La reforma pol¨ªtica, ante el Mercado Com¨²n

UNA DE las inc¨®gnitas que suscita la reforma pol¨ªtica en curso es la de su utilidad o suficiencia de cara a la inserci¨®n de Espa?a, como miembro de pleno derecho, en la Comunidad Econ¨®mica Europea. A nuestro juicio, los proyectos reformistas son, desde esta perspectiva, claramente insuficientes. Tal y como est¨¢n concebidos no suponen la institucionalizaci¨®n de un r¨¦gimen democr¨¢tico en sentido riguroso; s¨®lo inician una fase de transici¨®n predemocr¨¢tica de incierto final.Es de prever por tanto que, a corto plazo al menos, los obst¨¢culos pol¨ªticos a nuestra integraci¨®n en Europa no desaparezcan por completo. Pero la existencia de tales obst¨¢culos, sin duda ciertos, no deben ocultar la otra cara de la moneda, a saber, la incidencia de serias razones econ¨®micas en la actitud de ciertos pa¨ªses comunitarios, para oponerse a nuestro ingreso en el Mercado Com¨²n.

Conviene, en consecuencia, deslindar cuidadosamente los dos planos en que se han de desenvolver nuestras relaciones con la Comunidad Econ¨®mica Europea: el pol¨ªtico y el econ¨®mico. Es obvio que habremos de cumplir debidamente los requisitos de ¨ªndole pol¨ªtica. Pero una vez establecido un sistema democr¨¢tico de gobierno habr¨¢ que pedir a la Comunidad Europea que no imponga a Espa?a condiciones econ¨®micas inaceptables, para amparar intereses ego¨ªstas de aquellos miembros que puedan resultar m¨¢s afectados por la incorporaci¨®n espa?ola.

En el momento actual precisamente tienen mucho de inadmisible las exigencias comunitarias para formalizar un nuevo concepto Espa?a-CEE que sustituya al Acuerdo Comercial de 1970 hasta que se inicien las negociaciones para la futura adhesi¨®n.

En efecto, la comunidad, para otorgar determinadas concesiones agr¨ªcolas, requiere que Espa?a acepte una reducci¨®n sustancial de sus aranceles para los productos industriales, reducci¨®n que habr¨ªa de llevarse a cabo en el marco del vigente acuerdo preferencial o mediante un compromiso de zona de libre cambio para los productos de nuestra industria. En suma, ello equivale a pedir a Espa?a que, en el terreno industrial, sacrifique un arancel medio favorable, un 13 por 100, (frente a un arancel de la CEE del 3 por 100), sin que, paralelamente, se conceda un trato igual a los productos agr¨ªcolas espa?oles en relaci¨®n con las preferencias de que gozan los mismos productos de otros pa¨ªses comunitarios.

Ni que decir tiene que, de cara a una incorporaci¨®n de pleno derecho, y particularmente durante la fase de transici¨®n, la actitud de la comunidad debe ser muy otra. Tendr¨¢ que ser m¨¢s generosa. De lo contrario, la democracia a la que habremos de llegar, y cuya fragilidad inicial ser¨¢ inevitable, puede correr serios peligros, perjudiciales no s¨®lo para Espa?a, sino tambi¨¦n para el propio Mercado Com¨²n.