Declaraci¨®n del Gobierno y Pacto Democr¨¢tico
Si alg¨²n d¨ªa la Oposici¨®n llega a olvidar que fue el ministro Areilza el primero en promover desde el Poder la idea del pacto pol¨ªtico, el olvido ser¨ªa imperdonable.Siendo as¨ª, hemos de convenir que la llamada ?Declaraci¨®n program¨¢tica del Gabinete Su¨¢rez?, precisamente porque no contiene propiamente ning¨²n programa pol¨ªtico, sigue la l¨ªnea entonces iniciada y puede ser considerada como el esquema de una propuesta de concordia, encaminada a hacer posible la pac¨ªfica convivencia de todos los espa?oles.
Pueblo, Gobierno v Fuerzas Armadas
En orden a tal postura, lo primero que llama la atenci¨®n en la Declaraci¨®n es la consideraci¨®n del contenido pol¨ªtico-funcional, atribuido en ella a tres elementos b¨¢sicos: el Pueblo, el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
El Gobierno promueve una reforma pol¨ªtica, pero proclama que ?la Soberan¨ªa reside en el Pueblo?. Pretende ojear ?un juego pol¨ªtico abierto a todos los espa?oles? mediante ?la instauraci¨®n de un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico, basado en la garant¨ªa de los derechos y libertades c¨ªvicas, en la igualdad de oportunidades pol¨ªticas; para todos los grupos democr¨¢ticos y en la aceptaci¨®n del pluralismo real?, lo que tendr¨¢ lugar en unas elecciones generales que se anuncian para antes del 30 de junio de 1977.
Si el papel del Gobierno es promover la instauraci¨®n del sistema democr¨¢tico, y el del Pueblo ejercer la Soberan¨ªa, es evidente que hay que conjugar con estas funciones el papel de un tercer instrumento: el de las Fuerzas Armadas, cuya funci¨®n define el n¨²mero 7 de la Declaraci¨®n como ?garant¨ªa de la independencia e integridad de la Patria?, destinatarias, por ello, del ?m¨¢s firme apoyo por parte del Gobierno y de la Administraci¨®n P¨²blica?, lo cual difiere, llamativamente, del texto del art¨ªculo 37 de la Ley Org¨¢nica del Estado, seg¨²n el cual, las Fuerzas Armadas ser¨ªan llamadas, adem¨¢s, a velar por la ?defensa del orden institucional?.
El Gabinete, del que forman parte muy calificados miembros de las Fuerzas Armadas, se muestra as¨ª rigurosamente congruente: Si el Pueblo, siendo Soberano, puede modificar las instituciones, es obvio que la defensa de las que deben ser modificadas no puede seguir atribuy¨¦ndose a unas Fuerzas cuya alta misi¨®n espec¨ªfica es muy concretamente la defensa de la independencia y de la integridad de la Patria.
El Pacto, que a partir de la iniciativa de Areilza muchos consideraban bilateral como Pacto Gobierno-Oposici¨®n, a trav¨¦s de la Declaraci¨®n del Gabinete Su¨¢rez es preciso -concebirlo como Pacto trimembre. Esto parece que es esencial.
La responsabilidad de la Oposici¨®n: crear verdaderos partidos.
Sin embargo, establecer un pacto se dice demasiado pronto.
Es el problema de c¨®mo ?pueden surgir las mayor¨ªas que informen el futuro de la composici¨®n de las instituciones representativas ?, cuesti¨®n harto dif¨ªcil, por no decir, imposible, de no lograrse la concreci¨®n unificadora de verdaderos y, aut¨¦nticos partidos, de ampl¨ªsima base y dilatado censo.
Es preciso, por tanto -y adem¨¢s de modo r¨¢pido- rebasar la atomizaci¨®n a que durante cuarenta a?os fue sometido el pensamiento pol¨ªtico disidente. La Oposici¨®n no puede seguir aferrada a considerar sus grupos como partidos, sin unificar jefaturas, fundir organizaciones y aglutinar ramas afines, por no llegar a comprender que un partido pol¨ªtico se define por unos principios muy amplios, dentro de los cuales caben una serie de matices, posturas y grados, que juegan en las Asambleas internas; pero que no deterioran la unidad de la Organizaci¨®n.
El formar grandes partidos ha de constituir, indudablemente, la meta m¨¢s directa e inmediata de la Oposici¨®n. S¨®lo con grandes cifras pueden presentarse candidaturas, cuando se dice que presentar un candidato a diputado costar¨ªa en Espa?a una cantidad del orden de los 10.000.000 de pesetas y que mantener cincuenta c¨ªrculos pol¨ªticos en Espa?a -uno por provincia- supondr¨ªa s¨®lo de alquiler de locales algo as¨ª como dos o tres millones de pesetas al mes. Ello sin contar con que un partido necesita propaganda, funcionarios, desplazamientos y estudios costos¨ªsimos.
De aqu¨ª que haya que se?alar la tremenda responsabilidad que la Declaraci¨®n del Gobierno -consciente o no- hace recaer sobre la Oposici¨®n: la responsabilidad de unificar los partidos. Convertir las ?cabezas de rat¨®n? en ? colas de le¨®n?.
El desarrollo constituyente, funci¨®n soberana
El muy avisado -y politizado- lector se estar¨¢ ya diciendo:
Si en un primer pasaje se habla de un pacto destinado a estructurar nuevas instituciones y a continuaci¨®n se se?ala la responsabilidad hist¨®rica de la Oposici¨®n en orden
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Declaracil¨®n del Gobierno y Pacto Democr¨¢tico
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a la necesidad de promover inmediatos partidos eficientes, es evidente que se da por supuesto que nos hallamos ya en un per¨ªodo constituyente.
Evidente:
El presidente Su¨¢rez y su Gobierno, qui¨¦ranlo o no, han abierto el periodo constituyente con un giro copernicano, erradicando la soberan¨ªa del Estado y sus instituciones para reconoc¨¦rsela al Pueblo de modo exclusivo y excluyente.
De ah¨ª el grave riesgo del Gobierno:
Querer gobernar demasiado.
Y debe entenderse aqu¨ª por ?querer gobernar demasiado? el sustituir la Soberan¨ªa popular por una Democracia otorgada al rebasar todo lo que no sea estrictamente ? reconocer y garantizar el ejercicio de las libertades p¨²blicas?, ?asegurar el ejercicio responsable de la libertad de expresi¨®n?, y lo que es fundamental, facilitar la aglutinaci¨®n de los grandes partidos pol¨ªticos promoviendo la rectificaci¨®n de las m¨¢culas de la Ley de Asociaciones pol¨ªticas, que el Gobierno ha de rectificar con criterio democr¨¢tico y constituyente en el curso de un r¨¢pido proceso, cuya culminaci¨®n ha de tener lugar en unas Cortes de este car¨¢cter, ¨²nicas legitimadas para configurar la futura estructura pol¨ªtica del pa¨ªs.
Dos puntos quedan al margen de las coordenadas del prop¨®sito gubernativo:
La amnist¨ªa, hoy concedida y que expl¨ªcitamente se anunci¨® amplia, aunque con cierta imprecisi¨®n, y el ?refer¨¦ndum?, del que no habla expl¨ªcitamente la Declaraci¨®n; pero que puede estar impl¨ªcito en la ambig¨¹edad con que el Gobierno ofrece ?someter a la decisi¨®n de la naci¨®n las cuestiones relativas a la reforma constitucional?.
Pretender a trav¨¦s de un ?refer¨¦ndum? someter al Pueblo una reforma constitucional, por modesta que se pretenda, y aun circunscrita a una o a algunas instituciones concretas, no ser¨¢ considerado como un paso democr¨¢tico, y si el paso es prudente -que ha de serlo- ser¨¢ juzgado, indefectiblemente, como t¨ªmido y vacilante, si es que no se juzga como un retroceso.
Otra cosa distinta ser¨ªa una consulta popular o plebiscito, para exonerar de compromisos y de preocupaciones al propio R¨¦gimen, obligado a pasar, por imperativo clamoroso, de una Dictadura a una Democracia.
Pero esto es todo otro tema ajeno a la glosa de un documento que puede convertir al presidente Su¨¢rez en interlocutor v¨¢lido para la ruptura democr¨¢tica. Una ruptura que en buena Pol¨ªtica debe ser fruto de un Pacto aut¨¦nticamente nacional.
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