Catalu?a, Espa?a y el federalismo

La sociedad espa?ola tiene planteados dos problemas b¨¢sicos de cuya pronta resoluci¨®n depende claramente su futuro. Uno de ellos es el de la salida de la presente crisis econ¨®mica. Una salida que a diferencia de las precedentes, practicadas bajo los gobiernos de Franco, no debe realizarse a expensas de los sectores populares, ni tampoco puede ser una mera respuesta coyuntural que simule resolver el problema en base a aplazarlo: la socorrida t¨¦cnica de huir hacia adelante debe descartarse de una vez por todas.El segundo problema es el de la democratizaci¨®n de las estructuras pol¨ªticas. A ¨¦ste, en concreto, es al que desear¨ªa referirme en esta ocasi¨®n. Es evidente, y casi no necesario recordarlo una vez m¨¢s, que. la democracia exige como condiciones b¨¢sicas generales lo que el Equipo Dem¨®crata Cristiano del Estado Espa?ol recordaba en su ¨²ltima declaraci¨®n del 13 de mayo:

- La convocatoria de unas elecciones generales promulgadas bajo decreto-ley y en r¨¦gimen de sufragio universal, directo y secreto.

- La derogaci¨®n de las normas legales y la reforma de los art¨ªculos del C¨®digo Penal que proh¨ªben la existencia de los partidos pol¨ªticos.

- El reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales de libre expresi¨®n, reuni¨®n y manifestaci¨®n.

Todos estos puntos definen la alternativa democr¨¢tica a la que aspiran la mayor¨ªa de los ciudadanos.

Pero tambi¨¦n es evidente, que la democracia no se agota con la libertad para organizar el pluralismo, ni en el sufragio universal: empieza con ello, pero no finaliza en ello. Porque la esencia de la democracia, del predominio de las decisiones colectivas sobre cualquier otro tipo de instancia, radica precisamente en su car¨¢cter de construcci¨®n cotidiana. Mas este quehacer diario resulta imposible sin una participaci¨®n de la persona en los ¨¢mbitos m¨¢s inmediatos, en donde se definen y realizan las decisiones pol¨ªticas. El Estado moderno, este Estado que rige nuestra sociedad de 35 millones de habitantes, industrializada, urbana y a un tiempo rural, sujeta a profundos procesos de cambio, compleja en definitiva, no puede continuar, y menos bajo una concepci¨®n democr¨¢tica con una organizaci¨®n centralista del propio Estado. En el fondo esto est¨¢ tan claro que nadie hoy toma la defensa del Estado centralista... al menos directamente.

Los actuales defensores del centralismo hablan hoy de regionalizaci¨®n, entendiendo como tal un simple proceso de descentralizaci¨®n del actual y atosigado aparato administrativo, lo cual equivale a esquivar el meollo de la cuesti¨®n, porque democratizar a nivel territorial la estructura del Estado tiene poco que ver con la simple racionalizaci¨®n administrativa del mismo. No, la cuesti¨®n central del asunto es otra. Concretamente se trata de reconocer a los pa¨ªses y regiones que componen Espa?a la capacidad pol¨ªtica para autogobernarse.

Las capacidades y atribuciones de este autogobierno pueden ser objeto de negociaci¨®n, pero en cualquier caso, lo que no resultar¨ªa negociable es el principio de derecho que fundamenta el acceso a aqu¨¦llas capacidades.

Bajo este planteamiento, el ¨²nico que puede asegurar un futuro basado en la justicia, la libertad y la solidaridad entre los diversos pueblos del Estado espa?ol, existen diversas posibilidades. Una de ellas es la de la puesta a punto de f¨®rmulas auton¨®micas o estatutos especiales para aquellas comunidades territoriales que as¨ª lo deseen. ?sta fue la respuesta utilizada en el caso del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a d¨¦ 1932. Es evidente que ¨¦sta podr¨ªa ser una respuesta positiva y de general consenso, como claramente lo explicit¨® la reivindicaci¨®n com¨²n en el caso de Catalu?a, de todos los partidos que forman parte del ?Consell de Forces Pol¨ªtiques?, que proponen la recuperaci¨®n del Estatuto, no tanto en sus contenidos concretos, necesariamente revisables, como por lo que significa de reconocimiento de unas determinadas facultades de autogobierno, de institucionalizaci¨®n pol¨ªtica, en definitiva.

Mas si ¨¦sta es una respuesta v¨¢lida, lo es s¨®lo como paso inicial, ya que el modelo definitivo de organizaci¨®n debe poseer un car¨¢cter federal para todo el Estado. La experiencia hist¨®rica nos indica que la existencia de estatutos particulares permite una f¨¢cil manipulaci¨®n por parte de las fuerzas contrarias a la democracia, presentando como un ?privilegio? algo que simplemente es el reconocimiento de unos derechos colectivos.

As¨ª mismo, los cambios registrados en los casi cincuenta ¨²ltimos a?os y, en especial, los producidos por la exacerbaci¨®n centralista del r¨¦gimen de Franco, han provocado unos profundos desequilibrios socioecon¨®micos entre las distintas regiones espa?olas, que ha motivado por parte de ¨¦stas una progresiva y definida toma de conciencia contraria a la perduraci¨®n del centralismo y favorable a la respuesta basada en la capacidad para autogobernarse.

Estos dos factores, riesgo de manipulaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica, respecto al caso de Catalu?a, y la necesidad d¨¦ iniciar un proceso de redistribuci¨®n territorial del desarrollo, conllevan l¨®gicamente la aplicaci¨®n de un modelo federal, que en Europa, cuenta, entre otros, con las positivas experiencias de Alemania y Suiza.

En este marco federal, las libertades de Catalu?a pueden encontrar su mejor salvaguarda, como el resto del Estado espa?ol puede encontrar en Catalu?a el m¨¢s decidido componente pata la construcci¨®n de una sociedad justa y democr¨¢tica.