que hay acuerdo en la mayor¨ªa de casos. Pero se?ala que una "minor¨ªa privilegiada", como Argerich, se resisten a hacerlo: "Han de entender que no pueden expulsar a la gente de su casa".

Campa?a de acoso

Para la propietaria no puede hablarse en ning¨²n caso de negociaci¨®n, sino de una campa?a de acoso y derribo en su contra que se ha prolongado durante un a?o y le ha provocado un severo estr¨¦s. Seg¨²n su denuncia, ha tenido que coger la baja del trabajo por ansiedad. La denuncia recoge diversos episodios de presi¨®n ocurridos en los ¨²ltimos meses: una protesta frente a la Diputaci¨®n de Barcelona, donde tiene su oficina; llamadas telef¨®nicas constantes para bloquear la centralita; lanzamiento de pasquines con sus datos personales e incluso la ocupaci¨®n, en dos ocasiones, de la inmobiliaria que gestionaba el piso. Argerich, adem¨¢s, ha visto c¨®mo su nombre se difund¨ªa p¨²blicamente en medios de comunicaci¨®n y v¨ªdeos como los de Irene Montero.

En su declaraci¨®n ante el juez, los investigados se han limitado a negar su participaci¨®n en esos hechos. La magistrada no duda de la realidad de esos sucesos, pero deber¨¢ determinar si los hasta ahora investigados son o no sus responsables. Livia y Juan s¨ª admitieron que participaron en los escraches en la inmobiliaria que gestionaba el piso. Uno de sus responsables ha declarado tambi¨¦n este mi¨¦rcoles, como testigo. Y ha afirmado que se vio obligado a enviar, contra su voluntad, un correo electr¨®nico en el que renunciaba a gestionar la vivienda al considerar abusivo el aumento del alquiler.

El caso de Argerich no parece de blanco o negro, sino que est¨¢ plagado de matices. Seg¨²n consta tambi¨¦n en la denuncia, el piso en el que han vivido tiene una superficie de 140 metros cuadrados y cinco habitaciones. La mujer asegura que, aunque inicialmente la renta se fij¨® en 1.100 euros, accedi¨® a rebajarla durante la crisis econ¨®mica a los 1.000 euros, lo que considera una "ganga". Por ese precio podr¨¢n encontrar f¨¢cilmente "otra vivienda digna", afirma en Twitter, donde ha estado muy activa en las ¨²ltimas semanas. El nuevo precio (1.300 euros) "est¨¢ por debajo del precio m¨¢ximo que se establece por el Ayuntamiento" de Barcelona. Seg¨²n fuentes de la defensa, la mujer es propietaria de cinco viviendas que tiene alquiladas.

"Yo no soy un banco ni tengo una empresa, soy un particular que tengo que trabajar", a?ade la mujer, que pide hacer "pol¨ªticas de vivienda con cara y ojos" en lugar de "quitarles las viviendas a quienes las tienen". La mujer pide que se ejecute el desahucio y denuncia que Livia y Juan est¨¢n "de okupas sin contrato" en su piso de Travessera de Gr¨¤cia. "Quiz¨¢s atacar a esta mujer es m¨¢s f¨¢cil que a los fondos buitre", asegura su abogado, Jordi Ballester, que cree que el sindicato ha "instrumentalizado" a los inquilinos. El letrado cree que las coacciones est¨¢n "acreditadas" y que el caso llegar¨¢ a juicio. "Est¨¢ muy bien querer negociar, pero si te ha dicho que no, has de respetar su decisi¨®n y su libertad individual".