Todos los ayuntamientos deber¨¢n censar los edificios con amianto para su retirada

En el metro, en las escuelas, en naves industriales, en los edificios y oficinas... Como una ¡°epidemia silenciosa¡± definen varias organizaciones medioambientales, sanitarias y sociales los e...

En el metro, en las escuelas, en naves industriales, en los edificios y oficinas... Como una ¡°epidemia silenciosa¡± definen varias organizaciones medioambientales, sanitarias y sociales los efectos del amianto, un material de construcci¨®n ahora prohibido pero muy utilizado en la segunda mitad del siglo pasado. La nueva ley de residuos y suelos contaminados que prepara el Gobierno obligar¨¢ a todos los ayuntamientos de Espa?a a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancer¨ªgeno.

Solo el mesotelioma, un tumor muy agresivo que afecta a la pleura y causado principalmente por la exposici¨®n al amianto, se cobrar¨¢ la vida de 300.000 ciudadanos europeos de aqu¨ª a 2030, seg¨²n varios informes del Comit¨¦ Econ¨®mico y Social Europeo, un ¨®rgano consultivo de la UE. Adem¨¢s, la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada a?o en Europa se diagnostican entre 20.000 y 30.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el amianto.

Se prev¨¦ que el proyecto de ley de residuos que ultima el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica en el que se incluir¨¢n medidas contra el amianto sea aprobado entre marzo y abril en el Consejo de Ministros. Luego ser¨¢ enviado a las Cortes para su tramitaci¨®n definitiva, se?ala el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera. La norma, que debe servir para trasponer un par de directivas europeas ante el riesgo de que Espa?a vuelva a ser expedientada por otro incumplimiento medioambiental, crear¨¢ dos nuevos impuestos: uno sobre el dep¨®sito de residuos en vertederos y la incineraci¨®n y otro especial sobre los envases de pl¨¢stico no reutilizables, como anunci¨® el pasado a?o el Gobierno.

Pero la ¨²ltima versi¨®n del proyecto, a la que ha accedido EL PA?S, incluye como novedad una disposici¨®n adicional en la que se establece que ¡°antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborar¨¢n un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada¡±. ¡°Dicho censo, que tendr¨¢ car¨¢cter p¨²blico, ser¨¢ remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades aut¨®nomas, las cuales deber¨¢n inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado¡±, a?ade el proyecto.

La puesta en marcha de medidas contra este material es una reivindicaci¨®n de un amplio grupo de colectivos, como la Sociedad Espa?ola de Neumolog¨ªa y Cirug¨ªa Tor¨¢cica, la Asociaci¨®n Espa?ola contra el C¨¢ncer, la Confederaci¨®n Espa?ola de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Ecologistas en Acci¨®n, que se han unido para solicitar una ley integral contra el amianto. A la espera de esa norma espec¨ªfica, en la ley de residuos ya se fijar¨¢ la obligaci¨®n de la realizaci¨®n de los censos. Esta hab¨ªa sido una solicitud concreta de este colectivo. Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acci¨®n, aplaude que se haya incluido el censo obligatorio, aunque considera que la propuesta de su organizaci¨®n era ¡°m¨¢s ambiciosa¡±. Ped¨ªan, por ejemplo, el establecimiento de mandatos de retirada del amianto con fechas concretas. Una portavoz de Transici¨®n Ecol¨®gica apunta a que el ¡°ministerio no puede ir m¨¢s all¨¢ de sus competencias¡±; seg¨²n se?ala, la mayor¨ªa de responsabilidades en este caso residen en las comunidades y los consistorios.

¡°El amianto est¨¢ por todas partes¡±, alerta Arribas. Como un problema de ¡°salud p¨²blica, medioambiental y laboral¡± define este asunto la plataforma que busca esa ley espec¨ªfica contra este material contaminante. Sus integrantes, que en noviembre hicieron p¨²blico un manifiesto, lamentan que en Espa?a todav¨ªa no se haya ¡°abordado un instrumento legislativo para erradicar el amianto¡±. ¡°Se estima que el 65% del amianto instalado en todo el territorio espa?ol ha finalizado su vida ¨²til (30-35 a?os), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente¡±, se?ala la plataforma.

Arribas considera que la erradicaci¨®n del amianto no solo puede tener beneficios para la salud y el medio ambiente, sino tambi¨¦n para la actividad econ¨®mica del pa¨ªs. La sustituci¨®n de este material por otros puede impulsar al sector de la rehabilitaci¨®n de edificios, por lo que su organizaci¨®n propone que esta actividad sea incluida en los planes de recuperaci¨®n que se impulsar¨¢n con fondos p¨²blicos nacionales y europeos.

Bajas tasas de reciclaje

M¨¢s all¨¢ del amianto, Espa?a tiene un problema con sus bajas tasas de reciclaje y se arriesga a un nuevo expediente sancionador europeo por este asunto. Seg¨²n la memoria de impacto del proyecto de ley de residuos, en 2016 en la Uni¨®n Europea se reciclaron de media el 46% de los residuos municipales. En Espa?a, ese porcentaje fue del 34%; el destino mayoritario fue el vertedero ¡ªel 54%¡ª, mientras que el 12% fue incinerado.

El anteproyecto de ley de residuos crear¨¢ un nuevo impuesto estatal que penalizar¨¢ el dep¨®sito en vertederos y la incineraci¨®n. Como apunta el pre¨¢mbulo de la norma, el objetivo es desincentivar estas pr¨¢cticas para impulsar el reciclaje. Bruselas ya hab¨ªa aconsejado a Espa?a que pusiera en marcha esta figura. Y en el proyecto se explica que algunas comunidades ya tienen ese tributo. Pero ¡°la falta de armonizaci¨®n¡± y ¡°el hecho de que algunas comunidades aut¨®nomas hayan hecho uso de estas figuras impositivas y otras no, debilita la efectividad de este instrumento¡±. Lo recaudado por la nueva tasa ser¨¢ transferido a las autonom¨ªas.

Seg¨²n una directiva europea de 2008, Espa?a deber¨ªa haber reciclado en 2020 un 50% de sus residuos urbanos. El dato cerrado del pasado a?o no se conoce, pero la trayectoria seguida en los ¨²ltimos a?os hace pensar que no se llegar¨¢ a cumplir con esa meta.

16 organizaciones ecologistas y sociales decidieron hace un mes presentar una demanda contra el Gobierno de Espa?a por este asunto. La Comisi¨®n Europea, ante el riesgo de que Espa?a no llegara a ese 50% de reciclaje obligatorio, envi¨® un informe de advertencia al Gobierno en 2018 en el que le realizaba algunas recomendaciones. Entre ellas, que impulsara ¡°instrumentos econ¨®micos¡± nacionales, como los impuestos sobre el vertido y la incineraci¨®n. En la memoria de impacto que acompa?a al proyecto de ley, se apunta a que Espa?a ya ha recibido una carta de emplazamiento de la Comisi¨®n Europea ¡ªlo que supone el inicio de un expediente¡ª por el incumplimiento de los plazos de transposici¨®n de la directiva 2018/851 sobre residuos.

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