La gran ocasi¨®n

EL PROYECTO de ley de reforma pol¨ªtica se encuentra ya en las Cortes. El Gobierno se presta a dar la ¨²ltima batalla para arrancar a las instituciones franquistas ?concesiones democr¨¢ticas? antes de consultar al pueblo. Pugna final, pues, para deshacer el gran nudo que hab¨ªa dejado al pa¨ªs atado y bien atado. Si el proyecto sale de las Cortes sin modificaciones que alteren la sustancia de la reforma constitucional concebida por el Gobierno, el presidente Su¨¢rez podr¨¢ iniciar de manera efectiva, por v¨ªa de refer¨¦ndum primero y de elecciones generales despu¨¦s, un proceso que, te¨®ricamente al menos, debe aproximarnos a un modelo cl¨¢sico de democracia occidental.Pero no es momento de hacer pron¨®sticos. En el fondo, importa poco lo que opinen unas Cortes en cuyos esca?os toman asiento una ¨ªnfima minor¨ªa de espa?oles, que no representan a nadie y que, en su d¨ªa, fueron seleccionados por razones de lealtad a un poder personal o por razones de adhesi¨®n a un sistema de componentes totalitarios.

Por eso, no nos parece serio que el Gobierno monte ahora toda su estrategia en funci¨®n de esas Cortes. No es serio, en efecto, congelar el expediente de pase a la reserva de los tenientes generales Iniesta y De Santiago. No es serio tampoco desautorizar temporalmente con pretextos nimios el Congreso del PSOE. Menos serio todav¨ªa es repartir entre los procuradores sindicales un anteproyecto de ley, creador de un Consejo Econ¨®mico y Social en el que en el futuro puedan aquellos encontrar un puesto de trabajo o nueva prebenda que compense el esca?o perdido. Es, en suma, un s¨ªntoma de oportunismo y de debilidad, mostrarse predispuesto a pactar una reforma que, para merecer tal calificativo, no es pactable con esas Cortes.

Las cosas hay que decirlas como son. El Gobierno no tiene necesidad ninguna de ceder ante la presi¨®n de las Cortes. La mayor¨ªa de los procuradores cobran por diferentes caminos del presupuesto del Estado, de las empresas estatales o por cargos, puestos y canonj¨ªas m¨¢s o menos vinculadas a la Administraci¨®n P¨²blica. Dependen del Gobierno y la funci¨®n de quienes figuran en n¨®mina consiste en obedecer. As¨ª ha ocurrido durante los ¨²ltimos treinta y cinco a?os en que, disciplinadamente, han asentido a las iniciativas del poder ejecutivo. No hay raz¨®n alguna, salvo incapacidad pol¨ªtica en el Gabinete, para que ahora esa disciplina no se respete y observe con el debido rigor. El aplauso, am¨¦n y silencio debe seguir siendo la regla. Del Gobierno depende que as¨ª sea.

Si el Gobierno es capaz de imponer un poco de orden en los esca?os, podr¨¢ intentar una misi¨®n limitada pero hist¨®rica: dar al pa¨ªs no una reforma, sino una constituci¨®n, de la que ahora carece. Una constituci¨®n de la que pueda surgir, entre otras cosas, un verdadero parlamento, capaz de controlar a un poder racional en vez de ovacionar a una autoridad omn¨ªmoda. Por eso se extiende en estos d¨ªas un sentimiento: el Gobierno S¨²¨¢rez est¨¢ ante su gran ocasi¨®n, su ¨²nica ocasi¨®n.