La nueva ley audiovisual no contenta a (casi) nadie

Todav¨ªa no se conoce ni el texto del proyecto de la nueva ley audiovisual. Y, sin embargo, ya se encuentra en el ojo del hurac¨¢n. Algunos protestan insistentemente para cambiar la reforma, como los nacionalistas catalanes, algunas plataformas espa?olas o los productores independientes. Otros callan, como los colosos Netflix o Disney +. La Comisi¨®n Europea ha empezado incluso las acciones legales. Casi no se escuchan, en cambio, voces a favor. Sin haber llegado siquiera al Consejo de Ministros, la nueva Ley General de Comunicaci¨®n Audiovisual se ha vuelto un avispero de pol¨¦micas para el Gobierno. Y un problema pol¨ªtico, en un momento especialmente delicado, la b¨²squeda de apoyos para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Adem¨¢s, Bruselas tambi¨¦n amenaza a Espa?a con posibles sanciones.

De los m¨²ltiples frentes abiertos, el m¨¢s evidente es el retraso: hace ya tres a?os que la UE aprob¨® una directiva para proteger cine y series locales ante la invasi¨®n de grandes plataformas como Netflix, HBO o Disney +. Entre otras medidas, prev¨¦ que sus cat¨¢logos incluyan ¡°al menos un 30% de obras europeas¡± y le den ¡°prominencia¡±. A partir de ah¨ª, los Estados miembros pueden aumentar ese porcentaje y matizarlo: el primer anteproyecto de la ley en Espa?a, por ejemplo, establec¨ªa que la mitad de ese 30% ¡ªes decir, un 15% del cat¨¢logo total¡ª fuera destinado a obras en castellano u otras lenguas cooficiales.

El plan de Bruselas tambi¨¦n deja abierta la puerta para que cada pa¨ªs obligue a las grandes plataformas a financiar la producci¨®n nacional: el anteproyecto espa?ol impon¨ªa a empresas como Netflix o Movistar que invertieran un 5% de sus ingresos generados en Espa?a en la producci¨®n de filmes y series del pa¨ªs, algo que ya cumplen desde hace a?os las televisiones tradicionales. Aunque Francia, por comparar, ha fijado ese m¨ªnimo en el 20%.

Plazo vencido

El plazo para transponer la normativa, en todo caso, venci¨® el 19 de septiembre de 2020. En noviembre de ese a?o, la Comisi¨®n Europea presion¨® a los 23 Estados miembros que lo hab¨ªan incumplido. Ahora solo quedan nueve d¨ªscolos, incluida Espa?a, y a Bruselas se le ha acabado la paciencia. As¨ª que, la semana pasada, envi¨® sendos dict¨¢menes motivados, adem¨¢s de avisar en un comunicado de que ¡°disponen de dos meses para remediar la situaci¨®n y adoptar disposiciones nacionales de transposici¨®n [¡­]. Adem¨¢s, la Comisi¨®n puede optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea¡±. Ante ello, fuentes del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital, responsable del proyecto, se limitan a se?alar que ¡°no hay una fecha establecida¡± para que la ley llegue al Congreso. Tambi¨¦n evitan comentar cualquier aspecto concreto sobre el texto ¡°mientras no est¨¦ ultimado¡±. Y aqu¨ª empiezan los otros problemas.

Los grupos nacionalistas, decisivos para la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo, han aumentado la presi¨®n para conseguir que el texto reserve una cuota espec¨ªfica de financiaci¨®n y presencia a las obras en lenguas cooficiales. Y tienen apoyos dentro de las dos formaciones pol¨ªticas del Gobierno, ya que tanto los socialistas catalanes como En Com¨² Podem se han mostrado a favor de una medida de ese tipo. El l¨ªder del PSC, Salvador Illa, incluso ha dado a entender que el Ejecutivo estudia incorporar esa demanda al texto a¨²n en estudio. El aliado que m¨¢s necesita el Gobierno, ERC, sin vincular directamente su posici¨®n sobre los Presupuestos con la ley del audiovisual, s¨ª ha subrayado que esta es ahora mismo una de sus principales reivindicaciones al Ejecutivo. El independentismo duro de Junts, en cambio, lo ha expuesto sin ambages: si no se cambia el anteproyecto, ni siquiera se sentar¨¢ a negociar las cuentas del Estado. El Gobierno ya no contaba con los apoyos de este grupo, pero s¨ª de otra formaci¨®n catalana, el PDeCAT, que, al igual que los vascos del PNV y EH Bildu, piden que se reforme el texto.

Al debate sobre los idiomas se suma otro, m¨¢s general. Porque Santiago de Bernardo, responsable de La Pantalla Digital ¡ªuna gu¨ªa en l¨ªnea de las plataformas espa?olas reconocida por el Gobierno¡ª denuncia que la mayor¨ªa de obligaciones solo corresponder¨¢ a las empresas nacionales, como Filmin o Movistar +. La clave, para ¨¦l, se halla en el art¨ªculo 3 del ¨²ltimo anteproyecto que se dio a conocer: ¡°El servicio de comunicaci¨®n audiovisual est¨¢ sujeto a lo dispuesto en esta ley siempre que el prestador [...] se encuentre establecido en Espa?a¡±. A falta de cambios en el nuevo texto, seg¨²n su interpretaci¨®n, incluso si el Gobierno aceptara las reivindicaciones de Junts, no afectar¨ªan a Netflix (cuya sede fiscal europea se halla en Pa¨ªses Bajos) o Disney + (Luxemburgo). Fuentes del ministerio tampoco quisieron aclarar este asunto.

Las plataformas, principales afectadas aunque en distinta medida seg¨²n su origen y a expensas de lo que determine el texto, tambi¨¦n guardan silencio en su mayor¨ªa. Contactadas por este peri¨®dico, Netflix, con estudios en Tres Cantos (Madrid); HBO, Amazon y Movistar + (que ya ha rodado, por ejemplo, Merl¨ª. Sapere Aude, en catal¨¢n) prefieren no comentar nada hasta que la ley no se convierta en realidad.

Filmin es una de esas plataformas que cumplen los requisitos que marca la Ley Audiovisual. Est¨¢ a punto de lanzar su primera producci¨®n propia, la adaptaci¨®n en forma de serie del libro Doctor Portuondo, de Carlo Padial. Jos¨¦ Antonio de Luna, uno de los socios fundadores y director de negocio de Filmin, comenta que la plataforma se declara dispuesta a producir en catal¨¢n, euskera y gallego, pero considera que ese tipo de inversi¨®n ¡°debe ser una oportunidad y no una limitaci¨®n¡±. Subir el porcentaje obligatorio de ingresos invertidos en contenidos nacionales a un 10%, como se est¨¢ debatiendo, llevar¨ªa a una empresa como Filmin a ¡°cuestionar la viabilidad¡± de su proyecto. ¡°Para el sector supondr¨ªa ser menos competitivos con respecto a otros pa¨ªses y perder inversiones internacionales que en estos momentos, est¨¢n creando muchos puestos de trabajo¡±, argumenta.

Hay m¨¢s preocupaciones: la PAP (Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes) ha pedido en un comunicado que la inversi¨®n tenga en cuenta tambi¨¦n las obras al margen del cine m¨¢s conocido o comercial. Y los responsables de los Consejos Audiovisuales de Catalu?a, Andaluc¨ªa y Valencia, Roger Loppacher, Antonio Checa y Jos¨¦ Mar¨ªa Vidal (respectivamente), han afirmado en una tribuna publicada en EL PA?S: ¡°Entendemos que [el proyecto] deber¨ªa ser m¨¢s ambicioso en promover la contribuci¨®n de las grandes plataformas digitales a la producci¨®n local y a la diversidad cultural¡±, entre otros apuntes. Solo el texto definitivo de la ley puede solucionar los problemas y las cr¨ªticas. O aumentarlos. Y aunque el Gobierno sigue sin ofrecer fechas, Europa lo tiene claro: no m¨¢s de dos meses. Cinco d¨ªas, de hecho, ya han pasado.

Con informaci¨®n de Juan Carlos Galindo y H¨¦ctor Llanos Mart¨ªnez.