La Historia, en el banquillo

¡°Los Franco dicen que calumnio e injurio¡±. Carlos Bab¨ªo (Sada, A Coru?a, 1967) public¨® en 2017 junto al historiador Manuel P¨¦rez Lorenzo el libro Meir¨¢s. Un pazo, un caudillo, un espolio (Fundaci¨®n Galiza Sempre), la primera gran investigaci¨®n sobre la entrega al dictador del pazo cuya devoluci¨®n reclaman el Ayuntamiento de Sada, la Diputaci¨®n de A Coru?a, el Parlamento de Galicia y el Gobierno de la Xunta. Antes de publicarlo, Bab¨ªo investig¨® ¡°22 a?os¡± para demostrar lo que afirma, con ¡°abundantes fuentes, testimonios y documentos¡±. Sin embargo, no ha sido esta obra la que hizo revolverse a los Franco, sino dos intervenciones televisivas de este exconcejal del Bloque Nacionalista Galego en Sada, en las que no afirmaba nada que no hubiera escrito antes. Con la exhumaci¨®n del Valle de los Ca¨ªdos candente, Bab¨ªo ha recibido este a?o dos demandas de la prole del dictador. Las ¨²ltimas dos semanas deb¨ªan haberse celebrado sendos actos de conciliaci¨®n en juzgados de Alcobendas y Madrid, el ¨²ltimo el pasado mi¨¦rcoles, a los que el escritor no se present¨®. ¡°No tengo nada que conciliar con los Franco¡±, insiste.

Bab¨ªo es uno de los expertos que, en los ¨²ltimos a?os, ya fuese en libros, art¨ªculos de revistas especializadas, webs o programas de televisi¨®n ha tenido pleitos por contar hechos de la Guerra Civil o la represi¨®n del r¨¦gimen franquista que han molestado a los descendientes de los se?alados, un jaque a la libertad de informaci¨®n que rebrot¨® el pasado martes, cuando EL PA?S destap¨® la decisi¨®n de la Universidad de Alicante (UA) de eliminar en varios art¨ªculos publicados en su dominio de internet de un catedr¨¢tico de Literatura de esta instituci¨®n el nombre indexado de Antonio Luis Baena Toc¨®n, alf¨¦rez que ejerci¨® de secretario judicial en el consejo militar que conden¨® a muerte al poeta Miguel Hern¨¢ndez (la pena fue finalmente conmutada por 30 a?os de c¨¢rcel).

La primera de las denuncias a Bab¨ªo fue por asegurar en el programa En el punto de mira, de Cuatro, que para acrecentar de seis a nueve hect¨¢reas la finca, una junta del r¨¦gimen llev¨® a cabo una expropiaci¨®n en la que los labriegos fueron llevados a la fuerza a firmar en A Coru?a. ¡°Mi abuela fue expulsada de su casa en 1938 bajo amenazas y extorsiones¡±, expres¨®. La segunda lleg¨® despu¨¦s de su participaci¨®n en un espacio de La Sexta por hablar del ¡°expolio¡± del patrimonio gallego para embellecer Meir¨¢s. Bab¨ªo puso como ejemplo la torre del Pazo de Benda?a (Dodro, A Coru?a), ¡°desmontada y trasladada¡± a la mansi¨®n de Franco para ¡°decorar los jardines¡±. ¡°Lo que pretenden es amedrentar, que cada vez que abras la boca recibas una demanda¡±, a?ade. Y lamenta que la Justicia ¡°considera ese momento hist¨®rico como si fuera un periodo normal [de hecho, el Tribunal Supremo acaba de fallar que Franco ya era el jefe de Estado en 1936, tres meses despu¨¦s del inicio de la Guerra Civil]¡±.

En el caso Miguel Hern¨¢ndez, planteado por un hijo de Baena Toc¨®n, se alega la ley de protecci¨®n de datos personales, cuando el Reglamento General de Protecci¨®n de Datos, de ¨¢mbito europeo, en aplicaci¨®n desde 2018, se indica que la protecci¨®n de datos no podr¨¢ obstaculizar los estudios de los historiadores. En todo caso, ese supuesto derecho invocado solo cubre a personas f¨ªsicas, no a fallecidos.

La decisi¨®n de la UA puede ser un precedente para ¡°interferir en la labor de los historiadores, incluso tener efectos paralizantes, un absurdo cuando en muchos casos esos trabajos son financiados con dinero p¨²blico¡±, dice el presidente de la Asociaci¨®n de Historia Contempor¨¢nea, Ismael Saz, catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea de la Universitat de Val¨¨ncia. Saz se?ala que la decisi¨®n del centro alicantino supone adem¨¢s ¡°decantarse contra sus propios acad¨¦micos en un asunto sobre el que a¨²n no hay una decisi¨®n judicial, por lo que los deja en indefensi¨®n¡±.

Otro historiador, Francisco Espinosa Maestre, ya recogi¨® 12 de este tipo de casos en el libro Callar al mensajero (Pen¨ªnsula, 2009). Como el de Marta Cap¨ªn, a quien el hijo de un fusilado, trabajador del sanatorio psiqui¨¢trico en Valdedi¨®s (Asturias) le encarg¨® un libro para saber qu¨¦ le hab¨ªa ocurrido a su padre. ¡°Era un hospital que al inicio de la guerra lo trasladaron de Oviedo a Valdedi¨®s¡±, dice Cap¨ªn. ¡°Cuando lleg¨® all¨ª el regimiento Arapiles, el director del centro, Pedro Quir¨®s Isla, les entreg¨® un listado de personas que hab¨ªa que fusilar, con trabajadores que le hab¨ªan denunciado por temas laborales¡±. Fueron asesinadas en octubre de 1937 cerca de 30 personas, y arrojadas a una fosa. Tras bucear en el Archivo Militar de Ferrol, donde encontr¨® la documentaci¨®n, Cap¨ªn public¨® en 2004 El Valle de dios, que le vali¨® una querella de los hijos de Quir¨®s Isla. ¡°La jueza me absolvi¨® en 2007 porque hab¨ªa quedado acreditado que era una investigaci¨®n. Ellos recurrieron a la Audiencia Provincial de Oviedo, que tambi¨¦n me absolvi¨®, que argumenta que el honor no se hereda¡±. Pese a la victoria judicial, Cap¨ªn reconoce que este asunto le ¡°cost¨® dinero e intranquilidad¡± porque llegaron a pedirle c¨¢rcel y 500.000 euros de indemnizaci¨®n. De lo intrincado de la ¨¦poca, Cap¨ªn apunta que un soldado del regimiento que vio la lista de los que iban a morir comprob¨® que hab¨ªa una enfermera que se apellidaba como ¨¦l. Eran primos. Le dijo que se fuera del hospital lo antes posible. ¡°Ella avis¨® a otra compa?era y las dos salvaron la vida¡±.