El Estado social de derecho, la gran batalla por la Constituci¨®n chilena

La consagraci¨®n de un Estado social y democr¨¢tico de derecho en la Constituci¨®n chilena es una aspiraci¨®n hist¨®rica de la centroizquierda y la izquierda, que han tomado como bandera no solo reemplazar la Carta Magna vigente, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), sino tambi¨¦n cambiar el llamado Estado subsidiario, que da un papel clave a los privados en la provisi¨®n de derechos sociales, como por ejemplo, en la salud. Es un modelo que est¨¢ impl¨ªcto en la Constituci¨®n, y que sigue siendo una de las principales disputas ideol¨®gicas entre el oficialismo y las derechas. Hoy, de hecho, est¨¢ en el coraz¨®n del debate de la ¨²ltima fase del proceso constitucional.

Es una disputa tan larga que, ya en 2005, cuando reci¨¦n se discut¨ªan en la comisi¨®n de Constituci¨®n del Senado las principales reformas que se le hab¨ªan realizado a la Carta Magna chilena, durante el Gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), hubo un primer intento de cambiar la subsidiaridad por un Estado social. Pero se perdi¨® por tres votos contra dos: tres fueron de parlamentarios de la derecha y dos de la ex Concertaci¨®n, la coalici¨®n de centroizquierda que gobern¨® Chile entre 1990 y 2010.

Esta trayectoria es una de las varias razones por las que cuando Chile emprendi¨® este segundo proceso constitucional ¨Ctras el rechazo en un plebiscito en 2022 de un 62% de la ciudadan¨ªa a la propuesta de una convenci¨®n compuesta por una mayor¨ªa de izquierda radical¨C, que la centroizquierda presion¨® para que el Estado social fuera parte de las 12 bases o pilares que deb¨ªa contener el nuevo proceso. Y, en adelante, ser¨ªa el di¨¢logo entre las derechas y las izquierdas el que, supuestamente, acordar¨ªa darle contenido de consenso.

Este segundo proceso constitucional de Chile se compone por varias fases. Primero, una Comisi¨®n Experta de 24 integrantes, tanto de izquierdas como de derechas, elabor¨® un anteproyecto moderado y consenso. Sobre esa base, el Consejo Constitucional, el ¨®rgano electo de 50 delegados donde el Partido Republicano, de la derecha radical, tiene el control con 22 cupos; la derecha tradicional 11 y el oficialismo del presidente frenteamplista, Gabriel Boric, 17, le hizo varias enmiendas. Ahora, ese borrador ha sido devuelto a los expertos para que le hagan observaciones y el Estado social est¨¢ en el centro de la discusi¨®n.

En el texto acordado por la Comisi¨®n Experta dejaba que la ley ¡ªa partir de la cl¨¢usula de Estado social¡ª definiera los alcances de los modelos. Este punto se conciliaba con un papel del Estado porque explicitaba, en el art¨ªculo 1, que Chile se organiza como un Estado social. La propuesta del Consejo Constitucional, en cambio, define c¨®mo tiene que ser el modelo legal. Reci¨¦n en el art¨ªculo 2 indica que el Estado de Chile es social y democr¨¢tico.

Para quienes lo respaldan, el Estado subsdiario es entendido como un principio de orden de social, en el sentido de que los primeros en satisfacer los derechos sociales son los privados, mientras que el Estado se hace cargo solo cuando las personas no pueden acceder a las provisiones particulares. Por ejemplo, Chile tiene un sistema mixto de salud en el que los trabajadores cotizan en forma obligatoria el 7% mensual de sus sueldos. Las isapres, privadas, albergan al 17% de la poblaci¨®n con mayores ingresos, mientras que el 81% se atiende en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Para los afiliados a las isapres, la calidad de la cobertura est¨¢ directamente ligada al precio de los planes, por lo que hay un peque?o grupo que paga hasta un 11% por una mejor atenci¨®n. Asimismo, las pensiones son admininistradas, desde 1981, por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), tambi¨¦n privadas.

En la Constituci¨®n actual ni las ispares ni las AFP aparecen mencionadas. Pero, en la norma que se refiere al derecho y protecci¨®n de la salud, se se?ala en uno de sus incisos que ¡°cada persona tendr¨¢ el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea ¨¦ste estatal o privado¡±. Precisamente, en esa esta ¨²ltima frase est¨¢ tambi¨¦n el coraz¨®n del debate, pues seg¨²n la centroizquierda la realidad chilena muestra que si una mayor¨ªa cotiza en Fonasa, son muy pocos los que pueden, finalmente, tener la posibilidad de elegir.

La Comisi¨®n Experta present¨® una propuesta en la que dio una importancia crucial al Estado Social y democr¨¢tico de derecho. No solo lo puso en el primer art¨ªculo del anteproyecto, sino que dej¨® en manos del Congreso, del debate legislativo, su arquitectura. ¡°Chile se organiza en un Estado social y democr¨¢tico de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeci¨®n al principio de responsabilidad fiscal y a trav¨¦s de instituciones estatales y privadas¡±, dice la norma. En el derecho a la salud si bien conserv¨® la existencia de sistema de instituciones estatales o privadas, no consagr¨® la libertad de elecci¨®n.

Pero el Consejo Constitucional, con los votos de las derechas, hizo modificaciones que, para la centroizquierda, son de fondo. Adem¨¢s de cambiar el Estado Social al art¨ªculo 2, sac¨® el verbo organiza: ¡°El Estado de Chile es social y democr¨¢tico de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeci¨®n al principio de responsabilidad fiscal y a trav¨¦s de instituciones estatales y privadas¡±. Adem¨¢s, tal como la Constituci¨®n vigente, volvi¨® a consagrar que ¡°cada persona tendr¨¢ el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea ¨¦ste estatal o privado¡±. Para Flavio Quezada, abogado socialista que integra la Comisi¨®n Experta, esta norma ¡°es la negaci¨®n del Estado social como solidaridad institucionalizada¡±.

Seg¨²n la abogada de la misma comisi¨®n Alejandra Krauss, de centroizquierda, militante de la Democracia Cristiana, en la propuesta del consejo ¡°el art¨ªculo primero recoge la visi¨®n fundamental de un sector de la sociedad en esta tr¨ªada: persona, familia y los grupos intermedios. El Estado social cae incluso bajo la norma sobre la que, con la Constituci¨®n vigente, se ha desarrollado a mi juicio la mala interpretaci¨®n del principio de subsidiaridad y que hoy permite que el Estado solo entre a aquellos lugares en que el privado no est¨¢ dispuesto¡±.

Es en una enmienda en el derecho a la seguridad social, que impuls¨® el Partido Republicano y que fue visada por las derechas en el Consejo Constitucional, en la que la centroizquierda ha manifestado duras cr¨ªticas, pues consagr¨® en la Constituci¨®n la propiedad de las cotizaciones previsionales ¡°y los ahorros generados por ¨¦stas¡±. Adem¨¢s, cada persona ¡°tendr¨¢ el derecho a elegir libremente la instituci¨®n, estatal o privada, que los administre e invierta. En ning¨²n caso podr¨¢n ser expropiados o apropiados por el Estado a trav¨¦s de mecanismo alguno¡±. Es una norma que no existe en la Carta Magna actual.

La aprobaci¨®n tanto la libertad de elecci¨®n en el sistema de salud como de la propiedad de los fondos de pensiones ha sido definida por el consejero del Partido Comunista, Fernando Viveros, como ¡°el ata¨²d del Estado social y democr¨¢tico de derecho, como lo tienen pa¨ªses desarrollados o con una visi¨®n social como muchos y muchas chilenas y chilenos anhel¨¢bamos. La derecha ha terminado por convertir, la salud, la educaci¨®n y las pensiones en una mercanc¨ªa con las cuales se lucran y pasan a ser un producto del mercado¡±. Al contrario, Luis Silva, de republicanos, cuando el 21 de septiembre se visaron ambas, adem¨¢s del derecho preferente de los padres a elegir la educaci¨®n de sus hijos, dijo a Emol: ¡°Se nos ha acusado anteriormente de estar limitando derechos. La votaci¨®n de hoy prueba justo lo contrario, a quienes estamos limitando es al Estado para asegurarle a la persona espacios donde pueda desplegar en este caso su proyecto educativo¡± y ¡°el poder acceder a los mejores servicios posibles en seguridad social y salud¡±.

El 7 de octubre, la Comisi¨®n Experta recibir¨¢ la propuesta, armonizada y mejorada en redacci¨®n, de parte del Consejo Constitucional para comenzar a hacer sus observaciones. Pero, ante las divergencias de ambos textos, ya han comenzado las conversaciones para intentar lograr algunos acuerdos.

Este segundo proceso constitucional ha sido muy complejo. La mayor¨ªa de las encuestas de opinini¨®n p¨²blica reflejan que m¨¢s del 50% de los chilenos piensa votar en contra de un texto que a¨²n no conoce. Ante ese escenario, los partidos pol¨ªticos trabajan contra el tiempo para evitar un nuevo fiasco, como el de septiembre de 2022.

Adem¨¢s de la pugna por la conformaci¨®n del Estado Social, hay al menos otras cuatro normas que podr¨ªan ser, eventualmente modificadas, de prosperar el di¨¢logo. Entre ellas, la que impuls¨® el Partido Republicano, y que se aprob¨® por el Consejo con el voto en contra del oficialismo, que cambi¨® la frase de la Constituci¨®n actual, ¡°la ley protege la vida del que est¨¢ por nacer¡±, por ¡°la ley protege la vida de quien est¨¢ por nacer¡±. Para las izquierdas, la modificaci¨®n del que por el quien afectar¨¢ la aplicaci¨®n de la ley aborto tres causales que rige desde 2017 en Chile. Las derechas podr¨ªan, eventualmente, eliminar el quien y aceptar volver al que, pero nunca aceptar la frase que propuso la Comisi¨®n Experta, que solo se refer¨ªa a ¡°el derecho a la vida¡±.