La nueva ley audiovisual impondr¨¢ a las grandes plataformas de ¡®streaming¡¯ financiar cine espa?ol independiente, en lenguas cooficiales y hecho por mujeres

Llega un a?o y medio tarde. Despu¨¦s de decenas de audiencias con el sector, quejas, pol¨¦micas, una negociaci¨®n con los independentistas catalanes que casi dinamita los Presupuestos Generales del Estado y un sinf¨ªn de enmiendas. Pero, al fin, llega: la Comisi¨®n de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital vota hoy el dictamen de la Ley General de Comunicaci¨®n Audiovisual, llamada a traer cambios fundamentales en el sector. Y el borrador del texto ¡ªal que ha tenido acceso ...

Llega un a?o y medio tarde. Despu¨¦s de decenas de audiencias con el sector, quejas, pol¨¦micas, una negociaci¨®n con los independentistas catalanes que casi dinamita los Presupuestos Generales del Estado y un sinf¨ªn de enmiendas. Pero, al fin, llega: la Comisi¨®n de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital vota hoy el dictamen de la Ley General de Comunicaci¨®n Audiovisual, llamada a traer cambios fundamentales en el sector. Y el borrador del texto ¡ªal que ha tenido acceso EL PA?S y que a¨²n puede estar sujeto a cambios de ¨²ltima hora¡ª confirma que las grandes plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney + tendr¨¢n que dedicar un 5% de los ingresos generados en Espa?a a financiar obra audiovisual europea (con una cuota reservada a pel¨ªculas y series en castellano y lenguas cooficiales del Estado), ya sea produci¨¦ndola, distribuy¨¦ndola o aportando dinero al Fondo de Protecci¨®n de la Cinematograf¨ªa o al Fondo de fomento de la cinematograf¨ªa y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. La base del borrador cuenta con el apoyo de la coalici¨®n de gobierno y sus socios de investidura, aunque un diputado subraya que puede haber cambios. Todav¨ªa hoy jueves, o incluso la semana que viene, cuando est¨¢ prevista la votaci¨®n definitiva ante el pleno del Congreso, no se descartan modificaciones. Junts y PDeCAT tienen previsto votar en contra.

Las plataformas (el texto se refiere en concreto a las que recauden m¨¢s de 10 millones anualmente) deber¨¢n destinar el 70% de esos ingresos ¡ªes decir, el 3,5% del total¡ª a producciones independientes, en castellano u otra lengua cooficial. Dentro de esa cuota, estar¨¢ reservado para catal¨¢n, gallego y vasco al menos un 15%. Y, a su vez, en este porcentaje, cada idioma tendr¨¢ que estar representado al menos en un 10%. Es decir, en resumen, significa que el 0,525% de los ingresos totales anuales en Espa?a de las grandes plataformas (lunos 15 millones de euros si se usan las cifras de 2020) deben servir para financiar producciones en lenguas cooficiales.

Tras el mar de cifras, puede entreverse un cambio clave. O una decepci¨®n, para quien se?ala que la ley espa?ola se refiere a un 5% de los ingresos mientras que la francesa lleg¨® al 20%, y que al final se tratar¨¢ de migas. Pero, por primera vez, los colosos audiovisuales y, en general, las plataformas de streaming estar¨¢n obligados a comprometerse, al menos un poco, con la producci¨®n continental y nacional, algo que ya hac¨ªan las televisiones tradicionales. La otra certeza es que se acerca el fin de un proceso en el que el Gobierno espa?ol acumula retrasos desde el 19 de septiembre de 2020. Ese, al menos, era el plazo que fij¨® la Directiva Europea que ahora se va a transponer.

No por nada el texto suma 131 p¨¢ginas, 164 art¨ªculos y varias disposiciones. Y afecta a asuntos tan dispares y relevantes como la prominencia del cat¨¢logo europeo y nacional, la protecci¨®n de los menores ¡ªcon horarios para ciertos programas, controles parentales o la prohibici¨®n de usar sus datos con fines comerciales¡ª, la financiaci¨®n de RTVE ¡ªun 1,5% de los ingresos generados en Espa?a por parte de las plataformas¡ª o los primeros controles a los principales youtubers. El texto los bautiza como ¡°usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de v¨ªdeos a trav¨¦s de plataforma¡±: entre otras cosas, tendr¨¢n que inscribirse en un registro oficial y respetar ciertas normas de protecci¨®n de los menores.

Aunque el foco principal de la ley es el audiovisual europeo. Y la obligaci¨®n de reinvertir los ingresos espa?oles de los grandes colosos viene con m¨¢s imposiciones: del 70% destinado a producci¨®n independiente, al menos un 30% ha de reservarse a obras ¡°creadas o dirigidas exclusivamente por mujeres¡± y un m¨ªnimo del 45% debe financiar ¡°pel¨ªculas cinematogr¨¢ficas¡±. Es decir, en principio, aquellas que vayan a estrenarse en salas. En el caso de las plataformas de televisiones p¨²blicas, el porcentaje de ingresos a reinvertir sube al 6%, y se prev¨¦ una peque?a cuota espec¨ªfica tambi¨¦n para apoyar animaci¨®n y documentales.

Las obligaciones, eso s¨ª, se reducen para las plataformas que ingresen menos de 50 millones anuales, y desaparecen para las que tengan un bajo volumen de ingresos. He aqu¨ª uno de los muchos aspectos ambiguos que adelanta posibles embrollos: la ingenier¨ªa fiscal de los colosos del streaming, cuyas sedes principales europeas se hallan en Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo o Irlanda, les ha permitido durante a?os presentar declaraciones raqu¨ªticas ante la Hacienda espa?ola. El control, de este y otros aspectos, corresponder¨¢ al Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n digital y, especialmente, a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia. Y la parte quiz¨¢s m¨¢s esperada de la ley, en todo caso, se har¨¢ efectiva un a?o despu¨¦s de su entrada en vigor, como aclara una disposici¨®n final.

Pol¨¦micas ha generado tambi¨¦n la obligaci¨®n para las plataformas de streaming de dedicar al menos un 30% de su cat¨¢logo a obras europeas. Ese m¨ªnimo est¨¢ establecido por Bruselas, as¨ª que afectar¨¢ a todas las empresas que operen en el continente. Sin embargo, las condiciones que a?ade la ley nacional solo valdr¨¢n para las plataformas con su sede principal en Espa?a, como Filmin o Movistar +: filmes y series en espa?ol o lenguas cooficiales deber¨¢n suponer al menos la mitad de ese porcentaje. Netflix o Disney + quedan exentos, algo que ha suscitado quejas por el trato diferente y acusaciones al Gobierno de ceder ante la presi¨®n de las grandes empresas. M¨¢s en general, el texto establece numerosas excepciones para plataformas con bajos recursos, audiencia reducida o cuya actividad de streaming poco tenga que ver con el objeto de la ley. Los incumplimientos de la normativa se tipifican en sanciones muy graves, graves y leves, con una multa m¨¢xima que toca el mill¨®n y medio de euros.

Otra de las claves que los diputados deb¨ªan resolver era la definici¨®n de productor independiente, una de las principales preocupaciones del sector. Finalmente, de momento queda as¨ª: ¡°La persona f¨ªsica o jur¨ªdica que no est¨¢ vinculada de forma estable en una estrategia empresarial com¨²n con un prestador del servicio de comunicaci¨®n audiovisual [¡­] y que asume la iniciativa, la coordinaci¨®n y el riesgo econ¨®mico de la producci¨®n de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestaci¨®n los pone a disposici¨®n de dicho prestador del servicio de comunicaci¨®n audiovisual¡±.

La referencia a la diversidad ling¨¹¨ªstica recorre toda la ley, y se menciona en varias ocasiones que las Comunidades Aut¨®nomas podr¨¢n aumentar las obligaciones para las televisiones locales. Y, hacia el final del texto, se lee: ¡°Se establecer¨¢ un fondo de ayudas por parte del Estado y las Comunidades Aut¨®nomas con lenguas oficiales cuyo importe ser¨¢ transferido en su integridad a los organismos competentes de aquellas Comunidades Aut¨®nomas con lenguas oficiales que los gestionar¨¢n conforme a sus competencias. Este fondo se dotar¨¢ con las aportaciones que realicen cada Comunidad Aut¨®noma con lengua oficial y el Estado, conforme a las disponibilidades presupuestarias aprobadas anualmente¡±.

Tambi¨¦n aparece a menudo la referencia a favorecer la autorregulaci¨®n, sobre todo a trav¨¦s de un acuerdo entre las plataformas de streaming, que tendr¨¢ que impulsar la CNMC ¡ªel trabajo clave que se asigna a este organismo en el texto tambi¨¦n suscita dudas de que no pueda con tantas tareas¡ª para que est¨¦ aprobado a los seis meses de entrar en vigor la ley. Otra espina dorsal es la accesibilidad universal, como objetivo al que el sector audiovisual debe aspirar: se establecen, por ejemplo, m¨ªnimos de obras subtituladas en los cat¨¢logos, tanto de emisoras tradicionales como de plataformas. Y un asunto transversal es la b¨²squeda de la igualdad, ya sea castigando cualquier obra que fomente la discriminaci¨®n o el machismo o encargando a la CNMC ¡°un informe anual sobre la representaci¨®n de las mujeres en los programas y contenidos audiovisuales emitidos por prestadores del servicio de comunicaci¨®n audiovisual de ¨¢mbito estatal¡±.

Habr¨¢ consenso entre los partidos en algunos aspectos. Y disenso, seguramente, en otros. Pero todos pueden estar de acuerdo con una de las primeras frases del texto: ¡°La relevancia de los contenidos audiovisuales en la sociedad actual apenas necesita ser subrayada¡±. De ah¨ª que la ley ni pierda el tiempo con eso. Basta con escuchar a cualquiera por la calle.

Con informaci¨®n de Camilo S. Baquero.