Un grupo de reconocidos economistas de centroizquierda se manifiesta por no aprobar la propuesta de Constituci¨®n en Chile

Un grupo de 40 reconocidos economistas de centroizquierda entreg¨® ayer jueves su veredicto sobre la nueva propuesta de Constituci¨®n que ser¨¢ plebiscitada el pr¨®ximo 17 de diciembre en Chile. Su decisi¨®n es votar en contra del nuevo texto, el que plantean, ¡°impide que nos sintamos interpretados¡±. Sostienen que los acuerdos de la ...

Un grupo de 40 reconocidos economistas de centroizquierda entreg¨® ayer jueves su veredicto sobre la nueva propuesta de Constituci¨®n que ser¨¢ plebiscitada el pr¨®ximo 17 de diciembre en Chile. Su decisi¨®n es votar en contra del nuevo texto, el que plantean, ¡°impide que nos sintamos interpretados¡±. Sostienen que los acuerdos de la Comisi¨®n Experta, que redact¨® el anteproyecto de la Carta Fundamental, dieron pie ¡°a un texto que, con algunos ajustes, podr¨ªa haber convocado a la mayor¨ªa del pa¨ªs¡±. Pero que ¡°luego de las modificaciones efectuadas en el Consejo Constitucional, lideradas por una abrumadora mayor¨ªa de derecha¡±, ya no se sienten representados.

¡°Una eventual aprobaci¨®n del texto arriesga afectar la econom¨ªa mediante una mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional¡±, esgrimen como uno de sus argumentos.

Entre los firmantes hay varias figuras reconocidas de la disciplina, entre ellos tres exministros, Carlos Ominami, Nicol¨¢s Eyzaguirre y Eduardo Bitr¨¢n; un ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler; y otros destacados representantes de la academia, como la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Cat¨®lica, Andrea Repetto, los acad¨¦micos de la Facultad de Econom¨ªa de la Universidad de Chile, Eduardo Engel y Dante Contreras, Valentina Paredes, Patricio Meller, entre otros. Pero adem¨¢s la misiva incluye la firma de varios economistas representantes de la nueva generaci¨®n. Entre ellos est¨¢n, por ejemplo, la acad¨¦mica de la Universidad de Chile Paola Bord¨®n y el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ib¨¢?ez (UAI) Bernardo Lara. En 2022, ambos hicieron p¨²blica su opci¨®n por el Rechazo a la anterior propuesta constitucional, que fue desechada luego de que el 62% de los chilenos votara en contra en el plebiscito realizado el 4 de septiembre de ese a?o.

Est¨¢n tambi¨¦n los acad¨¦micos de la Universidad de Columbia, Crist¨®bal Otero, coautor del libro Impuestos justos para el Chile que viene y Dami¨¢n Vergara. Ambos, han colaborado activamente en el equipo econ¨®mico del gobierno de izquierdas de Gabriel Boric, en particular con el dise?o de la reforma tributaria que tuvo su primer traspi¨¦ en marzo de este a?o cuando la C¨¢mara de Diputados vot¨® en contra de la idea de legislar el proyecto de ley.

Una de las observaciones centrales de los economistas al nuevo texto ¡°es que la Constituci¨®n no debe decidir temas de pol¨ªtica p¨²blica¡±. ¡°Existen modalidades y preferencias que pueden evolucionar en el tiempo y que, por tanto, son materia de ley. Una cosa es definir instituciones econ¨®micas como la independencia del Banco Central o la protecci¨®n de la propiedad, sobre las que existe amplio acuerdo. Otra distinta es prohibir variantes de pol¨ªtica p¨²blica que son habituales en los pa¨ªses desarrollados¡±, plantean.

En ese sentido, explican que ¡°el caso m¨¢s claro de pol¨ªticas p¨²blicas que quedar¨ªan a nivel constitucional de aprobarse la propuesta, es el del financiamiento de derechos sociales. Esto porque dificultar¨ªa la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, cerrando la puerta a un modo eficaz de financiar la salud y la previsi¨®n que es utilizado en la mayor¨ªa de los pa¨ªses m¨¢s avanzados¡±. Asimismo, alertan que ¡°la obligaci¨®n de incluir aseguradores privados y p¨²blicos en la provisi¨®n de estos derechos sociales tampoco es materia constitucional en los pa¨ªses desarrollados. Sin la adecuada regulaci¨®n, la elecci¨®n individual en estos ¨¢mbitos entra?a el riesgo de dejar estos derechos al arbitrio del mercado, con los problemas que la ciudadan¨ªa conoce de una protecci¨®n que depende de los ingresos de los hogares¡±.

Otro de los puntos potencialmente conflictivos, se?alan, es que la propuesta constitucional contiene art¨ªculos que dificultan ¡°una pol¨ªtica tributaria efectiva y moderna¡±. Y citan como ejemplo la eliminaci¨®n de las contribuciones a la primera vivienda. ¡°Dicha norma es regresiva y populista, y aunque considera una transici¨®n, pone en riesgo una fuente significativa de recursos que se distribuyen desde las comunas m¨¢s ricas del pa¨ªs a los municipios m¨¢s pobres¡±. Para ilustrar esta realidad, explican que pr¨¢cticamente ninguna vivienda en Lota (una de las comunas m¨¢s pobres de la regi¨®n del Biob¨ªo) hoy no paga contribuciones, mientras que casi el 100% de las viviendas en Vitacura (considerada una de las comunas m¨¢s ricas de Chile) est¨¢ sujeta a su pago.

Ejemplifica tambi¨¦n con el art¨ªculo que establece como deducibles de impuestos ¡°los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia¡±, sin especificar de cu¨¢les gastos se trata. ¡°Estos son conceptos interpretables y dar¨¢n lugar a judicializaci¨®n e incertidumbre, y erosionar¨¢n significativamente la recaudaci¨®n tributaria que supuestamente debe financiar derechos sociales¡±, alertan.

Los economistas advierten adem¨¢s que el nuevo texto estable limitaciones al Estado para perseguir algunas conductas delictivas. Esto, ¡°al hacer inconstitucionales delitos cuya tipificaci¨®n se delega a normas reglamentarias, tal como ocurre en materia de delitos ambientales y aduaneros y el reforzamiento penal de la regulaci¨®n econ¨®mica¡±. M¨¢s grave -a?aden- es la propuesta (art¨ªculo 16.9.b) que somete a las sanciones administrativas al est¨¢ndar de determinaci¨®n que hoy se exige de los delitos penales. ¡°Esto dificulta, en primer lugar, asegurar la eficaz implementaci¨®n de la regulaci¨®n de diversos sectores econ¨®micos, como el mercado de valores, las prestaciones de salud, las materias tributarias y los servicios sanitarios¡±, se?alan.

La carta reconoce que ¡°las consideraciones anteriores no son exhaustivas y no incluyen otros ¨¢mbitos donde tambi¨¦n hay aspectos muy debatibles¡±. Pero, agrega categ¨®rica: ¡°Nos bastan para votar en contra de un texto que restringe las posibilidades de pol¨ªticas sociales efectivas, la estabilidad regulatoria y el potencial de crecimiento de nuestro pa¨ªs¡±.