Tras siete meses, los contactos en Espa?a no aparecen

Siete meses han transcurrido desde que comenzaron a revelarse las presuntas implicaciones en Espa?a de los sobornos de la compa?¨ªa norteamericana Lockheed Aircraft Corporation. Durante este tiempo, tras serios intentos al principio de enterrar el caso en Espa?a, se pas¨® al anuncio de que Madrid solicitar¨ªa formalmente a Washington informaci¨®n sobre los implicados en el soborno, a designar al fiscal del Tribunal Supremo, se?or Rodr¨ªguez Acosta, como investigador especial del caso, sin que hasta el momento se haya abierto siquiera sumario.A los siete meses de estallar el esc¨¢ndalo, y cuando en otros pa¨ªses implicados como Holanda y Jap¨®n ya se han hecho p¨²blicas las conclusiones de las comisiones investigadoras que han provocado el encarcelamiento del ex primer ministro nip¨®n, Tanaka, y la dimisi¨®n de sus cargos civiles y militares del pr¨ªncipe Bernardo de Holanda, en Espa?a contin¨²a estancada la investigaci¨®n judicial en torno al caso.

Las primeras revelaciones en torno a las Implicaciones espa?olas se hicieron p¨²blicas a primeros de febrero desde Estados Unidos. Entonces se afirm¨® que desde el a?o 1970 la compa?¨ªa norteamericana Lockheed hab¨ªa estado realizando ingresos por una cantidad superior al mill¨®n de d¨®lares -exactamente 1.350.000-, en una cuenta bancaria secreta suiza, con el fin de obtener la concesi¨®n de contratos de venta en Espa?a de su avi¨®n de transporte militar C-130. Igualmente se inform¨® que once personas espa?olas se favorec¨ªan de regalos no monetarios que en diversas ocasiones les entreg¨® la compa?¨ªa multinacional.

Al tiempo que se descubr¨ªan las implicaciones en otros pa¨ªses, tanto el presidente Ford como el Senado norteamericano prometieron toda clase de facilidades a los Gobiernos extranjeros interesados en clarificar, por medio de investigaciones oficiales suyas, las circunstancias e interrogantes legales que las actividades de la Lockheed hab¨ªan levantado en sus respectivos pa¨ªses.

Ampar¨¢ndose en esta promesa, varios Gobiernos extranjeros, entre ellos el holand¨¦s, el japon¨¦s y el alem¨¢n, solicitaron a mediados de febrero informaci¨®n al Senado norteamericano sobre sus respectivos esc¨¢ndalos. Mientras tanto, en Espa?a se cubr¨ªa un tupido velo sobre el tema sin que el Gobierno mostrara inter¨¦s alguno por solicitar informaci¨®n. Tan s¨®lo en un Consejo de Ministros celebrado el 20 de febrero se adopt¨® un acuerdo por el que el Gobierno ordenaba la apertura de una investigaci¨®n para esclarecer los hechos.

A primeros de marzo, un procurador, el consejero nacional por Lugo, Antonio Pedrosa Latas, ped¨ªa aclaraciones sobre el silencio gubernamental. Esta petici¨®n fue suscrita por otros doce procuradores que el 18 de marzo -mes y medio despu¨¦s de descubrirse el affaire- presentaron un escrito a la presidencia de las Cortes en el que solicitaban ?una profunda y m¨¢s extensa investigaci¨®n a nivel parlamentario de lo que haya ocurrido en el sector aeron¨¢utico donde la corrupci¨®n se ha prodigado?. Concretamente los trece procuradores ped¨ªan que se constituyera una comisi¨®n especial para realizar estudios y practicara informaciones a nivel parlamentario sobre la compra de aviones o suministros de material aeron¨¢utico.

Esta petici¨®n no tuvo respuesta gubernamental y mientras, el Subcomit¨¦ de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano -encargado de las investigaciones- celebraba en marzo diversas audiencias para aclarar al Gobierno alem¨¢n la presunta existencia de sobornos en su pa¨ªs. A mediados de marzo el presidente del subcomit¨¦, Frank Church, anunciaba que hab¨ªa dado por concluida su investigaci¨®n sobre el tema alem¨¢n.

La primera gesti¨®n oficial del Gobierno espa?ol ante el Departamento de Estado norteamericano se produce el 21 de marzo -tres meses despu¨¦s de estallar el esc¨¢ndalo- a trav¨¦s de una nota verbal de la embajada en Washington en la que se solicitaba de las autoridades estadounidenses toda la informaci¨®n que obrara en su poder en torno a los sobornos de la Lockheed.

Los presuntos implicados se amparan en el secreto

El 30 de marzo, el subcomit¨¦ de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano decide entregar al Departamento de Estado los documentos secretos de la compa?¨ªa a¨¦rea que detallan las operaciones de ventas y pagos irregulares de comisiones en nuestro pa¨ªs de varios aviones de transporte militar C-130, con el fin de que se trasmitan al Gobierno espa?ol. Mientras en Holanda, Jap¨®n, Italia y B¨¦lgica, el tema hab¨ªa entrado ya en investigaci¨®n judicial y hab¨ªan salido a la luz p¨²blica los presuntos implicados.En Espa?a se tuvo conocimiento de una lista de once presuntos implicados a trav¨¦s de una emisi¨®n de Radio Baviera y de Radio Canarias Libre, emisoras ambas radicadas en el extranjero, pero que pueden captarse en territorio espa?ol. Aunque esta lista corri¨® de boca en boca, la prensa no la recogi¨® y tan s¨®lo dos de los integrantes en la lista como presuntos implicados ofrecieron un ment¨ªs en la prensa: el ex alcalde de Barcelona, Enrique Mas¨®, neg¨® rotundamente su implicaci¨®n en el caso y el teniente general Mariano Cuadra-Medina, ex ministro del Aire, tras negar su participaci¨®n en el affaire afirm¨® que era el primer interesado en que todo se investigase para que en el caso de que hubiera habido sobornos pagasen los implicados.

La ausencia de presi¨®n espa?ola congel¨® pr¨¢cticamente durante dos meses las conversaciones entre la embajada espa?ola en Washington y el Departamento de Estado iniciadas tras la entrega de los documentos secretos de la Lockheed a este ¨²ltimo. El caso espa?ol, junto al turco, segu¨ªa siendo el ¨²nico de la media docena de esc¨¢ndalos dados a la publicidad en Europa que segu¨ªa sin ser sometido a investigaci¨®n judicial.

El 21 de mayo el Consejo de Ministros acordaba, al fin, designar un ¨®rgano investigador especial en el asunto de la Lockheed y nombr¨® al fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Jos¨¦ Garc¨ªa y Rodr¨ªguez-Acosta, como encargado de la investigaci¨®n. En esta fecha, el affaire se encontraba en un largo proceso de acciones legales y judiciales en Holanda, Jap¨®n e Italia.

A primeros de julio el se?or Rodr¨ªguez-Acosta se traslad¨® a Washington, donde el d¨ªa 14 firm¨® el documento de intercambio de documentaci¨®n sobre los sobornos de la Lockheed con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. En virtud de este convenio el Gobierno espa?ol obtuvo -al igual que lo hab¨ªan obtenido cinco meses antes otros Gobiernos implicados- la primera serie de documentos confidenciales de la compa?¨ªa aeroespacial. El Gobierno espa?ol se comprometi¨® tambi¨¦n a no revelar los nombres de las personas involucradas hasta que el sumario procesal no hubiera sido completado por los tribunales espa?oles y norteamericanos.

El se?or Rodr¨ªguez-Acosta en unas declaraciones concedidas entonces a los periodistas norteamericanos -primera informaci¨®n directa que el Gobierno espa?ol facilit¨® sobre el esc¨¢ndalo- afirm¨® que los implicados espa?oles en los sobornos de la Lockheed podr¨ªan acogerse al indulto y presumiblemente al esperado decreto de amnist¨ªa.

Un mes despu¨¦s de estas declaraciones, no se ha abierto a¨²n sumario ni hay relaci¨®n alguna de presuntos implicados. Siete meses transcurridos sin que se vislumbre inter¨¦s por esclarecer unos hechos que en otros pa¨ªses han causado importantes crisis de Gobierno.