La Generalitat mantiene al menos siete leyes sociales sin reglamento

Para aplicarse o entrar en vigor, una ley no necesita un reglamento per se. Sin embargo, la falta de claridad sobre las normas puede terminar interfiriendo en los derechos o deberes de los ciudadanos, en los servicios o ayudas a los que pueden optar. Al menos siete leyes de la Generalitat esperan a que los respectivos departamentos redacten los reglamentos que las desarrollan. En algunos casos, como en la normativa de Turismo, la regulaci¨®n del alquiler de habitaciones se arrastra desde 2016. En el de la renta garantizada, muy reivindicado por las entidades sociales, se espera que est¨¦ listo en 2020.

Las leyes que necesitan un reglamento espec¨ªfico siempre incluyen en sus disposiciones adicionales el plazo m¨¢ximo para aprobar dicho desarrollo normativo. En la mayor¨ªa de los casos, sin embargo, ese periodo no se cumple y termina dilat¨¢ndose en el tiempo. Varios departamentos del Govern aseguran que uno de los efectos de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, en 2017, fue la ralentizaci¨®n del proceso interno de aprobaci¨®n.

Renta de Ciudadan¨ªa. La que fuera la ley social estrella del Gobierno de Carles Puigdemont ¡ªsurgida de una Iniciativa de Legislaci¨®n Popular¡ª arrastra desde julio de 2017 la falta de reglamento. Este caso es especialmente delicado, pues el texto adicional debe establecer o aclarar situaciones personales que permitan acceder a la ayuda social.

Varias entidades sociales y la oposici¨®n han criticado lo que consideran una falta de diligencia por parte del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales para sacar adelante el texto. De hecho, el PSC present¨® en el Parlament una propuesta legislativa para modificar la ley y as¨ª poder incluir varios supuestos. La previsi¨®n de esta consejer¨ªa es aprobar el reglamento ¡°durante el primer trimestre de 2020¡±. Al texto a¨²n le queda pasar el visto bueno del Consejo de Trabajo, Econ¨®mico y Social de Catalu?a (CTESC) y despu¨¦s el de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora.

Universalizaci¨®n sanitaria. Esta ley, de junio de 2017, preve¨ªa un reglamento para fijar el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria p¨²blica para aquellas personas que no figuren en el Servicio Catal¨¢n de la Salud o el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, los criterios de arraigo que aplican a determinados colectivos o el baremo para que a una persona no se le cobre el copago farmac¨¦utico. El pasado junio, el Departamento de Salud anunci¨® que pon¨ªa en marcha la consulta p¨²blica previa a la elaboraci¨®n del proyecto de decreto. La consejer¨ªa no explic¨® cu¨¢ndo prev¨¦ la aprobaci¨®n final.

Econom¨ªa colaborativa. El Departamento de Empresa promovi¨®, en 2017, una nueva ley de comercio, servicios y ferias. El texto establece que algunas actividades necesitar¨¢n un reglamento espec¨ªfico, por ejemplo, la venta a trav¨¦s de paradas desmontables en mercados ambulantes ubicados en sitios de titularidad p¨²blica. Pero uno de los retos principales es la normativa sobre la denominada econom¨ªa colaborativa y el comercio electr¨®nico. Desde esa consejer¨ªa explican que de momento no se plantea ese desarrollo legal y se sigue el impacto de la tecnolog¨ªa en el sector a trav¨¦s de una comisi¨®n espec¨ªfica que decidir¨¢ despu¨¦s qu¨¦ hacer. De momento, se ha reunido en dos ocasiones.

Ley antihomofobia. El Parlament aprob¨® la ley en 2014. Las entidades que defienden los derechos del colectivo LGTBI, sin embargo, critican que el reglamento nunca se ha aprobado. El Departamento de Asuntos Sociales defiende que el r¨¦gimen sancionador est¨¢ cobijado por un decreto de 1993 y uno espec¨ªfico no llegar¨¢ hasta que se apruebe una ley m¨¢s general sobre igualdad de trato y no discriminaci¨®n, actualmente en tr¨¢mite en la C¨¢mara catalana.

Igualdad efectiva. Esta norma fue aprobada en 2015 y en su disposici¨®n adicional quinta se establece que en un t¨¦rmino de dos a?os se tienen que aprobar ¡°las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para aplicarla y desplegarla¡±. El PSC critica que esto no se ha hecho.

Transporte p¨²blico. La ley de financiaci¨®n del sistema de Transporte P¨²blico de Catalu?a vio la luz el 29 de julio de 2015. Al a?o siguiente, el departamento de Territorio y Sostenibilidad deb¨ªa presentar un reglamento que organizara, por ejemplo, la Mesa Social del Transporte P¨²blico en Catalu?a, un ¨®rgano participativo. La Generalitat lleg¨® a hacer la consulta p¨²blica previa en 2017, pero la intervenci¨®n del autogobierno ralentiz¨® la tramitaci¨®n.