100 millones de d¨®lares y un kil¨®metro de ciudad
Es necesario una institucionalidad que promueva la planificaci¨®n y el desarrollo urbano integrado. Sin embargo, nuestro Estado no cuenta con los incentivos o instrumentos para promoverlo
En octubre de 2024 ser¨¢n las elecciones de autoridades locales y regionales, y en su ¨²ltima Cuenta P¨²blica al pa¨ªs, el presidente Gabriel Boric puso un importante acento en la inversi¨®n en infraestructura de transporte que no debe pasar desapercibido para nuestras ciudades, sobre todo por la oportunidad q...
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En octubre de 2024 ser¨¢n las elecciones de autoridades locales y regionales, y en su ¨²ltima Cuenta P¨²blica al pa¨ªs, el presidente Gabriel Boric puso un importante acento en la inversi¨®n en infraestructura de transporte que no debe pasar desapercibido para nuestras ciudades, sobre todo por la oportunidad que reviste. Hablamos de cerca de 20.000 millones de d¨®lares en distintos proyectos asociados a la conectividad y movilidad en nuestras urbes a ejecutar o iniciar durante esta d¨¦cada. Si sabemos aprovechar esta inversi¨®n correctamente, puede transformarse en un verdadero impulso revitalizador para proyectar nuestras ciudades, tan golpeadas durante los ¨²ltimos a?os.
Para hacernos una idea, 100 millones de d¨®lares es la inversi¨®n necesaria por cada kil¨®metro de extensi¨®n del Metro de Santiago. Antes del 2030 se espera generar la construcci¨®n de m¨¢s de 70 nuevos kil¨®metros asociados a las l¨ªneas 6, 7, 8 y 9 de la red de transporte metropolitano. Esta inversi¨®n, financiada por todos los chilenos, generar¨¢ beneficios como menores tiempos de traslado, descongesti¨®n y mejor acceso a servicios sociales y fuentes laborales entre otros impactos directos dando cuenta de la rentabilidad econ¨®mica y social asociada. En total, los m¨¢s de 7.000 millones de d¨®lares para las nuevas l¨ªneas ver¨¢n su r¨¦dito en una mejora sustantiva de la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo para la poblaci¨®n de comunas de la capital hist¨®ricamente postergadas como La Pintana, Renca, Puente Alto y La Granja, entre otras.
Adem¨¢s de las extensiones del Metro, otras importantes obras han sido anunciadas para el resto del pa¨ªs. Telef¨¦ricos, nuevas autopistas, tranv¨ªas y trenes dinamizar¨¢n la movilidad en regiones como Tarapac¨¢, Coquimbo, Valpara¨ªso o Los Lagos. En conjunto, estas obras implicar¨¢n una inversi¨®n cercana a los 12 mil millones de d¨®lares en los pr¨®ximos 10 a?os.
Qu¨¦ duda cabe que estos proyectos son buenas noticias. Sin embargo, frente a estos anuncios cabe hacerse algunas preguntas para maximizar el bienestar del pa¨ªs. Especialmente, cuando esta inversi¨®n tiende a aumentar significativamente el valor del suelo del entorno, beneficiando a sus respectivos propietarios.
?Est¨¢ dialogando esta inversi¨®n con los m¨¢s de 12 mil millones de d¨®lares destinados a la construcci¨®n de 260.000 viviendas de inter¨¦s p¨²blico? ?Est¨¢n siendo actualizados los instrumentos de planificaci¨®n urbana en funci¨®n de esta nueva infraestructura buscando que la mayor cantidad de familias sean beneficiadas? ?Est¨¢n las concesiones sanitarias proyectando nuevas zonas de extensi¨®n debido a los polos urban¨ªsticos que se crear¨¢n? ?Est¨¢ el Estado adquiriendo estrat¨¦gicamente suelo en torno a estas inversiones de infraestructura para destinarlo a obras educacionales, de salud, de seguridad, productivas o residenciales con alto impacto social en las pr¨®ximas d¨¦cadas?
Probablemente, la respuesta a estas preguntas sea que no existe una coordinaci¨®n intersectorial efectiva que permita que las grandes inversiones territoriales generen un impacto estrat¨¦gico. Para ello ser¨ªa necesario una institucionalidad que promueva la planificaci¨®n y el desarrollo urbano integrado. Sin embargo, nuestro Estado no cuenta con los incentivos o instrumentos para promoverlo. Tres barreras institucionales lo impiden.
En primer lugar, la barrera sectorial. Cada ministerio est¨¢ dise?ado para cumplir sus metas, no para coordinarse con otras carteras. Los esfuerzos supraministeriales han tenido escasa eficacia en la din¨¢mica de funcionamiento de nuestro Estado central. Eso explica que se construyan masivos conjuntos de vivienda en comunas y la inversi¨®n educacional o sanitaria que debe acompa?ar esa inversi¨®n habitacional con escuelas o centros de salud terminan espacios pintados en un mapa durante d¨¦cadas antes de poner una piedra.
En segundo lugar, la barrera temporal. Las autoridades electas cada cuatro a?os tienen incentivos pol¨ªticos para priorizar proyectos de corto plazo por sobre estrategias cuyos resultados se ver¨¢n en d¨¦cadas. As¨ª, son excepcionales las pol¨ªticas p¨²blicas que logran contar con una continuidad y una proyecci¨®n de largo plazo (el Metro de Santiago es un lindo ejemplo).
Por ¨²ltimo, la barrera territorial. La dimensi¨®n territorial es la dimensi¨®n que permite de mejor manera gestionar las inversiones de infraestructura de manera integrada. Sin embargo, las autoridades comunales en muchos casos no alcanzan a tener una mirada de la ciudad en su conjunto, especialmente en las conurbaciones que congregan mayor cantidad de poblaci¨®n (Gran Santiago, Gran Valpara¨ªso, Gran Concepci¨®n). Y en aquellas decisiones que tienen un impacto en la ciudad, como los planes reguladores comunales, l¨®gicamente son adoptadas habl¨¢ndole a sus electores ¨Cciudadanos de su comuna¨C no necesariamente a los habitantes de su metr¨®polis. Los gobiernos regionales, por su parte, podr¨ªan tener una mirada metropolitana, pero hoy se encuentran carentes de potestades e instrumentos para accionar con esta orientaci¨®n.
En tiempos de elecciones de autoridades locales y regionales tiene sentido preguntarnos qui¨¦n debe pensar y gestionar la inversi¨®n que implica una escala de ciudad y el c¨®mo debemos hacerlo. Se trata de que estos 100 millones de d¨®lares por kil¨®metro se alejen lo m¨¢s posible de ser un gasto ineficaz y sea inversi¨®n cuya rentabilidad se maximice cuando va acompa?ada de un proyecto de ciudad. Para esto, la labor de la autoridad con poder para coordinar las distintas inversiones buscando el mayor impacto en funci¨®n del bienestar social, es esencial. Si de ciudades equitativas e inversi¨®n inteligente se trata, la planificaci¨®n integrada es la pieza que nos falta para aprovechar la inversi¨®n que se est¨¢ realizando y la proyecte hacia el futuro, y un rol pol¨ªtico que gestione, supervise y vele por este tipo de desarrollo es una condici¨®n para su existencia. Pareciera que los Gobiernos Regionales corren con ventaja para ser los llamados a cumplir en el tiempo esta funci¨®n.
Impulsar la idea de una ciudad justa y compartida, la idea de barrios que no sean un designio que predetermina el destino de los ciudadanos, y la idea de que una casa no es una casa, sino la puerta a un sinf¨ªn de oportunidades que brindan las ciudades, est¨¢n directamente vinculadas con la existencia de una planificaci¨®n integrada y el desarrollo urbano que de ah¨ª se deriva.
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