Papeles de Salamanca: caso archivado

Se acab¨®. Ni expolio ni ilegalidad. El Tribunal Constitucional ha puesto fin a un ¨¢spero litigio, atascado desde la Transici¨®n, con un fallo que puede sintetizarse en una simple frase: los papeles de Salamanca son de Catalu?a. En consecuencia, all¨ª seguir¨¢n. La sentencia del alto tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y Le¨®n contra la ley que ampar¨® la devoluci¨®n de los documentos a la Generalitat y disipa todas las esperanzas de las instituciones castellanoleonesas sobre su retorno a Salamanca. ¡°No nos encontramos ante un supuesto de expoliaci¨®n y debemos se?alar que no le corresponde a este tribunal decidir acerca de la oportunidad del mantenimiento de los documentos originales en el archivo frente a la restituci¨®n de los fondos documentales incautados a sus propietarios originales. Tal decisi¨®n le corresponde adoptarla al legislador¡±, sostiene el fallo, del que ha sido ponente el magistrado Pablo P¨¦rez Tremps.

Lo cierto es que nunca unos papeles ¡ªa estas alturas ya de valor hist¨®rico y sentimental¡ª desataron tal belicismo pol¨ªtico. Se manifestaron, a favor y en contra de la salida y la llegada, miles de personas en Catalu?a y Salamanca. Se ve¨ªa como un atentado contra la unidad de Espa?a, en un lado, y una agresi¨®n a Catalu?a, en el otro. Se reivindic¨® durante tanto tiempo que dio lugar a que una formaci¨®n pol¨ªtica defendiese una cosa y la contraria (el PSOE se opuso al traslado en 1989 y Manuel Fraga Iribarne defendi¨® la devoluci¨®n en el Congreso en 1980). Se crearon sucesivas comisiones de expertos para pronunciarse sobre el tema. Y cuando ya parec¨ªa irremediable, se vall¨® la calle para impedir la salida de los documentos (un portavoz municipal anunci¨® que llegar¨ªan ¡°al borde del abismo, sin caer en el precipicio¡±).

Finalmente, 500 cajas fueron sacadas a las seis de una ma?ana de enero de 2006, rodeadas de fot¨®grafos, polic¨ªas, oscuridad y alguna voz exaltada que insult¨® a los pobres funcionarios que les toc¨® en mala hora tener que empujar el carrito con los papeles. Para ese d¨ªa, la calle del archivo ya hab¨ªa sido rebautizada por el alcalde, Juli¨¢n Lanzarote (PP), como calle del Expolio. Ha de puntualizarse que en 2011, el mismo Lanzarote, a punto de dejar la alcald¨ªa y m¨¢s conciliador, orden¨® que recobrase su antiguo nombre de Gibraltar.

Ayer, su sucesor en el cargo, Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco, se distanci¨® de aquellos tonos apocal¨ªpticos y dijo que ¡°acatar¨¢n¡± la sentencia pese a que los documentos trasladados a Catalu?a ¡°no cumplen los requisitos establecidos en la propia ley para su devoluci¨®n¡±, informa Efe. Desde la primera salida, se han entregado m¨¢s documentos conforme eran evaluados por t¨¦cnicos y, en segunda instancia, una comisi¨®n mixta (Estado-Generalitat).

La ley que ampara la devoluci¨®n fue aprobada en 2005 por el Gobierno socialista ¡ªe incluy¨® la creaci¨®n del Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica sobre la estructura del archivo¡ª para dar cobertura al retorno a Catalu?a de todos aquellos documentos confiscados por las tropas de Franco tras la conquista de Barcelona en enero de 1939. El material (se estim¨® en 3.500 sacas), perteneciente a la Generalitat, organizaciones pol¨ªticas, sindicales y culturales, adem¨¢s de particulares, se traslad¨® a Salamanca, donde las tropas sublevadas hab¨ªan creado en 1937 una delegaci¨®n dedicada a clasificar y custodiar la documentaci¨®n que requisaban.

Este departamento se consolid¨® al finalizar la guerra y se convirti¨® en un potente arsenal de munici¨®n informativa para reprimir y castigar a quienes hab¨ªan apoyado a la Rep¨²blica, con m¨¢s de 3,5 millones de fichas de espa?oles. Su esp¨²rea misi¨®n solo concluy¨® tras la muerte de Franco. En 1979 todo el material pas¨® a formar parte de la Secci¨®n Guerra Civil del Archivo Hist¨®rico Nacional, que en 1999 se emancip¨® y se convirti¨® en el Archivo General de la Guerra Civil. Los primeros antecedentes sobre las demandas de papeles expoliados datan de la Transici¨®n, aunque vivieron un periplo guadianesco hasta que finalmente la administraci¨®n socialista de Zapatero decidi¨® restituir el material en medio de una visceral movilizaci¨®n pol¨ªtica del PP.

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y Le¨®n acudieron a todas las instancias judiciales que pudieron para tratar de revertir la devoluci¨®n. Sucesivos fallos avalaron la posici¨®n del Gobierno. Hace un a?o el Tribunal Supremo dio la raz¨®n al Ministerio de Cultura, que se hab¨ªa negado a declarar Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC) el edificio donde est¨¢ el archivo (el Colegio de San Ambrosio). Esta petici¨®n ten¨ªa como finalidad proteger la integridad del archivo e impedir la salida de documentaci¨®n.

Tambi¨¦n la Audiencia Nacional aval¨® a finales de 2008 el env¨ªo de documentos y rechaz¨® la petici¨®n del Ayuntamiento de Salamanca para anular la orden del Ministerio de Cultura para entregar los documentos a la Generalitat. Adem¨¢s, consider¨® que la ley era conforme a la Carta Magna, una decisi¨®n que coincide con la resoluci¨®n conocida ayer del Constitucional. ¡°Me pregunto para qu¨¦ ha servido toda esta actuaci¨®n torticera contra algo aprobado por las Cortes y cu¨¢nto ha pagado el contribuyente para sostener estos fallos que todos han sido a favor del Estado¡±, recrimin¨® ayer Rogelio Blanco, exdirector general de Archivos, que presidi¨® la comisi¨®n mixta que acordaba los documentos que deb¨ªan ser devueltos y de los que permanece una copia en Salamanca.