La Ley de Propiedad Intelectual permitir¨¢ ir contra las webs de enlaces

Las webs de enlaces, denominaci¨®n que en la jerga refiere esas p¨¢ginas que no albergan contenidos protegidos por los derechos de autor pero muestran el camino a otras que s¨ª los alojan masivamente, podr¨¢n ser perseguidas por la Administraci¨®n. Es una de las novedades m¨¢s llamativas del anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobado ayer en Consejo de Ministros tras una tramitaci¨®n m¨¢s bien accidentada. As¨ª ser¨¢ si prospera el cambio puntual de la norma y entra en vigor ¡°a final de a?o¡±, seg¨²n fuentes de la Secretaria de Estado, tras el dictamen del Consejo de Estado, su vuelta al Consejo de Ministros y la consabida negociaci¨®n parlamentaria. Solo entonces podr¨¢ actuar contra ellas la Secci¨®n Segunda de la Comisi¨®n de la Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert para cerrar p¨¢ginas que vulneren el copyright. Eso s¨ª, siempre a requerimiento de parte.

?La cuesti¨®n es ahora saber qu¨¦ se considera una web de enlaces. O mejor, cu¨¢les no son as¨ª definidas. El texto habla de aquellas cuya ¡°principal actividad sea la de facilitar de manera espec¨ªfica y masiva la localizaci¨®n de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorizaci¨®n¡±. A rengl¨®n seguido, se incluye un inciso en el que se deja fuera de esa definici¨®n a Google y otros buscadores dedicados, entre otros, al negocio de la redirecci¨®n.

Por si hab¨ªa dudas, Jos¨¦ Ignacio Wert, ministro de Educaci¨®n, Cultura y Deporte, las despej¨® todas en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. ¡°En ning¨²n caso¡±, dijo el ministro en referencia a este tipo de buscadores, ¡°estas p¨¢ginas basan su negocio en violentar derechos de propiedad intelectual¡±. ¡°Nos hemos basado en el ejemplo de la legislaci¨®n internacional¡±, a?adi¨®, para sorpresa de la Asociaci¨®n de Editores de Diarios de Espa?a (y de libros, y las discogr¨¢ficas); llevan un tiempo reclamando una legislaci¨®n ¡°a la alemana¡±, que permita el pago por parte del gigante inform¨¢tico a las empresas de contenidos.

La reforma contempla tambi¨¦n ir contra las empresas que coloquen publicidad en esas webs, as¨ª como sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros para los infractores graves, es decir, para aquellos reincidentes que se nieguen a retirar los contenidos il¨ªcitos cuando sean reclamados por la comisi¨®n, ¨®rgano colegiado mixto cuyo peso se lleva desde la secretar¨ªa de Cultura.

Muchos implicados en el negocio de los derechos de autor volvieron a torcer el gesto al conocer esta novedad. Los n¨²meros no dan para albergar demasiadas esperanzas: la secci¨®n segunda ha resuelto 30 casos en sus primeros 12 meses de funcionamiento (y 10 m¨¢s en los ¨²ltimos 15 d¨ªas, seg¨²n c¨¢lculos de sus responsables). La ley tambi¨¦n dotar¨¢ de mayores medios a este ¨®rgano, aunque ayer en sede ministerial no supieron concretar c¨®mo, ni cu¨¢ndo, ni sobre todo cu¨¢nto.

El texto se detiene largamente en las entidades de gesti¨®n. Aspira a ¡°aumentar el control de su actividad, as¨ª como su transparencia¡±. No se les permitir¨¢ crear sociedades mercantiles, ni fundaciones. ¡°Todos ustedes saben que ha habido muchos problemas en los tiempos recientes¡±, explic¨® Wert en una escasamente velada referencia a la SGAE y a la gesti¨®n que acab¨® con parte de su direcci¨®n imputada por el juez Ruz.

Los redactores de la reforma de la norma (altera unos cuantos art¨ªculos mientras llega la nueva ley, que Wert prometi¨® para esta legislatura) hablan de un ¡°antes y un despu¨¦s en la relaci¨®n de las entidades de gesti¨®n y la administraci¨®n¡± al introducir una graduaci¨®n en las sanciones. Antes, la secretar¨ªa solo pod¨ªa recurrir a la retirada de la licencia. Ahora se contempla un rosario de penas que pueden llegar hasta una multa del 2% de la recaudaci¨®n anual de la entidad infractora.

Lo que el esp¨ªritu de la ley propugna no se traduce, con todo, en cifras concretas para el control de las tarifas que pueden establecer las entidades, vieja aspiraci¨®n de las radios y las televisiones. Estas lamentaron tambi¨¦n que la norma no entre en la regulaci¨®n de los mecanismos de acreditaci¨®n de derechos por modalidad de explotaci¨®n (digital o anal¨®gica), o en c¨®mo se reparte en el extranjero el dinero recaudado en Espa?a (como por ejemplo, el de las pel¨ªculas de Hollywood).

No fueron ellos los ¨²nicos que se revolvieron al conocer el contenido de un texto de tramitaci¨®n accidentada; se han filtrado desde finales de a?o una decena de borradores y se han sucedido las protestas por no haberse consultado a las partes implicadas. Las ocho entidades de gesti¨®n en bloque enviaron a la media hora de terminado el Consejo de Ministros un comunicado que auguraba que el cambio legislativo ¡°perjudicar¨¢ gravemente a los ciudadanos y beneficiar¨¢ considerablemente a las multinacionales tecnol¨®gicas¡±.

Con ello, se refer¨ªan al nuevo r¨¦gimen de compensaci¨®n por copia privada, que viene a sustituir al viejo canon digital por un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, cambio ya introducido por v¨ªa reglamentaria. Seg¨²n este r¨¦gimen, las entidades recibir¨¢n cinco millones en 2013 frente a los 115 que obtuvieron en 2011.

Para dar rango normativo al c¨¢lculo del nuevo canon, los legisladores han reducido considerablemente el concepto de copia privada. Si la reforma se aprueba tal cual est¨¢, solo se considerar¨¢ dentro de esa categor¨ªa a las duplicaciones que se efect¨²en entre particulares partiendo de un original y mediante el empleo de un soporte f¨ªsico (como un CD virgen). El resto se considerar¨¢n copias licenciadas (iTunes y otros servicios del estilo en el que los usuarios firman contratos que habitualmente no leen) o instaladas fuera de la legalidad. Y eso incluye el intercambio de archivos entre pares (el famoso p2p).

Fuentes de la secretar¨ªa de Estado se felicitaron ayer por adelantarse a los tiempos. Los soportes f¨ªsicos est¨¢n en trance de extinci¨®n, luego un canon que los grave deber¨ªa correr la misma suerte. As¨ª, explican, pasar¨¢ cuando est¨¦ lista la directiva que prepara la Uni¨®n Europea al respecto (y que podr¨ªa hacerse esperar hasta dos a?os). No opinan igual en CEDRO, que representa al mundo del libro. La asociaci¨®n consider¨® que ampliar el concepto de la ¡°cita ilustrativa¡± en el ¨¢mbito educativo sin establecer compensaci¨®n a cambio vulnera el derecho comunitario.

Todos ellos, asegur¨® la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, podr¨¢n establecer sus objeciones o alegaciones en el periodo de consultas que qued¨® abierto ayer.

Y parece que habr¨¢ trabajo de sobra. Si algo ins¨®lito ha conseguido esta reforma es unir en el rechazo a las entidades y a la industria con los as¨ª llamados internautas, que ya la han bautizado el proyecto de reforma como ley Lassalle, en referencia al secretario de Estado de Cultura.