V¨ªa libre a la votaci¨®n de la ley del cine catal¨¢n

La semana que viene, o la pr¨®xima, el pleno del Parlament catal¨¢n podr¨ªa votar y aprobar el pol¨¦mico proyecto de ley del cine catal¨¢n que establece la obligaci¨®n de que la mitad de las copias de pel¨ªculas dobladas o subt¨ªtuladas tienen que serlo en catal¨¢n, con la excepci¨®n de los filmes europeos, para los que la obligaci¨®n ser¨¢ a partir de las diecis¨¦is copias. El ¨²ltimo tr¨¢mite ya se ha pasado con el informe positivo del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de Catalu?a que, por mayor¨ªa, considera que el proyecto de ley se adecua a la Constituci¨®n, al Estatuto de Auton¨®mia y al Derecho Europeo.

El an¨¢lisis del consejo se ha centrado en los art¨ªculos 18 y 17 que afectan al doblaje y que el Partido Popular, que pidi¨® el informe, consideraba que afectaban a la competencia estatal en el ¨¢mbito del comercio exterior, a la libertad de prestaci¨®n de servicios, la libertad de empresa y el derecho comunitario. B¨¢sicamente considera que estos art¨ªculos se refieren a las competencias exclusivas de Catalu?a en el ¨¢mbito de normalizaci¨®n lingu?stica y aunque reconoce que las obligaciones de doblaje pueden perjudicar econ¨®micamente a los empresarios, esto se hace en pos de un bien general que es el de garantizar el derecho de la poblaci¨®n a poder elegir la lengua en la que puede ver las pel¨ªculas, algo que el mercado por s¨ª mismo no garantiza.

El informe tambi¨¦n pide una redacci¨®n ponderada del reglamento tanto en lo que se refiere a las sanciones como al peligro de que pueda extralimitarse hasta el punto de atentar de manera desproporcionada a la libertad de empresa. El dictamen se ha aprobado con el voto particular de Julio A?overos en el que defiende la posici¨®n contraria al texto aprobado por la mayor¨ªa.

Tal y como est¨¢n las cosas en estos momentos, es de preveer con el proyecto de ley pueda aprobarse con los votos a favor del tripartito y de CiU. Los exhibidores y distribuidores anunciaron en su d¨ªa que intentar¨¢n parar el texto legal tanto en instancias judiciales del Estado como en las instancias europeas.