El precio de la reforma

Hacer pol¨ªtica es adelantarse a los acontecimientos, proyectar ideas y acciones sobre la realidad social y percibir los s¨ªntomas de los trastornos colectivos antes de que la marcha de los acontecimientos nos sorprendan.Los Gobiernos que se han venido sucediendo han seguido la realidad social a remolque de los acontecimientos, operando por reacci¨®n m¨¢s que por acci¨®n, otorgando las libertades, poco a poco, gota a gota, como si ello constituyese en s¨ª un acto generoso al que se accede ante una insistencia machacona. Del paternalismo unipersonal precedente se pasaba as¨ª a un nuevo paternalismo, globalizando en instancias indefinidas para ofrecer la democracia como una innovaci¨®n original.

En esta l¨ªnea se inscribe la llamada reforma pol¨ªtica que viene a ser un procedimiento arbitrado para ir cediendo, cuando es inevitable el ceder y para ir resistiendo, siempre que la resistencia sea posible.

Pero la reforma ha venido arrastrando dentro de s¨ª, desde su origen, una contradicci¨®n de base, que no tard¨® en manifestarse.

Los principios autoritarios que inspiraron al r¨¦gimen de Franco dif¨ªcilmente sirven para alimentar una democracia incipiente.

Las palabras pueblo, elecciones, democracia, voto, suenan en los labios reformistas a monsergas similares a las que tantas veces hab¨ªan sido repetidas en aras de un poder personal ilimitado. Las instituciones franquistas est¨¢n tan s¨®lo equipadas para una tarea aquiescente y monocorde, y la democracia, como expresi¨®n de la voluntad de la naci¨®n, suena en sus recintos a m¨²sica celestial en abierta contradicci¨®n con el sistema. Y es que el franquismo y democracia no se pueden articular porque su conjunci¨®n es inviable; algo as¨ª como la cuadratura del c¨ªrculo.

El presidente Su¨¢rez ha profundizado, a¨²n m¨¢s, en el proceso reformista llev¨¢ndolo a sus ¨²ltimas consecuencias, dando lugar a una especie de ?reforma a fondo? configurada en el proyecto de ley constituyente aprobado en las Cortes, que ahora convive, como hu¨¦sped inc¨®modo, en medio de una jungla institucional que le es extra?a y de la cual se habr¨¢ de defender si no quiere te?irse de contradicciones.

El proyecto de ley Su¨¢rez ha sido el punto de inflexi¨®n de este cambio pol¨ªtico que encontr¨® resistencias dentro y fuera, del sistema originando, una lucha ideol¨®gica basada en los dos principios contrapuestos que se pretend¨ªan combinar. Al elegir su paso por las Cortes y pedir la aprobaci¨®n de los institutos autocr¨¢ticos, en el fondo se disfraza la naturaleza del proceso constituyente que en realidad se abre. El proyecto de ley para la reforma constitucional ha merecido la aprobaci¨®n de 425 ciudadanos respetables, pero que carecen de mandato popular. El Gobierno Su¨¢rez ha cumplido, con ellos, con el franquismo. Ahora le toca hacerlo con la democracia.

La resultante de esta tensi¨®n pol¨¦mica es la erosi¨®n del clima convivencial, porque, los unos, afectos al r¨¦gimen anterior, ven en la reforma un mal necesario, pero con un contenido negociable, y los otros, la oposici¨®n, ven con estupor los prop¨®sitos constituyentes tergiversados en un penoso periplo por las c¨¢maras org¨¢nicas en una estrategia inserta en la vieja problem¨¢tica pol¨ªtica.

El proyecto Su¨¢rez es, en realidad, una ruptura legalizada que abre un campo de posibilidades al despliegue del juego democr¨¢tico en nuestro pa¨ªs, pero se inserta en el camino de la reforma en cuanto tiene de acomodo subrepticio a los esquemas autocr¨¢ticos precedentes.

El despliegue de la libertad pol¨ªtica se hace de puntillas para no despertar a los viejos leones reaccionarios como si el pa¨ªs entero hubiese de pedir disculpas al ejercitar el derecho b¨¢sico a elegir sus representantes y votar sus leyes.

Y es que la reforma, a¨²n en su versi¨®n actual, es el procedimiento menos dram¨¢tico, pero m¨¢s costoso, porque va erosionando los centros del poder, en virtud de un tira y afloja en el que la credibilidad de las partes sufre una merma, muy onerosa para el poder en ejercicio, y de gran desgaste para la imagen pol¨ªtica de la oposici¨®n, condenada a la cr¨ªtica permanente.

El desplazamiento progresivo de las instancias del poder termina por confundir la opini¨®n, hasta llegar ¨¦sta a la conclusi¨®n de que el poder lo ejercitan s¨®lo los aparatos de mantenimiento del orden, independizados parcialmente de un ejecutivo cada vez m¨¢s involucrado en una operaci¨®n negociadora de un, proceso constituyente. La separaci¨®n de los poderes, principio b¨¢sico del Estado liberal, sufre el impacto de esta confusi¨®n de funciones, en la que el ejecutivo se embarca en tareas legislativas, relegando la actividad que le es propia, la de gobernar, a la consecuci¨®n de este ingente empe?o. Los asuntos econ¨®micos, financieros, laborales, exteriores y comerciales, el Estado en suma, quedan relegados a un segundo plano ante la pavorosa perspectiva de un posible fracaso de la tarea constituyente y la pol¨ªtica econ¨®mica sufre el impacto de este aplazamiento indefinido con el consiguiente deterioro de la imagen p¨²blica del poder.

La idea de la ruptura como arranque ex-novo de la realidad pol¨ªtica hubiese tenido el riesgo de un trauma inicial; pero una vez emprendido el camino, se hubiese ido progresivamente ?a m¨¢s?, ya que se part¨ªa de una premisa clara y nueva, y las acciones subsiguientes no hubiesen estado en contradicci¨®n con el punto de partida, como es el caso en Ias medidas reformistas cuyo car¨¢cter democr¨¢tico dif¨ªcilmente encajan en los Principios del Movimiento, en que se funda el R¨¦gimen.

Pero la realidad es que las instituciones franquistas se desintegran por falta de apoyaturas sociales y populares, y el trauma de la desposesi¨®n institucional no queda compensado por una filosof¨ªa global de la situaci¨®n pol¨ªtica. Lo que se ha venido a llamar ?ruptura? no es otra cosa m¨¢s que un partir, desde un principio, de una filosof¨ªa de base democr¨¢tica que da, en cada caso, la respuesta apropiada a los fallos institucionales. Lo contrario es un deslizamiento hacia la contradicci¨®n permanente.

El pa¨ªs necesita en este instante, una vez vencidos los tr¨¢mites de la reforma, una instauraci¨®n netamente democr¨¢tica, un arranque inequ¨ªvocamente democr¨¢tico; una ruptura como designio supremo propiciado por el poder real para instaurar, junto a la Monarqu¨ªa, las primeras instituciones concertadas con el apoyo popular, que ser¨ªa, en ¨²ltima instancia, el camino m¨¢s corto, m¨¢s claro y menos costoso.

S¨®lo as¨ª podr¨ªa negociarse una estabilizaci¨®n econ¨®mica y s¨®lo as¨ª el poder, asumir¨ªa su misi¨®n hist¨®rica, dando sentido y finalidad a su estrategia hoy atrapada en una mara?a de viejos intereses.

Un Gobierno provisional, como el que ahora tenemos, podr¨ªa asegurar este nuevo rumbo siempre que, a t¨ªtulo de gestor, despoje el proceso constituyente de la impedimenta autoritaria que, como lastre, dificulta su marcha y convoque a la naci¨®n a esta gran tarea sin m¨¢s tr¨¢mites ni requisitos que los que la propia naci¨®n establezca en los nuevos cuerpos legislativos.

De otra forma, la oposici¨®n democr¨¢tica quedar¨ªa en un ghetto, aislada de la responsabilidad hist¨®rica de asistir a un proceso netamente democr¨¢tico o tendr¨ªa necesidad de ir buscando un pacto con el poder, hoy por hoy inviable. La ruptura pactada no es posible porque la oposici¨®n no puede actualizar a¨²n sus activos populares en una operaci¨®n de envergadura, ya que la crisis econ¨®mica dar¨ªa al traste con el pa¨ªs, y tampoco su fuerza de convocatoria ha alcanzado a¨²n su plena dimensi¨®n, o al menos la suficiente para ponerla sobre la mesa de las negociaciones. La iniciativa corresponde al poder, asumiendo el supremo deber de arrancar nuestra historia reciente del marasmo de los h¨¢bitos de la dictadura para instalarla, desde la naci¨®n, en una legalidad de nuevo cu?o, con el nuevo concurso de nuestro pueblo. El proyecto Su¨¢rez queda, pues, pendiente de este esencial paso. Ahora ha de hacer la ruptura. Las grandes declaraciones fundamentales no suelen ser pr¨¢cticas para instrumentar soluciones, pero son esenciales a la hora de iniciar un nuevo camino desde un nuevo punto de partida. La consagraci¨®n del principio de la soberan¨ªa de la naci¨®n obliga a arrumbar a un bagaje institucional autoritario y retr¨®grado. Y esto hay que decirlo. Y hacerlo.

Si el Gobierno continuase por el camino de la reforma, agotando en cada caso las exigencias de la legislaci¨®n precedente, las fuerzas externas continuar¨ªan su forcejeo por imponer un turno pol¨¦mico.

El poder debe, pues, definirse de forma inequ¨ªvoca y dar paso a un proceso netamente constituyente en que quede claro un camino inaugural de una nueva etapa fecunda en esperanzas. Una vez consumado el extra?o periplo reformista a trav¨¦s de la sumisi¨®n a Cortes del proyecto de ley para la Reforma Constitucional, una vez aprobado ¨¦ste y convocadas las elecciones, los objetivos son ya claros rumbo a la democracia. Si esto no lo hiciese el poder, lo terminar¨ªa haciendo la naci¨®n cuando ya no tuviese fuerzas econ¨®micas. Y eso ser¨ªa demasiado tarde. Un pa¨ªs exang¨¹e ser¨ªa un precio demasiado caro para una reforma pol¨ªtica.