La acci¨®n concertada

LA POLITICA industrial espa?ola se ha apoyado en tres pilares: la inversi¨®n directa a trav¨¦s de las empresas del Instituto Nacional de Industria, los llamados ?m¨ªnimos de capacidad ? y las acciones concertadas.En un editorial anterior (EL PAIS, 14-1-1977), se se?alaba que la baja dimensi¨®n de nuestra industria en general y la necesidad de que las nuevas inversiones fueran competitivas, constituyeron las justificaciones racionales de la legislaci¨®n sobre requisitos m¨ªnimos. Tambi¨¦n se dec¨ªa que, con el paso del tiempo, esa legislaci¨®n se hab¨ªa convertido en un resistente paraguas para desafiar la competencia, y que el aparato t¨¦cnico y de informaci¨®n existente imposibilitaba a la Administraci¨®n el cumplimiento del objetivo l¨®gico de seleccionar los proyectos en los cuales la exigencia de m¨ªnimos de capacidad estuviera justificada.

El tercer mecanismo, las acciones concertadas, responde a un planteamiento diferente, pero que ha resultado igualmente nocivo para los objetivos de reestructurar eficazmente la industria espa?ola.

Dicho de forma resumida, se trata de un acuerdo, entre la Administraci¨®n y las empresas de un sector, por el cual ¨¦stas se comprometen a alcanzar unos determinados objetivos -generalmente de producci¨®n, mediante aumentos de capacidad- a cambio de los cuales aqu¨¦lla otorga una serie de beneficios, siendo el m¨¢s Importante el acceso al cr¨¦dito oficial. A finales de 1976 los fondos concedidos por el Banco de Cr¨¦dito Industrial a los acuerdos de acci¨®n concertada rebasaban los 36.000 millones de pesetas.

Un dato revelador es que el contenido de las actas de concierto -el documento en el cual se plasma el acuerdo no se hace p¨²blico, siendo posible conocer tan s¨®lo los rasgos generales de las mismas a trav¨¦s del Bolel¨ªn Oficial del Estado. Acaso m¨¢s de un ciudadano corriente se asombre al saber que un acuerdo firmado por el Estado con un grupo de particulares est¨¢ rodeado de tantas penumbras, pero as¨ª es.

Una posible interpretaci¨®n de esta anomal¨ªa pudiera hallarse en las favorabil¨ªsimas condiciones financieras en que se han pactado algunas acciones concertadas. As¨ª. por ejemplo ha habido casos en que se concedieron cr¨¦ditos con un inter¨¦s del 5,5 %, con plazos hasta de dieciocho a?os y cinco de carencia, y por un importe del 70 % de la inversi¨®n a realizar. Pero no paran ah¨ª las facilidades de este incre¨ªble man¨¢, puesto-que los intereses se devengan. pero no se pagan hasta el final del pr¨¦stamo. Existen sectores, por tanto, que empe . zaron a recibir cr¨¦dito en 196.4 y no pagar¨¢n un c¨¦ntimo de intereses hasta pasado 1980.

La posibilidad de conseguir cr¨¦ditos a plazos largos, con tipos de inter¨¦s que la inflaci¨®n convierte en negativos y que, para mayor.sarcasmo,,se obtienen a trav¨¦s de circuitos priv ' ilegiados -detrayendo financiaci¨®n a quienes no tienen fuerza suficiente para construir un grupo de presi¨®n sectorial-, constituir¨ªa por s¨ª sola una raz¨®n para considerar la revisi¨®n inmediata del mecanismo de acciories concertadas vigentes-, pero no es esta la ¨²nica, desgraci adam ente.

Y es que no s¨®lo esos fondos se entregan a un sector sin corriprobar pr¨¢cticamente si las empresas que lo componen los necesitan o no, sino que tampoco se efect¨²a una con-Iprobaci¨®n eficaz de los. proyectos amparados por la acci¨®n concertada, ni se controla su evoluci¨®n y resultados. Lo ¨²nico que parece importar en este confuso y rentable mundo del concierto es que se cumplan los requisitos formales establecidos. Una vez m¨¢s se hace realidad, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la inmensa m.ayor¨ªa, aquello de que lo que. no est¨¢ en el BOE no existe.