El nuevo canon digital se incluir¨¢ en el precio de m¨®viles y soportes de grabaci¨®n
Cultura pacta con las entidades de gesti¨®n un cambio de modelo que exime del pago a las empresas y a la Administraci¨®n La tasa ya no se computa en los Presupuestos Generales
El canon digital muri¨® dos veces. Pero, al menos, aprendi¨® otras tantas lecciones. As¨ª que la nueva versi¨®n de la compensaci¨®n a los creadores por las copias privadas que se pueden hacer de sus trabajos trata de arreglar los errores del pasado: el Ministerio de Cultura y las entidades de gesti¨®n de los derechos de autor han alcanzado un acuerdo que marca las l¨ªneas generales del nuevo modelo, seg¨²n han confirmado a este peri¨®dico tres fuentes conocedoras del pacto.
Es un sistema parecido al canon que estuvo en vigor hasta 2011, aunque modificado: la compensaci¨®n a los autores formar¨¢ parte del precio de los soportes o aparatos de grabaci¨®n de contenidos sujetos a propiedad intelectual (un CD, un m¨®vil, una memoria USB...). Sin embargo, habr¨¢ excepciones, entre ellas, la exenci¨®n para empresas y Administraciones p¨²blicas y la opci¨®n para las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas de pedir un reembolso, si demuestran el fin profesional de las copias que realicen. Las disposiciones figuran en un borrador del correspondiente real decreto, al que ha accedido EL PA?S. Est¨¢ previsto que el nuevo canon entre en vigor el 1 de enero de 2017, aunque antes le espera un amplio recorrido, por el que puede ser modificado: ante todo, precisar¨¢ del visto bueno de los otros ministerios afectados y del Consejo de Ministros. Una vez aprobado el texto definitivo del Real Decreto, adem¨¢s, har¨¢n falta meses para concretar todos los detalles en una orden ministerial.
Cronolog¨ªa de un entuerto
1994. Se introduce en Espa?a una compensaci¨®n equitativa por las copias privadas. Ante un vac¨ªo legal, y usuarios que ya las est¨¢n realizando, la idea es convertirlas en excepci¨®n legal y fijar un pago por ellas. A la saz¨®n, el canon se centra en los soportes anal¨®gicos, como casetes, fotocopiadoras y VHS.
2006. El Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero actualiza la compensaci¨®n al nuevo entorno tecnol¨®gico, de ah¨ª que se hable de canon digital. Ahora la tasa cubre tambi¨¦n memorias USB, archivos externos, lectores de mp3 o m¨®viles.
2011. El canon digital sale da?ado de los tribunales. La Audiencia Provincial de Barcelona establece que solo deben pagarlo las personas f¨ªsicas y no las jur¨ªdicas, en la sentencia del sonado caso Padawan (por el nombre de la empresa que gan¨® el juicio contra la SGAE). Por otro, la Audiencia Nacional anula la orden ministerial que regulaba las cuant¨ªas de la compensaci¨®n.
2012. El 1 de enero entra en vigor la nueva compensaci¨®n con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aprobada por el Gobierno del PP. Los ingresos para las entidades pasan de m¨¢s de cien millones de euros a unos cinco.
2016. El Tribunal de Justicia de la UE, en junio, tumba el nuevo canon. El Supremo, en noviembre, recoge la sentencia europea y declara "inaplicable" el sistema.
Ya no ser¨¢n, por tanto, todos los ciudadanos los que deban sufragar esa tasa a trav¨¦s de los Presupuestos Generales del Estado como estableci¨® la reforma aprobada por el Gobierno en diciembre de 2011. Esta medida fue anulada en noviembre por el Supremo, despu¨¦s de que el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea fallase en junio que choca con la normativa comunitaria.
Tanto las leyes espa?olas como las europeas proh¨ªben que se reproduzcan canciones, pel¨ªculas o libros sin la autorizaci¨®n de sus creadores. Aceptan, sin embargo, una excepci¨®n para aquellas copias que las personas f¨ªsicas realicen para su uso privado sin fin comercial. A cambio, las normativas fijan la obligaci¨®n de abonar una compensaci¨®n econ¨®mica a los creadores a trav¨¦s de las sociedades de gesti¨®n. De ah¨ª que surgiera el canon digital, que afecta a soportes y aparatos como CD, DVD, fotocopiadoras, lectores de Mp3, memorias USB, discos duros, m¨®viles o tabletas. En principio, sus fabricantes e importadores deber¨ªan asumir el pago, aunque nada impide legalmente que lo trasladen a los compradores subiendo los precios de sus productos. De hecho, no los bajaron cuando el canon pas¨® a los Presupuestos Generales.
El asunto, entre pleitos, pol¨¦micas, millones de euros y su complejidad, como reconocen incluso los expertos en la materia, siempre ha sido espinoso. Ahora, adem¨¢s, se hab¨ªa convertido en urgente, ya que no hay ning¨²n sistema v¨¢lido en vigor. El canon se introdujo en 1996, fue actualizado al entorno digital por el Gobierno del PSOE en 2006, y sufri¨® serios reveses judiciales en 2011, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona estableci¨® que solo deb¨ªan pagarlo personas f¨ªsicas y no jur¨ªdicas (caso Padawan) y la Audiencia Nacional directamente anul¨® la orden ministerial que regulaba sus cuant¨ªas. El Ejecutivo del PP opt¨® por introducir un nuevo modelo, impulsado por el entonces secretario de Estado de Cultura, Jos¨¦ Mar¨ªa Lassalle, que acab¨® peor: el Tribunal de Justicia de la UE, en junio, y el Supremo, hace un mes, lo dejaron "inaplicable" por su cobro indiscriminado, creando un vac¨ªo. Y para llenarlo, a falta de las modificaciones posteriores, sirve el acuerdo.
De paso, ambas partes se llevan una satisfacci¨®n. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, empieza a cumplir con ese plan de di¨¢logo y acci¨®n que ¨¦l mismo se impuso en su toma de posesi¨®n. Y las entidades de gesti¨®n celebran el regreso al modelo que siempre defendieron, que aplica casi toda la UE y que les proporciona mayores ingresos: con la compensaci¨®n aprobada por el anterior Gobierno cobraban unos cinco millones de euros respecto al centenar del antiguo canon digital.
Pero, ?cu¨¢nto cobrar¨¢n ahora? Varios estudios, m¨¢s o menos parciales, han venido apuntando cifras entre 50 y 80 millones. Aunque es demasiado pronto para decirlo. Y la misma reflexi¨®n vale para otras preguntas en el aire. ?Qu¨¦ aparatos estar¨¢n sujetos al canon? ?Qu¨¦ tarifas habr¨¢? Y, sobre todo, ?qu¨¦ se considera copia privada? ?Las realizadas en la nube o por los televisores capaces de grabar lo que emiten han de ser compensadas? De estas dudas depende la respuesta a una larga pelea entre quienes defienden que el canon afecta a un fen¨®meno residual, sin apenas ciudadanos que realicen copias privadas, y los que aceptan esta objeci¨®n para el frente anal¨®gico pero invitan a trasladar el debate al mundo digital. Para concretar todo ello se aprobar¨¢ una orden ministerial, tras una negociaci¨®n entre las partes, bajo el paraguas de la Secretar¨ªa de Cultura, como prev¨¦ la versi¨®n provisional del Real Decreto. Sin embargo, una fuente relata haber visto "tres o cuatro" borradores distintos, de ah¨ª que hasta que el texto se presente en el Consejo de Ministros caben modificaciones.
La normativa adem¨¢s pretende evolucionar sobre la marcha, con la posibilidad de modificar tarifas y criterios seg¨²n los cambios del entorno digital y de las tecnolog¨ªas. A¨²n as¨ª, el Real Decreto plantea algunas pistas. Fija, por ejemplo, otra exenci¨®n para "quienes cuenten con la autorizaci¨®n para llevar a efecto la correspondiente reproducci¨®n de obras, prestaciones art¨ªsticas, fonogramas o videogramas, seg¨²n proceda, en el ejercicio de su actividad". El texto avanza tambi¨¦n algunos criterios para establecer la cuant¨ªa a pagar, como la intensidad de uso de los aparatos y soportes, su capacidad de almacenamiento, el impacto de la copia sobre la venta de la obra original o el car¨¢cter digital o anal¨®gico de la reproducci¨®n. Y propone que no haya obligaci¨®n de compensaci¨®n cuando el perjuicio para el autor sea m¨ªnimo.
Sea como fuere, como a menudo ocurre en estos casos, la UE est¨¢ preparando una directiva que armonice todo lo relacionado con el canon a nivel europeo, lo que llevar¨¢ a otras modificaciones. Es decir, que por mucho que lleve a?os, la partida acaba de empezar otra vez.
Las nuevas tarifas de las entidades siguen en el aire
El acuerdo entre Cultura y las entidades de gesti¨®n sobre el nuevo canon es un punto de partida. Queda un amplio recorrido, empezando por la necesidad de que los ministerios afectados y el Consejo de Ministros den su visto bueno al texto. Una vez aprobado, el Real Decreto precisar¨¢ de una orden ministerial que desarrolle sus detalles.
Este nuevo clima de di¨¢logo, que ambos frentes celebran, podr¨ªa beneficiar a otros asuntos pendientes. Uno de los m¨¢s destacados es la fijaci¨®n de las nuevas tarifas que tendr¨¢n que pagar los usuarios de las obras protegidas por el derecho de autor a las entidades.
Promotores musicales, hoteles, radios o televisiones han criticado en los ¨²ltimos a?os a las entidades por precios que consideraban "abusivos". De ah¨ª que la nueva Ley de Propiedad Intelectual modificara los criterios para fijar las tarifas, en busca de un modelo m¨¢s objetiva y razonable.
El plazo para que las entidades presentaran su nuevo plan tarifario venc¨ªa el pasado junio. A partir de ah¨ª ¡ªy con alg¨²n retraso¡ª empezaron las negociaciones con los usuarios. Pero varios de ellos, presentes el mi¨¦rcoles en un encuentro organizado por el diario Cinco D¨ªas y que representaban, entre otros, a radios, promotoras, productoras o gigantes tecnol¨®gicos, volvieron a lamentarse: las entidades, denuncian, han presentado tarifas de hasta un 200% m¨¢s altas. El secretario general de la Secci¨®n Primera de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, Ra¨²l Rodr¨ªguez, tambi¨¦n particip¨® en el acto.
La Secci¨®n Primera tendr¨ªa que hacer de arbitro, o incluso fijar las tarifas, si no hubiese acuerdos entre las partes.
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