Chile ante la encrucijada de la seguridad: ?militares en las calles como soluci¨®n?

Chile vive una crisis de seguridad hace algunos a?os, intensificada en los ¨²ltimos meses producto de nuevas formas de criminalidad, de un aumento en delitos de alta connotaci¨®n social y por la ineficacia de las fuerzas pol¨ªticas y del Gobierno para gestionar el problema. Esta inacci¨®n ha llevado a medidas poco comunes, incluso eventualmente contrarias a la ley, como la decisi¨®n de la feria de Lo Valledor ¡ªuno de los principales mercados de abasto de la Regi¨®n Metropolitana¡ª de solicitar c¨¦dula de identidad emitida por Chile para ingresar a sus instalaciones. Y es que si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, r¨¢pidamente aparecer¨¢n otros para hacerlo.

Por lo mismo, no sorprende que las encuestas comiencen a mostrar un fuerte apoyo al uso de herramientas poco convencionales. Un estudio de Criteria Research muestra que un 76% de los encuestados est¨¢ de acuerdo con desplegar a los militares en las calles para reducir el desorden social. Lo que es llamativo es que esa medida goza de respaldo transversal en todo el arco pol¨ªtico: un 56% de quienes se identifican como de izquierda la apoyan. Quiz¨¢s por eso el alcalde Tom¨¢s Vodanovic, del partido Revoluci¨®n Democr¨¢tica (parte de la coalici¨®n del presidente Boric) solicitaba el apoyo militar para tareas de orden p¨²blico, en una movida impensable hace apenas algunos meses para un conglomerado de izquierda.

Ahora bien, desplegar militares en las calles o autorizar usos m¨¢s intensos de la fuerza por parte de las polic¨ªas supone un riesgo y exige algunas certezas. El riesgo es que, en el ejercicio de esas funciones, se generen incidentes graves, enfrentamientos entre agentes y delincuentes, con resultados potencialmente da?inos. La necesidad de certeza, por otra parte, se refiere a que el funcionario que haga uso de su arma debe contar con el respaldo pol¨ªtico y jur¨ªdico correspondiente, algo que hasta ahora no ha sido posible. Todav¨ªa hay en la coalici¨®n gobernante una profunda sospecha de la fuerza estatal. Muchos no creen en ella, y se ven en problemas cada vez que deben explicar incidentes en su uso. Por el lado jur¨ªdico tambi¨¦n hay problemas: todav¨ªa no contamos con una ley de Reglas del Uso de la Fuerza que permita entregar seguridad a quien leg¨ªtimamente la emplea, y nada hace avizorar que el tr¨¢mite legislativo sea f¨¢cil y tenga resultados a tiempo.

Por lo mismo, este parece ser un nuevo caso en que el sistema pol¨ªtico, con declaraciones grandilocuentes, termina traspasando la responsabilidad a Carabineros y las Fuerzas Armadas. No se trata de un transferencia a instituciones abstractas: son funcionarios concretos, de carne y hueso, desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, tomando decisiones y respondiendo personalmente por ellas, pese a que es el Estado el que asumi¨® el compromiso. Se les env¨ªa a las calles, a plazas, mercados o estaciones de buses, muchas veces sin equipamiento o instrucci¨®n adecuada, expuestos a cometer errores que pueden vulnerar derechos de las personas y generar da?os irreparables. Es cierto: quien emplea la fuerza leg¨ªtima del Estado debe cumplir con un est¨¢ndar exigente, pues la ley le entrega una facultad en extremo delicada. Pero, al mismo tiempo, debe resguardar su uso, justamente para cumplir los fines que se propone.

Es, en parte, lo que sucedi¨® con el estado de excepci¨®n constitucional declarado en octubre de 2019. Mientras algunos instigaban las movilizaciones, creyendo ser sus leg¨ªtimos voceros, y llamaban a la desobediencia, rendidos frente a lo que consideraron su momento revolucionario, miles de funcionarios de las polic¨ªas y Fuerzas Armadas debieron asumir labores que, en gran medida, requer¨ªan de un respaldo legal y pol¨ªtico. El presidente Gabriel Boric indult¨® a muchos de los condenados por delitos cometidos en ese contexto excepcional, y pareciera ser que hay casos de uniformados que caen bajo la misma hip¨®tesis. Que se entienda bien: no parece justificarse un indulto general, pues en varios casos se cometieron atropellos que exceden el uso leg¨ªtimo de la fuerza, sino una adecuada ponderaci¨®n de los elementos concretos que aten¨²an la responsabilidad de algunos de ellos.

Todo esto vale para la discusi¨®n que hoy se lleva adelante sobre el recurso a las Fuerzas Armadas. ?Se puede asegurar un uso adecuado de instrumentos militares en contextos urbanos, sin riesgo para civiles inocentes? ?Habr¨¢ reglas claras, por sobre gustitos ideol¨®gicos, en el ejercicio de la fuerza? ?No veremos una nueva vuelta de chaqueta de parte de la coalici¨®n gobernante, que d¨¦ una vez m¨¢s la espalda a su Gobierno en la votaci¨®n del proyecto? Y, por ¨²ltimo: ?traspasar¨¢ el Gobierno otra vez la responsabilidad a los uniformados, sabiendo que otros pagar¨¢n los costos de su decisi¨®n?

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