La reforma de las palabras

La innovaci¨®n de las formas pol¨ªticas durante la era de Franco fue una fachada de cart¨®n-piedra, destinada a disimular la probreza y antig¨¹edad del edificio estatal construido tras la guerra civil; con el agravante de que en muchos casos, su dise?o no era sino un plagio del decorado levantado por los Potemkim italianos despu¨¦s de la marcha sobre Roma. El gusto por las apariencias desemboc¨® tanto en un abigarrado conjunto de instituciones cuya pretensi¨®n de representatividad quedaba desmentida por su propio fundamento, como en la acu?aci¨®n de t¨¦rminos vac¨ªos de contenido, a los que se hac¨ªa pasar por conceptos. Aparte del enriquecimiento de los diccionarios de sin¨®nimos que ese esfuerzo imaginario produjo y del prestigio acad¨¦mico que sus autores pudieran lograr en alguna dictadura latinoamericana, importantes razones de Estado aconsejaban fomentar el frenes¨ª verbal.Por ejemplo, la ?democracia org¨¢nica? es habitual tributo rendido por el vicio a la virtud, con la esperanza de cobrar honorabilidad en el intercambio: el sustantivo hac¨ªa descansar la legitimidad del r¨¦gimen en la soberan¨ªa popular sin correr el menor peligro, ya que el adjetivo de escolta se encargaba de impedir cualquier veleidad de ejercitarla. O para tomar una expresi¨®n mas reciente, el ?Estado de Obras? endosa en favor del franquismo tanto los beneficios del crecimiento econ¨®mico, inducido por la prosperidad europea y alimentado por el ahorro forzoso, como los m¨¦ritos de las realizaciones viarias o asistenciales, financiadas con el dinero de unos contribuyentes imposibilitados de enjuiciar el buen uso y eficaz aplicaci¨®n del gasto p¨²blico por falta de informaci¨®n y ausencia de control democr¨¢tico.

Durante los ¨²ltimos meses algunos s¨ªntomas hicieron pensar que esa pesadilla de mala ret¨®rica y peores instituciones llegaba a su fin. Al menos ya vivimos en un Reino cuyo jefe de Estado es un rey, responsable no solo ante Dios y ante la Historia. El poder legislativo no estar¨¢ ya compuesto mayoritariamente por funcionarios y privilegiados que dependen del poder ejecutivo. La bizantina pol¨¦mica sobre la identidad de los actores que contrastan pareceres est¨¢ a punto de ser resuelta: primero cay¨® en la batalla de los tinteros el Movimiento y ahora las asociaciones empiezan a trasmutarse en partidos pol¨ªticos. No s¨®lo los obreros dejan de ser llamados productores y la huelga anormalidad laboral; las referencias, en el bosquejo del Consejo Econ¨®mico y Social a las asociaciones independientes y aut¨®nomas de empresarios y trabajadores hacen, incluso, pensar en la posibilidad de que el sindicato vertical abandone su hier¨¢tica postura y opte por la horizontalidad. Las provincias no ser¨¢n aquellas m¨®nadas a las que solo pod¨ªan sacar de su herm¨¦tico aislamiento el Estado, la Iglesia y las confederaciones hidrogr¨¢ficas; se habla ya de regiones que hablan lenguas, no dialectos, que poseen una identidad hist¨®rica y cultural y que aspiran a administrar, al menos, parte de sus recursos.

Sin embargo, el proyecto de modificaci¨®n de las Cortes apaga las esperanzas de que finalmente se llame a las cosas por su nombre. Ciertamente, han sido jubilados los ide¨®logos que fabricaban conceptos nuevos y los arbitristas que dibujaban minuciosos organigramas para repartir los cargos siempre entre las mismas personas. Pero la reforma de las palabras sustituye la ret¨®rica vac¨ªa por la adulteraci¨®n de la historia, y las fantas¨ªas falleras por material de derribo del derecho constitucional comparado. Espa?a contin¨²a siendo diferente. Si antes su excepcionalidad era ontol¨®gica algo as¨ª como la realizaci¨®n terrena de un arquetipo plat¨®nico que nada ten¨ªa que aprender y todo que ense?ar, su nueva particularidad descansa en razones opuestas: lo que nos separa de nuestros vecinos no es la sustancia, sino la historia, y necesitamos de un lapso de tiempo para recuperar el terreno perdido. Nunca tanta jactancia ha sido rectificada con tanta humildad; pero nunca un deudor se ha tomado plazos tan largos para pagar a sus acreedores. De acuerdo con los indicadores com¨²nmente admitidos (la distribuci¨®n de la poblaci¨®n activa, la renta per c¨¢pita, el grado de urbanizaci¨®n, la producci¨®n de bienes de consumo duraderos, etc.), la estructura econ¨®mica y social espa?ola es mas moderna y similar a la que ten¨ªan algunos miembros del Mercado Com¨²n no hace muchos a?os. Ahora bien, el proyecto de reforma constitucional es un largo viaje por el t¨²nel del tiempo, aunque ese salto hacia ¨¦l remoto pasado europeo quede disimulado por la terminolog¨ªa jur¨ªdico-constitucional. La fijeza y continuidad de las expresiones t¨¦cnicas opaca muchas veces las transformaciones hist¨®ricas de las realidades por ellas designadas; los profundos cambios sufridos a lo largo de los siglos por las instituciones democr¨¢ticas no siempre se trasparentan en el lenguaje. El paralelismo verbal que se establece entre las anunciadas c¨¢maras representativas espa?olas y las que funcionan en Europa Occidental descansa en esa inevitable equivocidad terminol¨®gica: el hombre es el mismo, pero no su contenido. Nuestro Congreso y nuestro Senado, las relaciones que mantienen entre s¨ª y con el Gobierno, nada tienen que ver con el ?sistema parlamentario bicameral? del que habla la exposici¨®n de motivos de la Ley de Reforma. El Consejo Nacional del Movimiento ha abandonado sus a?oranzas del Gran Consejo Fascista y se ha transformado en Senado; pero sus hom¨®logos no son las C¨¢maras de igual nombre de la Europa contempor¨¢nea, sino los consejos de notables frecuentes hace mas de un siglo, formados mediante una combinaci¨®n de sufragio censitario, elecciones de varios grados y designaci¨®n regia y dotados con exorbitantes poderes. El futuro Congreso tampoco es pariente cercano de los ¨®rganos legislativos actuales de cuyo nombre se apodera: el Gobierno no ser¨¢ responsable ante los diputados, reducidos a desempe?ar el mismo modesto papel que los representantes populares en las viejas Monarqu¨ªas limitadas. La composici¨®n y atribuciones del Consejo del Reino y del Comit¨¦ Especial del Senado, la forma de designar jefe de Gobierno y la multititulada prepotencia del presidente de las Cortes terminan de cerrar la jaula de hierro de la democracia a la espa?ola. Se nos anuncia una regulaci¨®n constitucional ?en consonancia con las conveniencias de una sociedad moderna?; y lo que se nos entrega es un r¨¦gimen post-napole¨®nico en el que la soberan¨ªa popular podr¨¢ aspirar, en el mejor de los casos -si las restricciones a los partidos y la manipulaci¨®n electoral no ponen en escena una versi¨®n renovada del caciquismo- a que sus representantes, etiquetados con el absurdo r¨®tulo de ?familiares?, compartiesen el poder legislativo con una C¨¢mara dise?ada como freno, carecieran de la capacidad de designar, controlar y destituir gobiernos y estuvieran sometidos a la mirada vigilante de ese comit¨¦ senatorial encargado de velar por nuestros destinados.