Delincuencia, municipalidades y recursos

Chile vive tiempos especiales, y no precisamente por razones positivas. Estamos enfrentando una crisis de seguridad, marcada por un incremento significativo en cr¨ªmenes violentos. En efecto, los homicidios han aumentado un 36% desde el primer semestre de 2018, y la mayor¨ªa de estos cr¨ªmenes ocurren en la v¨ªa p¨²blica (65,3% en 2023). Naturalmente, esto ha generado una fuerte demanda ciudadana por mayor seguridad. En respuesta, la clase pol¨ªtica, sin contar con el apoyo ciudadano ni ideas claras sobre c¨®mo mejorar la situaci¨®n, se ha abocado a declaraciones vac¨ªas (¡°no se ha hecho nada¡±) y a acusaciones constitucionales que tienen un ¨¢nimo m¨¢s bien efectista y electoral. Adem¨¢s, las mejoras en seguridad requerir¨¢n inevitablemente mayores recursos, un asunto estancado en el fragmentado Congreso Nacional. Ante este escenario, esta columna propone abrir la puerta a la descentralizaci¨®n de las finanzas p¨²blicas: permitir que las municipalidades propongan, mediante mecanismo de participaci¨®n ciudadana, un impuesto a las propiedades inmobiliarias destinado a financiar la seguridad local.

La posibilidad de recaudar fondos a nivel local presenta varias ventajas. En primer lugar, Chile es una anomal¨ªa dentro de la OCDE por la alta centralizaci¨®n de la recaudaci¨®n. En 2021, Chile recaud¨® mediante impuestos municipales solo el 2,5% del PIB, cifra que palidece frente al 8,4% promedio de la OCDE. Esto implica que los problemas locales dependen de una planificaci¨®n financiera centralizada. En este sentido, nuestra propuesta permite que las autoridades locales, con el acuerdo de los vecinos, generen recursos descentralizadamente, sin tener que pasar por el Gobierno Central y el Congreso. Adem¨¢s, los municipios dif¨ªcilmente podr¨ªan imponer tasas desorbitadas, ya que estas ser¨ªan sometidas a mecanismo participativo como el plebiscito comunal, est¨¢n sujetas a la competencia entre comunas y es posible fijar una tasa m¨¢xima.

En segundo lugar, los recursos generados a nivel local permiten la provisi¨®n de un bien p¨²blico local, como la seguridad, de forma m¨¢s eficiente que la provisi¨®n privada. Un faro o un guardia de seguridad benefician a todos a su alrededor, no solo a quien lo contrata. Por tanto, resulta m¨¢s eficiente contratar seguridad para el barrio que un guardia para cada condominio o edificio. Dicho de otra forma, muchas comunidades recurren a los gastos comunes para financiar mayor seguridad, pero lo propuesto abre la posibilidad de tener ¡°gastos comunes¡± a un nivel m¨¢s adecuado: el municipal. Dada la preocupaci¨®n actual por la seguridad, podr¨ªa incluso darse el caso de que un nuevo impuesto destinado a la seguridad aumente el valor de las propiedades, cuyo precio absorber¨ªa los beneficios de la medida.

En tercer lugar, la descentralizaci¨®n acerca a la ciudadan¨ªa a las decisiones pol¨ªticas. En este momento, las decisiones se toman de manera distante, tanto en t¨¦rminos geogr¨¢ficos como de confianza institucional. Otorgar poder de decisi¨®n financiera a los alcaldes traslada las discusiones presupuestarias a un ¨¢mbito de mayor cercan¨ªa y validez pol¨ªtica. Por cierto, esto tambi¨¦n implica que la ciudadan¨ªa y las autoridades locales deber¨¢n actuar con mayor responsabilidad en estos temas, pues no se tratar¨¢ solo de reclamar, sino de gestionar la seguridad con los recursos pagados por sus propios vecinos.

En definitiva, descentralizar la recaudaci¨®n y el gasto p¨²blico es una alternativa viable y oportuna para enfrentar la demanda ciudadana por mayor seguridad. Las discusiones actuales sobre impuestos y seguridad siguen atrapadas en l¨®gicas centralistas, lo que evidencia, una vez m¨¢s, la necesidad de descentralizar el pa¨ªs. Incrementar la descentralizaci¨®n fiscal no solo acercar¨¢ las soluciones a quienes enfrentan el problema de la seguridad de forma cotidiana, sino que tambi¨¦n empoderar¨¢ a los municipios y a sus vecinos para enfrentar este desaf¨ªo de manera m¨¢s directa y situada.