El derecho de tachar y los diputados cuneros

Grupo AFEEn el siglo XIX era frecuente que cuando se suscitaba la elaboraci¨®n de un proyecto de ley de gran significaci¨®n, el Gobierno y los parlamentarios, siguiendo una costumbre brit¨¢nica, convocaban a los expertos existentes al margen de las instituciones oficiales para emitir su opini¨®n y arrojar luz sobre el tema pol¨¦mico que la posible disposici¨®n tratara de regular. A esto se le llamaba una ?Informaci¨®n Parlamentaria?. Se practicaba oralmente y por escrito y sus sesiones eran p¨²blicas. Este proceso era seguido por el pa¨ªs interesado, que as¨ª se enteraba paulatinamente de la marcha y dificultades del proyecto de ley, incidiendo en la medida que fuera posible, en el enderezamiento de su desviaci¨®n, en el caso de que ¨¦sta se produjese. No hubiera sido mala una f¨®rmula para arbitrar el contenido de la ley electoral que se negocia entre el Gobierno y los partidos que representan la llamada oposici¨®n democr¨¢tica. Se hubiera transparentado as¨ª con mayor nitidez lo que se cuece en los cen¨¢culos de la comisi¨®n de los nueve y lo que se cocina en los del Gobierno.

Por las cosas que se han filtrado uno piensa que existen varios riesgos de planteamiento, algunos de los cuales tal vez sea posible prevenir. El primero de ellos es, sin duda, el tomar el alumbramiento de la ley electoral como un mero negocio de entendimiento entre el Gobierno y los partidos de la Oposici¨®n. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de asentar firmemente los partidos pol¨ªticos, condici¨®n indispensable para el arraigo de la democracia, y sabemos que su consolidaci¨®n ha de depender de su protagonismo en el proceso electoral. Pero a muchos nos inquieta que este af¨¢n provoque el olvido de un dato incontrovertible: en este momento de nuestra evoluci¨®n pol¨ªtica las cifras de electores afiliados a los partidos es muy peque?a en relaci¨®n con los no militantes. Y la presencia de estos ¨²ltimos en las operaciones preparatorias del texto legal que ha de regular los pr¨®ximos comicios no est¨¢ claramente garantizada. El Gobierno puede creer que ¨¦l negocia los intereses de este amplio porcentaje de ciudadanos. Pero, en ese caso, tendr¨ªa que buscar una manera de hacer efectivas la presentaci¨®n y campa?a electoral de candidatos independientes, te¨®ricamente m¨¢s en n¨²mero que los listados por los partidos, los cuales no cuentan m¨¢s all¨¢ de quinientos o seiscientos mil electores militantes, en una estimaci¨®n indudablemente generosa. Los independientes, sin embargo, no parece que vayan a tener otra alternativa que colgarse de un partido si quieren contender en la arena electoral.

El segundo riesgo es el de las listas cerradas y bloqueadas. Esta f¨®rmula, que resulta aceptable en un pa¨ªs con larga experiencia electoral y acostumbrado a la democracia, puede ser hostil a los intereses democr¨¢ticos en una sociedad en tr¨¢nsito hacia la plena libertad y empe?ada en una aventura constituyente. La lista cerrada y bloqueada que la izquierda oficial propugna (?con la complicidad del Gobierno?) constituye, de alg¨²n modo, una coacci¨®n al elector. Le impone una candidatura herm¨¦tica de la que su sufragio no puede salir. No permite al votante, como tal vez prefiriera, construir su propia relaci¨®n de candidatos, que puede pretender pluriideol¨®gica. En una etapa en que a¨²n no se han decantado las grandes formaciones -hecho que debe suscitarse a lo largo de las constituyentes, pero no antes-, y cuando hay cerca de veinte millones de electores no afiliados a ninguna organizaci¨®n pol¨ªtica, muchos votantes van a guiarse en sus opciones m¨¢s que por los programas de los partidos por la credibilidad p¨²blica de las personas. Y ¨¦stas pueden militar, a la hora de su selecci¨®n, en grupos de distinto signo ideol¨®gico, no siendo posible, por tanto, incluirlos en la misma papeleta de votaci¨®n.

A?adamos a ello el deseo probable de muchos electores de trasladar a las c¨¢maras el pluralismo pol¨ªtico real, observado en su medio. Pensemos que para el ciudadano corriente pocos caminos m¨¢s claros va a encontrar de realizarlo que reunir en su sufragio a candidatos de diferentes tendencias. Al autor de estas l¨ªneas no le gustar¨ªa renunciar, al menos, al derecho de tachar, en la candidatura que elija, a las personas que no le ofrezcan las garant¨ªas de honestidad y decencia personal que piensa postular en sus favoritos. Si esto le fuera vedado creer¨ªa que sus opciones, al modo de ?lo toma o lo deja?, aunque fueran m¨¢s amplias que en los cuarenta a?os anteriores, distaban mucho de ser todav¨ªa aut¨¦nticamente libres.

El ¨²ltimo riesgo se?alable es la anunciada desaparici¨®n del requisito del arraigo en la circunscripci¨®n de la provincia para la elecci¨®n de los miembros del Congreso. Es ¨¦sta tambien, a mi parecer, una pretensi¨®n de la izquierda oficial, que acaricia la posibilidad de presentar el mismo candidato por varias circunscripciones. El mecanismo es bueno para combatir lo que se llama ?el caciquismo provincial?, cuya pervivencia, al modo cotidiano, resulta hoy m¨¢s que discutible. Yo dir¨ªa que la f¨®rmula es, sin embargo, m¨¢s eficaz para crispar a¨²n m¨¢s la sensibilidad de las provincias y facilitar una nueva y singular versi¨®n de los diputados ?cuneros?. S¨®lo que en esta ocasi¨®n con la iniciativa no s¨®lo del Ministerio de la Gobernaci¨®n, sino tambi¨¦n de las secretar¨ªas de los partidos de Oposici¨®n, capaces de incurrir en el centralismo m¨¢s audaz con tal de acumular el m¨¢ximo de esca?os. ?Han pensado los defensores de esta idea c¨®mo puede ser recibida en las provincias? He o¨ªdo decir, m¨¢s de una vez, a muchos electores de mi provincia natal, Santander, que no estaban dispuestos a votar a nadie con la m¨¢s leve mancha de madrile?ismo en su imagen. Actitud l¨®gica en un pueblo corno el m¨ªo, que ha padecido en la ¨¦poca del franquismo muchas representaciones en pura servidumbre a los resortes del poder central y en olvido frecuente de los intereses provinciales. ?Quieren la ansiada democracia, el Gobierno de la reforma y los partidos de la Oposici¨®n ofrecer este perfil centralista en las provincias, configurando las candidaturas al margen del arraigo de las personas entre los que han de ser sus electores?

Me temo que si no puedo formar la candidatura m¨¢s af¨ªn a mis convicciones, si tampoco puedo ejercer el derecho de tachar en la lista ofrecida a quien no me parezca aceptable y me obligan, por ¨²ltimo, a votar en Santander a un vecino de Ja¨¦n, que puede tener acento canario, voy a caer en la tentaci¨®n de la abstenci¨®n y, conmigo, algunos ciudadanos m¨¢s.