Procesados por la jurisdicci¨®n militar un general y un coronel de Aviaci¨®n

La jurisdicci¨®n militar ha incoado el procesamiento del general Luis Rey y del coronel Carlos Grandal, ambos del Ej¨¦rcito del Aire en relaci¨®n con sus actividades en el seno de la empresa que, a t¨ªtulo de consultant y de relaciones p¨²blicas, representa en Espa?a los intereses de varios productos de la compa?ia aeron¨¢utica estadounidense Lockheed.

El motivo del doble procesamiento se refiere exclusivamente a posibles infracciones de los mencionados militares de su estatuto en calidad de funcionarios, tanto civiles como militares, en materias relacionadas con su actuaci¨®n mercantil, que pudieran entrar en colisi¨®n con aquella doble condici¨®n.Seg¨²n una nota oficial de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo distribuida a los medios informativos el pasado 7 de noviembre, se establec¨ªa al t¨¦rmino de la investigaci¨®n del asunto Lockheed en Espa?a, que no exist¨ªan indicios de soborno en la actuaci¨®n de dicha compa?¨ªa para la apertura del mercado espa?ol a sus productos y, concretamente, al avi¨®n de transporte H¨¦rcules. Se hac¨ªa menci¨®n solamente de una lista de regalos de Navidad de su representante en Espa?a, la firma Avi¨®nica, SA, por valor de 90.000 pesetas, sin mencionar sus destinatarios.

Existen, sin embargo, varias listas en las que se reflejan, cada a?o, dichas atenciones sociales, dirigidas a personalidades civiles y militares, muchas de las cuales de rango y cargo superiores a los de los encausados.

El 13 de noviembre, el Ministerio del Aire facilitaba al diario ABC un informe adicional sobre el tema Lockheed en el que textualmente se dec¨ªa que ?las gestiones de adquisici¨®n de material las viene efectuando el Ministerio del Aire de Gobierno a Gobierno, y en el caso de la Lockheed, en el que el Gobierno de los Estados Unidos tiene por norma no actuar, mediente gesti¨®n directa con la casa americana, sin la menor intervenci¨®n de representantes espa?oles de dicha casa?.

La nota del Ministerio del Aire ?lamentaba que dos oficiales, a espaldas de sus superiores, seg¨²n dice el fiscal, se sirviesen de la firma que representaba en Espa?a los intereses de la Lockheed para atribuirse, por su cuenta y riesgo, ante la compa?¨ªa norteamericana, unas posibilidades de gesti¨®n cerca del Ministerio del Aire que ni intentaron ni pod¨ªan intentar?.

Pese a la sorpresa ministerial, en la nota previa de la Fiscal¨ªa del Supremo se especificaba que las comisiones de la Lockheed a la empresa Avi¨®nica, a la que pertenec¨ªan como accionistas los encausados, hab¨ªan ascendido a unos 73 millones de pesetas, por la venta de siete aviones C-130 H¨¦rcules a la Fuerza A¨¦rea espa?ola. Esto indica que, aunque el Gobierno espa?ol tratara la cuesti¨®n directamente, la firma americana respetaba sus compromisos con su consultant.

La mencionada suma fue repartida entre los miembros de Avi¨®nica en concepto de sueldos, gastos y dividendos, y quedaba plenamente justificada.

El mismo d¨ªa que el Ministerio del Aire divulgaba la antedicha nota, el fiscal del Tribunal Supremo, que hab¨ªa viajado a Washington para hacerse cargo directamente de los papeles de la Lockheed en Espa?a, presentaba su dimisi¨®n y se desped¨ªa de sus colaboradores en ¨¦l m¨¢s alto tribunal. El d¨ªa 17 de noviembre, el fiscal dimisionario, Jos¨¦ Garc¨ªa y Rodr¨ªguez Acosta, confirmaba a la prensa su decisi¨®n, aunque agregaba que a¨²n no hab¨ªa resoluci¨®n por parte del Ministerio de Justicia.

A finales del pasado mes de octubre comenzaron a saltar a la prensa espa?ola informaciones fragmentarias en torno a posibles sobornos de la Lockheed en Espa?a. El caso hab¨ªa estallado meses antes en Washington, denunciado por un comit¨¦ oficial estadounidense. Al conocerse la relaci¨®n del general Rey y del coronel Grandal con la venta de los controvertidos aviones, ambos oficiales fueron puestos en situaci¨®n de disponibles a las ¨®rdenes del ministro.

Un esc¨¢ndalo de soborno, que en los pa¨ªses democr¨¢ticos -Jap¨®n, Italia, Holanda- ha salpicado a jefes de Estado u primeros ministros, en Espa?a, por el momento, se cierra con el procesamiento por la jurisdicci¨®n militar de dos oficiales sin poder decisorio -seg¨²n reconoc¨ªa el Ej¨¦rcito del Aire- para elegir la compra de determinado avi¨®n.