La historia agujereada por la ley
La norma espa?ola de desclasificaci¨®n de documentos y las trabas para acceder a los archivos mantienen en penumbra numerosos acontecimientos del pasado reciente
En alg¨²n momento, los diplom¨¢ticos espa?oles en la ONU dejaron de insistir. Llevaban tiempo buscando apoyos para que la salida del S¨¢hara se hiciera bajo el paraguas de la legalidad internacional, con una descolonizaci¨®n ordenada que dejara el destino del pa¨ªs en manos de los lugare?os. Pero cuando las cosas se terminaron de torcer con la ocupaci¨®n de 350.000 marroqu¨ªes a finales de 1975 (la Marcha Verde), con el rey Juan Carlos reci¨¦n llegado a la jefatura del Estado y la guerrilla del Frente Polisario determinada a resistir, Espa?a simplemente se march¨®, dejando su excolonia en manos de Marruecos. Ese fue el resultado de una lucha interna entre una parte del Ministerio de Exteriores y la Diplomacia espa?ola, partidaria de la soluci¨®n descolonizadora, y la Presidencia del Gobierno encabezada por Carlos Arias Navarro, m¨¢s sensible a las pretensiones marroqu¨ªes.
Pero ?por qu¨¦ y c¨®mo gan¨® esa segunda postura? ?Qu¨¦ ministros la apoyaron y cu¨¢les cambiaron de postura tras la muerte de Franco? ?Cu¨¢l fue el papel del Rey? Estas son algunas de las preguntas de la historia reciente de Espa?a que, seg¨²n los especialistas, se podr¨ªan responder, al menos en parte, si no fuera por la? Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta, a diferencia de otros pa¨ªses, no tiene un plazo establecido para la desclasificaci¨®n de documentos; lo decide el Gobierno en cada caso. Y esto no ocurre muy a menudo.?
Las principales asociaciones de investigadores y 160 historiadores han pedido por carta a los grupos parlamentarios que desatasquen la reforma de la ley del 68, aprobada en el Congreso el pasado noviembre a petici¨®n del PNV; se proponen 25 a?os para desclasificar las materias secretas y 10 para las reservadas. La iniciativa sigue desde entonces en el limbo despu¨¦s de 15 pr¨®rrogas del plazo de enmiendas, previo a la tramitaci¨®n de la nueva ley.
Precisamente porque son inaccesibles, es imposible saber exactamente qu¨¦ contienen y qu¨¦ episodios podr¨ªan ayudar a esclarecer los archivos ocultos. Pero el profesor Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Jim¨¦nez, de la Universidad Rey Carlos, est¨¢ convencido de que podr¨ªa responder muchas preguntas sobre el S¨¢hara si le dejaran acceder a las actas de los consejos de ministros de los a?os 1974 y 1975. Tampoco le vendr¨ªa mal echar un vistazo a la documentaci¨®n de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el Alto Estado Mayor del Ej¨¦rcito de esas fechas. ¡°En 2015 hubo una disposici¨®n seg¨²n la cual, para consultar los fondos [en la Real Academia de la Historia] relativos a Marruecos, Sahara, Ifni, Ceuta, Melilla y Gibraltar era preciso una autorizaci¨®n previa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta autorizaci¨®n no significa que se pueda consultar toda la documentaci¨®n, aunque hayan pasado 50 o 25 a?os de los hechos; depende de una decisi¨®n de los encargados del fondo. Y a finales de 2016 se ha cerrado a la consulta de los investigadores. Esto significa que en Espa?a, en materia de Archivos, seguimos retrocediendo¡±, protesta.
De hecho, a la ley de Secretos Oficiales se suman otros problemas, como la dispersi¨®n de documentos entre diversos archivos, p¨²blicos y privados; la destrucci¨®n de una gran cantidad de informaci¨®n (por dejadez y tambi¨¦n de forma sistem¨¢tica durante la Transici¨®n, seg¨²n numerosos estudiosos); o la arbitrariedad de los propios archiveros, ante la ausencia de criterios comunes. La ley de Patrimonio Hist¨®rico establece que si hay ¡°datos personales de car¨¢cter policial, procesal, cl¨ªnico¡± o cualquier otro detalle privado, los documentos no podr¨¢n consultarse a no ser que lo acepte el afectado, hayan pasado 25 a?os de su muerte o 50 desde que se firmaron desde que se firmaron. Esto afecta de lleno a los papeles de la Brigada Pol¨ªtico Social (la polic¨ªa pol¨ªtica del franquismo) o la Guardia Civil, aunque no est¨¦n clasificados.
As¨ª, entre unas y otras circunstancias, el resultado es una situaci¨®n que los historiadores tachan de an¨®mala y absurda, porque tienen que recurrir una y otra vez a fondos extranjeros para contar la historia de Espa?a. La cual sigue, en todo caso, llena de agujeros. Los siguientes son solo algunos ejemplos.
Accidentes a¨¦reos. En julio de 1936, el teniente general Jos¨¦ Sanjurjo, uno de los principales conspiradores del golpe de Estado contra la II Rep¨²blica, muri¨® en un accidente a¨¦reo en Estoril (Portugal). Algo menos de un a?o despu¨¦s, muri¨® del mismo modo otro de los competidores de Franco como l¨ªder de los sublevados, el general Mola. Y al a?o siguiente, Ram¨®n Franco, el hermano del futuro dictador. La profesora de la Complutense Mirta N¨²?ez D¨ªaz-Balart se pregunta si esos sucesos fueron tan accidentales. El golpe de 1936 y la posterior Guerra Civilson ¨¦pocas oscuras, tambi¨¦n en cuanto a documentaci¨®n. N¨²?ez ha estudiado en profundidad la represi¨®n sistem¨¢tica contra el bando republicano (en forma de ejecuciones, reclusiones, humillaciones¡), pero asegura que falta mucha informaci¨®n para conocer la verdadera extensi¨®n de aquel proceso. Por ejemplo, ser¨ªa fundamental el acceso al archivo de Falange, aunque sospecha que buena parte del mismo ha sido destruida.
Entramados econ¨®micos. "[Con acceso a la documentaci¨®n clasificada], podr¨ªamos saber las redes de amistades, familiares y nep¨®ticas que se han enriquecido en tiempos de la dictadura y a?os posteriores", asegura la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Matilde Eiroa. Y desarrolla las inc¨®gnitas: ¡°C¨®mo gestionaron la escasez en tiempos de la autarqu¨ªa, c¨®mo consiguieron las grandes fortunas en el contexto de un pa¨ªs pobre y en v¨ªas de desarrollo, hasta qu¨¦ punto tuvieron influencia en los Gobiernos, si actuaron como un Gobierno en la sombra o no, qu¨¦ privilegios tuvieron, qu¨¦ mano de obra utilizaron en sus empresas (?trabajo esclavo republicano?)¡±.
El contubernio de M¨²nich. En 1962, un grupo de opositores al r¨¦gimen franquista ¡ª118 representantes pol¨ªticos de todas las tendencias, del interior y el exilio, con excepci¨®n del PCE- se reunieron en M¨²nich y, entre otras cosas, pidieron a la Comunidad Econ¨®mica Europea que no aceptara la adhesi¨®n de Espa?a hasta que no respetase las reglas de la democracia. El Gobierno de Franco no solo reaccion¨® con una feroz campa?a de desprestigio ¨Clo llam¨® el contubernio de M¨²nich-, sino que inici¨® una implacable represi¨®n pol¨ªtica contra algunos de los asistentes. La profesora Eiroa tambi¨¦n se pregunta c¨®mo se ejecut¨® esa persecuci¨®n o c¨®mo se eligieron los objetivos. Unas claves que pueden estar en la documentaci¨®n de la Brigada Pol¨ªtico Social. Con ella, se podr¨ªa ¡°conocer c¨®mo funcionaba la pol¨ªtica del franquismo, qui¨¦nes eran sus objetivos, qu¨¦ procedimientos utilizaban para obtener informaci¨®n (desde torturas a sistemas de vigilancia y espionaje), qui¨¦nes eran los grupos y las actuaciones perseguidas dentro y fuera de Espa?a¡±, asegura.
Norte de ?frica. En el verano de 1970, desapareci¨® en el S¨¢hara espa?ol Bassir Mohamed uld Hach Brahim uld Lebster, Basiri, l¨ªder de la organizaci¨®n independentista que dar¨ªa origen al Frente Polisario. Poco antes, hab¨ªa sido detenido por las autoridades espa?olas. El periodista y escritor Tom¨¢s B¨¢rbulo reconstruy¨® este suceso en el libro La Historia prohibida del S¨¢hara espa?ol, pero tuvo que hacerlo a partir de testimonios indirectos, pues en el Archivo General de la Administraci¨®n hay numerosas lagunas y los pocos documentos que quedan sobre Basiri est¨¢n, asegura, falsificados. B¨¢rbulo relata c¨®mo durante su investigaci¨®n, un simple cambio del responsable del archivo pod¨ªa suponer acceso generalizado o completamente restringido a la documentaci¨®n. Los historiadores Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Jim¨¦nez y Carlos Sanz recuerdan que gran parte de los informes sobre la descolonizaci¨®n del S¨¢hara permanecen clasificados, como todo lo que tiene que ver con Ceuta y Melilla.
Rep¨²blica o monarqu¨ªa. El pasado noviembre se conoci¨® una entrevista in¨¦dita de 1995 en la que el expresidente del Gobierno Adolfo Su¨¢rez confesaba que en la Transici¨®n no se hizo un refer¨¦ndum sobre rep¨²blica o monarqu¨ªa porque sus encuestas dec¨ªan que ganar¨ªa la primera. La soluci¨®n que adoptaron fue la de meter ¡°la palabra rey y la palabra monarqu¨ªa¡± en la Reforma Pol¨ªtica de 1977. Este es el ejemplo que usa la profesora Eiroa para llamar la atenci¨®n sobre todo lo que queda por saber de la Transici¨®n y de ¡°los acuerdos y decisiones de los Gobiernos de Su¨¢rez con respecto al sistema pol¨ªtico imperante en Espa?a¡±.
Alianza Atl¨¢ntica. Durante la discusi¨®n en el Congreso, en 1986, sobre el refer¨¦ndum de permanencia de Espa?a en la OTAN, el expresidente Calvo Sotelo mencion¨® unas actas de las conversaciones mantenidas con la Alianza Atl¨¢ntica antes de la adhesi¨®n del pa¨ªs en 1982. En su r¨¦plica, Felipe Gonz¨¢lez dijo que le gustar¨ªa tener acceso a esas actas, insinuando que ya no estaban en Asuntos Exteriores. Ning¨²n investigador ha podido, seg¨²n el profesor de la Complutense Carlos Sanz, acceder a esas actas que podr¨ªan aclarar las posibles amenazas para Espa?a que se abordaron en aquellas conversaciones o la participaci¨®n en la estructura de mandos y el estado de preparaci¨®n de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que pocos meses antes de la entrada en la OTAN se hab¨ªa producido el intento de golpe de Estado del 23-F (un tema que tambi¨¦n sigue clasificado).
La seguridad del Estado y el derecho a la informaci¨®n
La exministra de Defensa socialista Carme Chac¨®n propuso en 2011 la desclasificaci¨®n de 10.000 documentos fechados entre 1936 y 1968, sobre temas como los campos de concentraci¨®n y los batallones de trabajo tras la Guerra Civil, la pol¨ªtica del Protectorado espa?ol en Marruecos, las operaciones en Sidi Ifni o las dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Se hab¨ªa concluido que su publicaci¨®n ya no es un riesgo para la seguridad del Estado. El trabajo estaba hecho, los papeles expurgados de puntos conflictivos, pero falt¨® el ¨²ltimo paso: su desclasificaci¨®n en el Consejo de Ministros.
Y el sucesor de Chac¨®n en el Ministerio de Defensa, ya con el Gobierno del PP, Pedro Moren¨¦s, abort¨® el proceso en 2012. Una decisi¨®n contra la que se levantaron p¨²blicamente un centenar de historiadores y juristas, entre ellos, Francisco Espinosa, Mirta N¨²?ez D¨ªaz-Balart, Manuel ?lvaro N¨²?ez, Paul Preston, Josep Fontana, ?ngel Vi?as, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Mart¨ªnez Rus.
¡°Los dos Gobiernos del se?or Rajoy se caracterizan, en pol¨ªtica de archivos, por haber dado un par¨®n a la creciente apertura que se hab¨ªa registrado desde 1976. Es decir, un r¨¦cord del que no debemos sentirnos particularmente orgullosos. En algunos temas, Espa?a estaba en cabeza, por ejemplo, en la desclasificaci¨®n de documentos diplom¨¢ticos entre los pa¨ªses de la UE¡±, relata por correo electr¨®nico el historiador ?ngel Vi?as.
En noviembre del a?o pasado, el Congreso de los Diputados aprob¨® una proposici¨®n del PNV (por 169 votos a favor, 3 en contra y 162 abstenciones) para tramitar una nueva ley de Secretos Oficiales que sustituya a la de 1968. Pero todav¨ªa no ha empezado a tramitarse porque la Mesa del Congreso lleva desde entonces alargando el plazo de enmiendas; la decimoquinta pr¨®rroga termina el pr¨®ximo 6 de junio.
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