Finlandia: En tr¨¢mite una nueva ley de protecci¨®n de la propiedad intelectual
La propuesta de ley da amplios poderes a la polic¨ªa para investigar las fuentes de infracci¨®n, incluyendo el requiso del ordenador y la investigaci¨®n de los archivos como del correo electr¨®nico
La actual ley vigente en el pa¨ªs n¨®rdico data de 2005 y extiende el derecho de propiedad intelectual a todos los contenidos de la red. Sin embargo las descargas ilegales no se han detenido. Seg¨²n cifras oficiales, Finlandia pierde hasta un 4 por ciento de su PIB por las descargas ilegales, sobre todo en el campo de la m¨²sica y del cine. Los derechos de autor tanto en el campo de la fotograf¨ªa como del cine se mantienen hasta los 50 y 70 a?os despu¨¦s del fallecimiento del autor.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Educaci¨®n, el 16 por ciento de los hogares conectados practica las descargas ilegales. La mayor¨ªa de los infractores, un 74 por ciento, se encuentran entre los 15 y los 34 a?os. Como promedio de las descargas han contabilizados 32 archivos, lo que da un total de 153.000 archivos descargados ilegalmente.
La nueva ley se encuentra en tr¨¢mite en el parlamento y deber¨ªa estar en vigencia durante la primavera pr¨®xima. La nueva ley se propone "combatir la distribuci¨®n ilegal con mecanismos jur¨ªdicos m¨¢s ¨¢giles y eficientes". La propuesta de ley da amplios poderes a la polic¨ªa para investigar las fuentes de infracci¨®n, incluyendo el requiso del ordenador y la investigaci¨®n de los archivos como del correo electr¨®nico.
A las instancias judiciales se les dota con nuevos poderes. Sus decisiones se pueden amparar en la legislaci¨®n tanto del c¨®digo civil como del c¨®digo penal. En general la propuesta de ley establece que la propiedad intelectual es intocable. El usuario no podr¨¢ descargar ning¨²n material, ni siquiera para uso personal. La ley no contempla castigos para las descargas de uso personal, pero si puede llevar al infractor a cumplir alg¨²n trabajo comunitario.
Una de la novedades de la propuesta de ley es que obliga a los operadores a mantener informado tanto al Ministerio de Educaci¨®n, como a los autores o sus representantes, del flujo de descargas.
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