La Junta de Andaluc¨ªa, obligada a suspender temporalmente la autorizaci¨®n ambiental para la reapertura de la mina de Aznalc¨®llar

La Autorizaci¨®n Ambiental Unificada (AAU) que la Junta de Andaluc¨ªa concedi¨® el pasado 11 de julio a la empresa minera Los Frailes y que supon¨ªa el paso previo y e indispensable para dar v¨ªa libre a la reapertura de la mina de Aznalc¨®llar ha quedado en suspenso por imperativo legal. As¨ª lo ha confirmado la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, encargada de tramitar este acto administrativo, que ha reconocido en un comunicado que esta paralizaci¨®n se ha debido a que ha transcurrido el plazo legal de un mes para responder al recurso de alzada que present¨® Ecologistas en Acci¨®n contra la AAU, sin que la administraci¨®n haya respondido al escrito.

¡°Es importante se?alar que, de conformidad con la normativa vigente, al haber transcurrido un mes desde la recepci¨®n de dicho recurso de alzada, la AAU queda en suspensi¨®n autom¨¢tica, tal como se estipula en el marco legal¡±, reconoce la Consejer¨ªa de Medio Ambiente en su comunicado, aunque recalca a continuaci¨®n que ¡°esta suspensi¨®n es temporal y no implica una cancelaci¨®n definitiva de la Autorizaci¨®n Ambiental Unificada. Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se proceder¨¢ seg¨²n lo que determinen los servicios jur¨ªdicos de la Consejer¨ªa¡±. Los ecologistas consiguen as¨ª ganar tiempo y llamar la atenci¨®n sobre su ofensiva para paralizar la reapertura del complejo minero.

El proyecto para la explotaci¨®n de la nueva mina de Aznalc¨®llar se ha convertido en un punto de fricci¨®n casi permanente entre los grupos ecologistas, que advierten de que los vertidos del nuevo enclave contaminar¨¢n de manera irreversible el estuario del Guadalquivir, y la Junta de Andaluc¨ªa, que defiende que cuenta con todas las garant¨ªas. As¨ª lo evidenci¨® el pasado 11 de julio, cuando firm¨® la AAU.

Este tr¨¢mite es indispensable para la resoluci¨®n de la autorizaci¨®n final, que depende de la Consejer¨ªa Industria, Energ¨ªa y Minas y que incluye un proceso de audiencia p¨²blica. La administraci¨®n andaluza, seg¨²n precisaron en julio los consejeros de Minas Jorge Paradela, y el entonces consejero de Medio Ambiente, Ram¨®n Fern¨¢ndez Pacheco (sustituido a finales de julio por Catalina Garc¨ªa), contaba con tener finalizado este procedimiento a finales del ¨²ltimo trimestre de este a?o, pero esta suspensi¨®n alargar¨¢ esos plazos. La Consejer¨ªa tiene tres meses desde el 12 de agosto que es cuando Ecologistas en Acci¨®n interpuso el recurso para responder, plazo en el que la ejecuci¨®n de la AAU se mantiene en stand by. La ONG ha confirmado a este diario que tambi¨¦n tiene previsto recurrir ante los tribunales la resolici¨®n a su recurso de alzada que presente la Junta.

En el escrito de 20 folios al que ha podido acceder este diario, Ecologistas en Acci¨®n argumenta que la resoluci¨®n es nula de pleno derecho porque no incluye el contenido ¨ªntegro de la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental y llaman la atenci¨®n sobre c¨®mo en ese documento se han realizado modificaciones sustanciales sobre la cantidad de vertido autorizado que no han sido sometidas a informaci¨®n p¨²blica ¡ªde 2,6 a 4 toneladas anuales durante la fase operativa de 17 a?os¡ª. Critica, adem¨¢s, que se ha incumplido la obligaci¨®n de realizar una evaluaci¨®n ambiental estrat¨¦gica en todos los t¨¦rminos municipales y tampoco se ha realizado una adecuada Evaluaci¨®n del Impacto Ambiental del vertido t¨®xico a lo largo de todo el espacio protegido del bajo Guadalquivir, que afectar¨ªa al Parque Nacional de Do?ana, y que tendr¨ªa un impacto en los arrozales y en la acuicultura de la zona. ¡°Este vertido ser¨ªa de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de la fase preoperativa y de 68.000 litros de vertido t¨®xico durante los 17 a?os de explotaci¨®n¡±, advierte Isidoro Albarreal, responsable de Minas de Ecologistas en Acci¨®n.

En su recurso, los ecologistas piden a la Consejer¨ªa de Medio Ambiente que se tengan en cuenta tambi¨¦n una serie de informes cient¨ªficos que abordan el proyecto de estabilidad de la corta de Aznalc¨®llar ¡ªla que ahora mismo acumula los vertidos t¨®xicos que se desbordaron cuando se rompi¨® la balsa en 1998¡ª y cuyo tratamiento en el nuevo proyecto minero cuestionan, y otros realizados por diferentes institutos y organismos independientes en materia de ecolog¨ªa, seguridad ambiental, din¨¢mica de fluidos en estuarios y seguridad alimentaria.

¡°Un aspecto importante es el incumplimiento de la Ley de Do?ana. El consejo de participaci¨®n est¨¢ obligado a informar, y no lo han hecho¡±, apunta Albarreal sobre otra serie de pronunciamientos espec¨ªficos que se solicita a la Consejer¨ªa en su recurso de alzada y que, adem¨¢s del Consejo de Participaci¨®n, incluyen a la Estaci¨®n Biol¨®gica del CSIC o a la Unesco.

Fase previa a la reapertura de la mina

Esta suspensi¨®n, en tanto que la Junta presente su respuesta, implica que la Consejer¨ªa de Medio Ambiente no podr¨ªa ejecutar la AAU. En su escrito, Ecologistas en Acci¨®n pide que se notifique tambi¨¦n a la Direcci¨®n General de Minas para que paralice la tramitaci¨®n de la autorizaci¨®n del proyecto de explotaci¨®n, el ¨²ltimo paso para arrancar la fase de preapertura de la mina, cuya duraci¨®n se prev¨¦ de tres a?os. El proyecto contempla la construcci¨®n de una depuradora y de un t¨²nel para transportar el agua, adem¨¢s de las galer¨ªas subterr¨¢neas de la mina ¡ªque durar¨¢ 18 meses¡ª, para seguir con el vaciado del agua almacenada en la corta Los Frailes, donde se ubicar¨¢ la mina, y la extracci¨®n de parte de la de la vecina corta de Aznalc¨®llar, que es la que cuenta con mayores residuos contaminantes. A partir de aqu¨ª, a finales de 2027 o principios de 2028, comenzar¨ªa la actividad minera como tal durante los siguientes 17 a?os para la extracci¨®n de cobre, zinc y plomo, especialmente.

Tanto la Junta de Andaluc¨ªa como la empresa que tiene la concesi¨®n de explotaci¨®n insisten en desvincular este proyecto del de 1998 y los riesgos ambientales que provocaron aquel desastre. ¡°La mina de 1998 no tiene nada que ver¡±, asegur¨® en julio el entonces consejero de Medio Ambiente, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco. Esta explotaci¨®n, recalcan, es subterr¨¢nea y no tiene balsas donde se depositen los residuos, al contrario que la que provoc¨® la cat¨¢strofe t¨®xica, que era al aire libre.

Conscientes de la oposici¨®n frontal de los ecologistas al proyecto, la administraci¨®n andaluza ha puesto el foco en los par¨¢metros de seguridad del nuevo complejo, destacando tambi¨¦n la oportunidad para la revitalizaci¨®n econ¨®mica de una zona que ha ido perdiendo poblaci¨®n de manera constante desde que se desbord¨® la corta hace 26 a?os. El proyecto supone una inversi¨®n privada de 450 millones de euros ¡ªde los que 100 millones est¨¢n previstos para activos medioambientales, como la depuradora¨D y que crear¨¢ 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante los 20 a?os de duraci¨®n de la concesi¨®n y est¨¢ alineado en la apuesta por la miner¨ªa del Gobierno del popular Juan Manuel Moreno.