Huelva, una ciudad insalubre

Huelva es una ciudad contaminada... ?Su cielo se ha oscurecido, la fauna vol¨¢til casi ha desaparecido y el olor que ha ido invadiendo la ciudad resulta en ocasiones literalmente insoportable. Empieza a ser tambi¨¦n una ciudad insalubre.? Este es el panorama de la situaci¨®n que describe la Memoria elevada al Gobierno por el fiscal del Tribunal Supremo, se?or A. J. Garc¨ªa Rodr¨ªguez-Acosta, en la apertura de los Tribunales.La situaci¨®n de la ciudad, que no es, por otra parte, la ¨²nica en la que se dan esas circunstancias, es tal que ?los valores m¨¢ximos alcanzados en determinados puntos de la misma por la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica de anh¨ªdrido sulfuroso y humos han llegado a ser en algunos d¨ªas de los ¨²ltimos meses del a?o sensiblemente superiores a los t¨¦cnicamente admisibles?.

Y a esa situaci¨®n se ha llegado, contin¨²a el informe del Tribunal Supremo, de un modo paulatino, donde las personas no se dan cuenta de la situaci¨®n en que se est¨¢ viviendo. La degradaci¨®n ambiental, aunque grave, ha sido imperceptible. ?Un gran n¨²mero de personas, la inmensa mayor¨ªa probablemente, se va habituando lentamente, sin notar apenas nada, a permanecer inmersas en una atm¨®sfera que disminuye progresivamente sus posibilidades vitales.?

La situaci¨®n a la que ha llegado la ciudad de Huelva, como otras poblaciones espa?olas, aparece ligada al desarrollo. Pero es, al parecer, un desarrollo incontrolado y sin objetivos coherentes que acaba volvi¨¦ndose contra el propio hombre, causante y beneficiario de ese desarrollo.

?Huelva debe much¨ªsimo al Polo de Desarrollo Industrial; nadie lo pone en duda?, se afirma en el informe de la Fiscal¨ªa. Huelva ocupa, desde el a?o 1957, el puesto 33 del total nacional en producto nacional bruto. Datos recientemente difundidos se?alaban que la renta total provincial representa el 0,9 por 100 de la nacional (igual que el a?o 1971). A pesar de su desarrollo en renta per capita, cada a?o aumenta la diferencia que le separa de la renta nacional. Estos datos suponen que el desarrollo tampoco ha logrado unos objetivos satisfactorios para los onubenses.

Se da tambi¨¦n la circunstancia de que el desarrollo de su polo industrial est¨¢ estrangulado por el hecho de que est¨¢ pendiente la realizaci¨®n de la tercera fase del abastecimiento de agua industrial, sin haber resuelto el problema de su financiaci¨®n.

Responsabilidades

Lo cierto es que la situaci¨®n a la que se ha llegado preocupa a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, instando al Gobierno a tomar responsabilidades. ?Es urgente, claro est¨¢ -leemos en la Memoria- que las autoridades administrativas exijan rigurosamente el cumplimiento de las medidas anticontaminadoras que se prescriben en las disposiciones ya en vigor; y que p¨²blicamente se haga saber a los ciudadanos el grado de contaminaci¨®n alcanzado por el aire que respiran; no es menos urgente crear un clima de opini¨®n contrario a la especie de que el deterioro del medio es "el precio que se ha de pagar por el desarrollo". Todo ello es urgente y se debe exponer la necesidad -ya anunciada en la Memoria del fiscal del Tribunal Supremo de 1974- de crear un repertorio de tipos delictivos, dentro del marco de los delitos contra la salud p¨²blica, que protejan adecuadamente la conservaci¨®n y mejora de la calidad del medio ambiente y, m¨¢s espec¨ªficamente, el inter¨¦s com¨²n de respirar dentro de una atm¨®sfera limpia, y sana.?La negligencia aparece entonces como un factor decisivo causante de la situaci¨®n a la que se ha llegado: ?Todo esto no es ¨²nicamente un problema sanitario -afirma el informe de la Fiscal¨ªa del Supremo- que deba ser afrontado por v¨ªa administrativa, no es s¨®lo una amenaza de la que debe defenderse por sus propios medios la ciudad afectada: es tambi¨¦n un riesgo grave y masivo al que se tiene constantemente sometido a un numeroso grupo humano, un riesgo creado -a sabiendas o negligentemente- por quienes anteponen el deseo de incrementar sus beneficios al inter¨¦s sanitario de una colectividad y no realizan las necesarias inversiones para reducir al m¨ªnimo posible dicho riesgo. Dicho de otra manera: estamos ante una actividad -bien de acci¨®n, bien de comisi¨®n por omisi¨®n- que pone en peligro y, en ocasiones lesiona abiertamente, la salud p¨²blica; estamos, pues, ante un problema cuya dimensi¨®n jur¨ªdico-penal es evidente.?

Sentadas las bases de la responsabilidad penal, el informe concluye concretando esa responsabilidad penal en las ?personas colectivas..., sus m¨¢s altos ejecutivos y ¨®rganos colegiados de direcci¨®n. Porque -in¨²til es decirlo- el delito de contaminaci¨®n es siempre delito de una persona jur¨ªdica, de una sociedad an¨®nima, que a su poder econ¨®mico y a sus posibilidades de actuar como grupo de presi¨®n en todas las instancias de decisi¨®n une una extraordinaria capacidad para disolver responsabilidades?.