Los militares uruguayos quieren cubrir las apariencias

La lentitud de las Fuerzas Armadas uruguayas para hacerse con los resortes del poder y especialmente para ocupar los cargos institucionales, puede llegar a ser exasperante. En todo caso, es un tema digno de an¨¢lisis. La reciente sustituci¨®n del presidente Bordaberry por el abogado Alberto Demichelli, ha ofrecido la ¨²ltima demostraci¨®n de este car¨¢cter moroso de la dictadura militar uruguaya.El mariscal Castelo Braanco, en Brasil, se instala de la noche a la ma?ana, un d¨ªa de 1964, y empieza a dictar actas institucionales. Los militares argentinos han entrado y salido del poder durante decenios, con absoluta frialdad, las veces que han querido. En Bolivia, hoy violentamente estabilizadaba o el r¨¦gimen de B¨¢nzer, la tradici¨®n m¨¢s consecuente en lo institucional han sido los golpes de Estado castrenses, de cualquier signo. Y en Chile, por fin, a pesar de los largos a?os de vida que hab¨ªan gozado las instituciones democr¨¢ticas, el general Pinochet se sinti¨® capaz , un d¨ªa de septiembre de 1973, de entrar a sangre y fuego en la sede de la presidencia de la Rep¨²blica. Los militares uruguayos, en cambio, siguen queriendo cubrir las apariencias. El actual presidente Demichelli, ha venido a ?darles una mano?, en su condici¨®n de civil y jurista, avezado en reformas constitucionales y en legitimaciones de poder. Demichelli ocupa hoy la presidencia de la Rep¨²blica con la ¨²nica misi¨®n de facilitar la definici¨®n del R¨¦gimen militar uruguayo por las v¨ªas del modelo brasile?o. Su actuaci¨®n no debe sobrepasar los 60 ¨® 70 d¨ªas, y quiz¨¢ para el 25 de agosto, fecha de la Independencia nacional, el r¨¦gimen pueda celebrar tambi¨¦n la proclamaci¨®n del presidente definitivo. Y aqu¨ª cabe preguntarse una vez m¨¢s: ?ser¨¢ el elegido un nuevo t¨ªtere civil, o surgir¨¢ por fin el hombre fuerte militar?

No bien sustituido Bordaberry por Demichelli, el Gobierno aprob¨® las dos primeras ?actas institucionales? que, siguiendo el camino de la dictadura brasile?a, le permitir¨¢n a las Fuerzas Armadas comenzar a resolver el problema que arde entre sus manos desde que en 1973 violaron la legalidad vigente y derribaron la representanci¨®n popular. La primera acta institucional suspende indefinidamente las elecciones generales que constitucionalmente corresponder¨ªa realizar en noviembre pr¨®ximo. La segunda crea un Consejo Nacional que, integrado por los actuales integrantes del Consejo de Estado (igualmente designado por el r¨¦gimen en 1973, confunciones vagamente legislalivas) y por la junta de oficiales generales de las Fuerzas Armadas, tendr¨¢ como ¨²nica misi¨®n elegir al nuevo presidente de la Rep¨²blica.

Probableinente por el peso de una tradici¨®n profesionalista y de prescindencia pol¨ªtica que ha formado a varias generaciones a lo largo de este siglo, los militares uruguayos se muestran amedrentados en lo tocante a ocupar la Presidencia de la naci¨®n. No han tenido parecidos escr¨²pulos para violar los derechos humanos, para torturar, para clausurar al Parlamento, los partidos y los sindicatos. Han llegado, incluso, a realizar un acto sin precedentes: a torturar a un general del Ej¨¦rcito, al l¨ªder del Frente Amplio, L¨ªber Seregni, a quien previamente degradaron. Este precedente, se ha dicho, no ha gustado a muchos oficiales, sin distinci¨®n de tendencias, que piensan que un d¨ªa tambi¨¦n sus barbas pudieran arder. Pero el sill¨®n de la Presidencia contin¨²a siendo para los jefes castrenses como el s¨ªmbolo de todo aquello que no les pertenece y que no deben usurpar, aunque ya no les quede nada m¨¢s por hacer.