La ¡®ley Sinde-Wert¡¯, ese agujero negro

En materia de propiedad intelectual, abril podr¨ªa resultar para el Gobierno del PP el mes m¨¢s cruel, como augur¨® el poeta. Ser¨¢ entonces cuando Espa?a ingrese o no (y todo parece indicar que lo har¨¢) en la temida lista 301, que se?ala a los pa¨ªses m¨¢s piratas, tras un a?o ausente de ella. As¨ª lo ha recomendado (y recomend¨® en 2012, sin ser escuchada) la influyente industria estadounidense. Y as¨ª se lo hizo saber personalmente Chris Dodd, presidente de la MPAA, patronal de Hollywood, a Mariano Rajoy en un encuentro al que asistieron, seg¨²n las fuentes consultadas, la hom¨®loga de Dodd en Bruselas; Estela Artacho (presidenta de los distribuidores de cine, Fedicine); Jorge Moragas (jefe del Gabinete del presidente); y Pablo Hisp¨¢n (responsable del ¨¢rea de Educaci¨®n y Cultura). Como continuaci¨®n de una reuni¨®n en tono cordial, Dodd envi¨® una carta a Rajoy en la que, si bien reconoc¨ªa que el Gobierno fue capaz de actuar con rapidez y decisi¨®n al inicio de la legislatura (con la aprobaci¨®n de la ley Sinde-Wert que el PSOE dej¨® a medias y con la creaci¨®n de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual), lamentaba los escasos avances posteriores en la materia. ¡°Comprensiblemente, ha habido otros asuntos de los que ocuparse¡±, viene a decir el escrito en referencia a la crisis. Pero, concluye la misiva: ¡°Urge tomar medidas ahora¡±. ¡°Un uso de Internet m¨¢s responsable ser¨¢ beneficioso para Espa?a¡±.

El anuncio de la industria estadounidense provoc¨® un considerable revuelo entre los actores de la industria y las entidades de gesti¨®n, y sabote¨® la tranquilidad de la Secretar¨ªa de Estado de Cultura. Despu¨¦s de todo, no es la primera vez que se conocen los desvelos del Gobierno de EE UU por la situaci¨®n de la pirater¨ªa en Espa?a, como demostraron hace un par de a?os los cables de Wikileaks. En esta ocasi¨®n, la admonici¨®n se basa sobre todo en la supuesta inoperancia de la Secci¨®n Segunda de la Propiedad Intelectual, encargada del cierre de p¨¢ginas web que sirvan o enlaces sujetos a derechos de autor. ?Hay base para una afirmaci¨®n tan tajante? ?Funciona realmente el ¨®rgano colegiado de ¨¢mbito nacional que estaba llamado a solucionar el asunto de la pirater¨ªa en Espa?a? Y sobre todo¡­ ?A qu¨¦ han dedicado el tiempo durante este a?o sus 10 miembros, entre titulares y suplentes?

Desde su puesta en marcha en marzo de 2012, la comisi¨®n ha recibido 361 solicitudes de inspecci¨®n de contenidos il¨ªcitos. Entre ellas, hay que descontar las 200 denuncias presentadas en los primeros d¨ªas por el m¨²sico y miembro de la SGAE Eme Navarro; con aquel gesto, el tipo pretendi¨® denunciar la inutilidad de la ley Sinde-Wert. Otras 46 fueron archivadas por defectos de forma. De las 115 restantes, seg¨²n datos de la Secretar¨ªa de Estado de Cultura, 90 siguen en fase de investigaci¨®n y 25 terminaron en acuerdo. Es decir, fueron retirados los contenidos de la discordia. En dos ocasiones, porque se dict¨® una resoluci¨®n (llamada a dar paso a una intervenci¨®n judicial); y en las dem¨¢s, porque vali¨® con la primera o la segunda notificaci¨®n a los presuntos infractores.

Teresa Lizaranzu, directora general de Pol¨ªtica e Industrias Culturales y del Libro, y presidenta de una comisi¨®n que cuenta con un vocal de la secretar¨ªa (el subdirector de Propiedad Intelectual Carlos G¨¹erv¨®s figura como titular), as¨ª como con representantes de los Ministerios de Industria, Presidencia y Econom¨ªa (que var¨ªan seg¨²n el expediente), reconoci¨® ayer que los n¨²meros no son precisamente espectaculares. Y admiti¨®: ¡°Necesitamos ser un poco m¨¢s eficientes, como pidi¨® el secretario [Jos¨¦ Mar¨ªa Lassalle]. Con todo, hay que tener en cuenta que el objetivo del procedimiento es que se retiren los contenidos y no que el tema acabe en resoluci¨®n¡±. Lassalle habl¨® entonces (en unas declaraciones efectuadas en la presentaci¨®n de Mesientodecine, servicio legal de cine por Internet) de obst¨¢culos en cuanto al ¡°trabajo y funcionamiento cotidiano¡± de la comisi¨®n. A falta de mayores especificaciones, Lizaranzu aclar¨® ayer que sus miembros se re¨²nen una vez por semana ¡°para fijar criterios comunes¡±, aunque se mantienen en permanente contacto ¡°por la v¨ªa telem¨¢tica¡±.

La mayor¨ªa de las denuncias reales (87, entre marzo y diciembre) provino de la Federaci¨®n para la Protecci¨®n de la Propiedad Intelectual (FAP), que representa a la patronal del cine y los videojuegos y cuyos portavoces se quejan de ¡°lentitud e ineficacia¡±. Jos¨¦ Manuel Torn¨¦ explica que desde la FAP se logr¨® la retirada ¡°de 52.000 enlaces¡± que la asociaci¨®n consider¨® il¨ªcitos mediante el env¨ªo a t¨ªtulo privado de cartas a los responsables de estos. El n¨²mero rond¨® en 2011 ¡°los 400.000¡±. ¡°Depositamos mucha confianza en la Comisi¨®n de la Propiedad Intelectual¡±, explica Torn¨¦, ¡°pero un a?o despu¨¦s observamos que, como m¨¢ximo, se han retirado tres o cuatro enlaces en webs que, como Veocine, una vez quitados los links, siguen funcionando. Con todo, seguimos abriendo expedientes¡±.

No todos mantienen su confianza. Responsables de EGEDA, entidad de gesti¨®n de los derechos de los productores de cine, reconoc¨ªan ayer que desde septiembre han perdido la fe y no han hecho llegar ninguna denuncia a la comisi¨®n. Incluso as¨ª, el audiovisual ha sido el sector que m¨¢s trabajo ha dado a la secretar¨ªa (la SGAE o la AISGE, la de los int¨¦rpretes, no han presentado, por ejemplo, ninguna denuncia).

Entre las medidas que ¡°urge tomar¡± para evitar la inclusi¨®n en la lista 301, que dir¨ªa la carta de Dodd, se citan tres en la secretar¨ªa: ¡°Incentivo de la oferta legal, una labor de concienciaci¨®n social, desde el seno de la educaci¨®n, de la familia y la industria, y cambios normativos que agilicen el trabajo¡±. Estos ¨²ltimos pasan por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Mientras espera un cambio integral, prometido para esta legislatura, el sector se tendr¨¢ que conformar de momento con una reforma puntual.

El texto alterar¨¢ media docena de art¨ªculos de la LPI, as¨ª como aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del C¨®digo Penal. De momento es solo un borrador que se encuentra en tramitaci¨®n. Antes de convertirse en anteproyecto de ley, a¨²n hay aristas que limar; es sabido que la propiedad intelectual siempre ha sido un caballo de batalla entre Industria y Cultura.

De los borradores del articulado que se han conocido se desprenden tres ideas: se busca una revisi¨®n del sistema de copia privada; un reforzamiento de la supervisi¨®n de ¡°las entidades de gesti¨®n¡±; as¨ª como un ¡°fortalecimiento de los instrumentos de reacci¨®n frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en Internet¡±, que pasar¨ªa por perseguir, tambi¨¦n con sanciones penales, a ¡°los operadores jur¨ªdicos cuya principal actividad consiste en facilitar listados ordenados y clasificados de enlaces a contenidos protegidos¡±.

Mientras se dirimen las diferencias en el seno del Ejecutivo, las entidades se quejan de que a¨²n no han sido consultadas. Y reiteran su desacuerdo con el primer punto, el de la compensaci¨®n por copia privada: el nuevo canon digital se carga a los Presupuestos, y las entidades han perdido con el cambio: de los 115 millones percibidos por este concepto en 2011, en 2012 se les adjudic¨® cinco. A¨²n est¨¢ por dirimir una denuncia de estas en Bruselas.

Otros sectores, como las editoriales, las televisiones o las radios, demandan que en el mayor control de la actividad de las entidades de gesti¨®n se contemplen aspiraciones como el establecimiento de reglas claras para la fijaci¨®n de precios y criterios de acreditaci¨®n de contenidos, as¨ª como la disminuci¨®n de las tarifas en Internet respecto a los precios de las explotaciones tradicionales.