El PCE convoca a ocho dirigentes pol¨ªticos espa?oles
Entre las pruebas que el PCE ha solicitado realizar ante el Tribunal Suprerno para defender su legalizaci¨®n, el procurador Crist¨®bal Bonilla S¨¢nchez ha presentado una lista de testigos, todos ellos dirigentes de diversos grupos pol¨ªticos, quienes deber¨¢n contestar una lista de seis preguntas, para todos las mismas.Los requeridos son Jos¨¦ Mar¨ªa de Areilza (Partido Popular), Joaqu¨ªn Ruiz Gim¨¦nez (Izquierda Democr¨¢tica), Enrique Tierno (Partido Socialista Popular), Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez (Partido Socialdem¨®crata), Felipe Gonz¨¢lez (PSOE), Joaqu¨ªn Garrigues (Federaci¨®n de Partidos Dem¨®cratas), Ignacio Camu?as (Partido Dem¨®crata Popular), y Manuel Jim¨¦nez de Parga.
A estos testigos se les preguntar¨¢ su cargo en la organizaci¨®n pol¨ªtica a que pertenecen; si conoce a las personas que promueven la inscripci¨®n del PCE y los estatutos que han presentado para su legalizaci¨®n, as¨ª como el que ¨¦stos reflejan los objetivos y fines reales del PCE; si conocen, por su experiencia personal, p¨²blica o pol¨ªtica, que el PCE no persigue subvertir por la violencia el orden social, pol¨ªtico o econ¨®mico; s¨ª conoce que el PCE no est¨¢ sujeto a disciplina internacional ni propugna la implantaci¨®n de un sistema totalitario; si conoce, por ¨²ltimo, de sus relaciones con otros partidos y organismos democr¨¢ticos, el hecho de que en sus programas, acuerdos o pactos propugnan como ¨²til, conveniente o deseable la existencia legal del PCE, como factor necesario para el funcionamiento de una verdadera democracia en Espa?a.
Por su parte, la Liga Comunista Revolucionaria, cuyas alegaciones han sido presentadas por Juan Jos¨¦ Llisterri y Concepci¨®n de la Pe?a, con el asesoramiento de Pablo Castellano, discute en su alegato la capacidad del Gobierno para dictaminar la legalidad o ilegalidad de los partidos.
En cuanto a su fusi¨®n con ETA VI y sus relaciones con la IV Internacional, alega que solamente son simpatizantes, adem¨¢s de que muchos grupos europeos adictos a esta organizaci¨®n son legales en sus pa¨ªses. Dice despu¨¦s que propone un socialismo basado en la democracia obrera, y no en el totalitarismo, que el calificativo comunista no es discriminatorio, y pide que se comparen sus estatutos con los del PSOE y el PSP partidos socialistas que propugnan una sociedad sin clases.
Por otra parte, el Ministerio de la Gobernaci¨®n ha remitido al Tribunal Supremo la documentaci¨®n presentada por la Uni¨®n de Juventudes Comunistas de Espa?a, rama juvenil del PCE.
En la oficina del Registro tuvo entrada la solicitud de inscripci¨®n del grupo Esquerra Nacional, cuyo promotor es Jordi Gil Alba.
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