La Iglesia espa?ola y los derechos humanos

Miembro del comit¨¦ ejecutivo del Partido Comunista de Espa?a y del PSUCA partir del Concilio Vaticano II la Iglesia viene repitiendo que el mensaje evang¨¦lico es consustancial con la defensa de los derechos humanos. Esta consideraci¨®n tiene hoy unas claras connotaciones pol¨ªticas, pues no en vano desde 1948 existe una Declaraci¨®n Universal de los Derechos del Hombre, proclamada solemnemente en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No se trata tan s¨®lo de una vaga consideraci¨®n moral que podr¨ªa tomarse de forma gen¨¦rica en t¨¦rminos individuales, sino de una referencia pol¨ªtica precisa, que recientemente ha sido objeto de acuerdos conjuntos en la conferencia de Helsinki celebrada el verano pasado.

No vamos a recordar ahora los per¨ªodos demasiado dilatados en los que la lglesla no tan s¨®lo no ha defendido los derechos del hombre, sino que ella misma los t¨ªa violado hacia dentro y hacia fuera. Per¨ªodos en los que ha sido c¨®mplice de diversos fascismos, y en los que, incluso a nivel doctrinal, ha tratado de justificar represiones y violencias colectivas. En ¨¦pocas recientes esta actitud ha venido justificada por un anticomunismo casi pasional. En la Enc¨ªclica Quadragesimo Anno (mayo de 1931), P¨ªo XI escrib¨ªa: ?Basta un poco de reflexi¨®n para ver las ventajas de esta organizaci¨®n (la Corporaci¨®n Italiana Fascista), aunque la hayamos descrito sumariamente; la colaboraci¨®n pac¨ªfica de las clases, la represi¨®n de las organizaciones y de los intentos socialistas, la acci¨®n moderadora de una magistratura especial. ?

No est¨¢ demasiado lejos la actuaci¨®n de una Iglesia nacional-cat¨®lica, pilar de cuarenta a?os de franquismo y que, bajo las orientaciones.de monse?ores Morcillo y Guerra Campos, ha tratado de justificar tal sistema doctrinalmente, incluso despu¨¦s del Concilio Vaticano II.

En su pr¨¢ctica interna, la Iglesia no es tampoco un modelo de democracia. No se puede decir que en ella se aplique hoy con coherencia el art¨ªculo diecinueve de la citada Declaraci¨®n de los Derechos del Hombre: ?Todo individuo tiene derecho a la libertad de opini¨®n y de expresi¨®n; este derecho incluye el de no ser inquietado por causa de sus opiniones.? Te¨®logos, sacerdotes y laicos se han visto acosados por defender posiciones que les parec¨ªan desprenderse de la nueva doctrina abierta por el Concilio Vaticano II. Y no hablemos de la discriminaci¨®n a que se halla sometida la mujer. Pero ahora no se trata tanto de hacer un elenco de incoherencias entre el pronunciamiento general -el mensaje evang¨¦lico es consustancial con la defensa de los derechos humanos-, cuanto de analizar de qu¨¦ modo y manera debe precisarse tal pronunciamiento a nuestras circunstancias presentes, contribuyendo as¨ª a que la Iglesia vaya siendo cada d¨ªa m¨¢s coherente con tal pronunciamiento y adecue as¨ª los hechos a las palabras.

El cardenal Taranc¨®n, de acuerdo con la famosa homil¨ªa pronunciada en la coronaci¨®n de don Juan Carlos en los Jer¨®nimos, viene se?alando las nuevas l¨ªneas de relaci¨®n entre Iglesia y Estado, basadas en la separaci¨®n de ambas potestades acompa?ada de una amistosa convivencia. Al mismo tiempo, ha subrayado con ¨¦nfasis la legitimidad de las diversas posiciones pol¨ªticas y el consiguiente pluralismo pol¨ªtico de los cristianos. ?El Concilio propone un principio claro y terminante: la comunidad pol¨ªtica y la Iglesia son independientes y aut¨®nomos. Lo cual significa que la Iglesia -el cristianismo- no puede estar ligada a ning¨²n r¨¦gimen pol¨ªtico y menos, evidentemente, a una tendencia pol¨ªtica?, ha recordado el presidente de la Conferencia Episcopal.

Un an¨¢lisis detallado de la se rie de ?Cartas cristianas? del cardenal Taranc¨®n hallar¨ªa en ellas un hilo conductor sustancial, no exento de determinadas contradicciones. Especialmente en lo que se refiere a la distinci¨®n entre el rechazo de un partido confesional, ?con el apellido cristiano? que ?siempre ofrece el peligro de que sea considerado como porta voz de la jerarqu¨ªa o como la ex presi¨®n genuina -la ¨²nica- del Evangelio, lo que ser¨ªa sencilla mente funesto?, y la convivencia y hasta necesidad de ? la constituci¨®n de partidos de inspiraci¨®n cristiana? para-?conjugar las fuerzas de los que tienen una concepci¨®n cristiana de la vida?. Esta sutil distinci¨®n no ha dejado de desconcertar a la opini¨®n p¨²blica, pero vista en el conjunto general de las citadas cartas, as¨ª como de la praxis pastoral que viene desarrollando la l¨ªnea Taranc¨®n parece claro que su decisi¨®n- de mantenerse al margen de un partido concreto -alej¨¢ndose as¨ª de los modelos europeos pr¨®ximos- es algo madurado, decidido, algo d¨¦ lo que debemos felicitarnos.

A nadie se le escapa el salto de gigante que existe entre un Episcopado que en los a?os treinta participaba de forma beligerante en la guerra civil, y la posici¨®n actual en la que la Iglesia institucional, sin despreocuparse por ello de los problemas reales de nuestra sociedad, expresa el adecuado respeto por la plural secularizaci¨®n de la sociedad espa?ola.

Ahora bien, para que las declaraciones de respeto por el pluralismo pol¨ªtico no sean traducciones abstractas de una confortable neutralidad, es preciso ver c¨®mo se concreta hoy la defensa de esos derechos humanos contra las discriminaciones que se particularizan de forma precisa en el proceso de la reforma.

En.t¨¦rminos generales, hoy se siguen violando todav¨ªa derechos fundamentales de la persona humana, como son las libertades de expresi¨®n, de reuni¨®n y de asociaci¨®n. No contamos todav¨ªa si quiera con una legislaci¨®n que garantice el derecho de libertad sindical, y las centrales obreras se ven acosadas en el uso de sus de rechos asociativos y de huelga. Todav¨ªa no hemos erradicado el grotesco espect¨¢culo del secuestro de publicaciones o de las, radios amordazadas. Y para qu¨¦ hablar de RTVE.

Estamos pendientes a¨²n del alcance real de las ¨²ltimas medidas sobre amnist¨ªa. Los derechos de las nacionalidades y regiones, sin reconocimiento efectivo; las negociaciones de la comisi¨®n de los diez con Su¨¢rez sobre este tema, bloqueadas. El pueblo vasco se ve constantemente acosado; v¨¦ase Vitoria, v¨¦anse los recientes acontecimientos de Guip¨²zcoa. Catalunya ve como se le aplica pertinazmente una pol¨ªtica de tinte regionalista, con tufillo de apa?o neofranquista, cuando el pueblo no cesa de precisar el camino de sus aspiraciones, es decir, el Estatut de 1932 como punto de partida. Todo ello expresa los l¨ªmites reales de un sistema que se pretende moderno y adaptado a la Europa contempor¨¢nea.

La Iglesia institucional debe, pues, seguir reclamando. la instauraci¨®n de estos derechos, tal como ha venido haciendo en los ¨²ltimos tiempos del franquismo y primeros de la delicuescente reforma, en los que se ha pro nunciado en diversas ocasiones, sea en torno de la amnist¨ªa, sea en tomo de los derechos fundamentales de la persona humana. Pero a esta situaci¨®n de inestabilidad general respecto a la normalizaci¨®n de las libertades democr¨¢ticas, se suma, adem¨¢s, una situaci¨®n peculiar. Si bien los diversos partidos pol¨ªticos gozan de ?tolerancia? -?hasta cu¨¢ndo?-, y la prensa informa de sus actividades, a la hora de las legalizaciones el Gobierno ha se?alado una l¨ªnea de demarcaci¨®n remitiendo al Tribunal Supremo los expedientes de aquellos partidos que se consideraban incursos en el renovado art¨ªculo 172 del C¨®digo Penal. Todos sabemos lo que hay detr¨¢s de esta remisi¨®n de expedientes; en v¨ªsperas de elecciones, la prolongaci¨®n de una inscripci¨®n regular -admitiendo que finalmente se apruebe- puede ser decisiva para la salida de un partido pol¨ªtico en la cancha electoral. No son pocos los que est¨¢n ya dando vueltas al circuito m¨¢s que ol¨ªmpico de las elecciones, cuando otros est¨¢n esperando que se les deje despegar en una competici¨®n que s¨®lo tiene sentido basada en unas re glas del juego leales.

Aqu¨ª viene lo que consideramos aplicaci¨®n precisa de la formulaci¨®n gen¨¦rica ?defensa de los derechos humanos?. No basta decir que hay que respetar la libertad pol¨ªtica de las diversas opciones y evitar la beligerancia en favor de alguna de ellas. Hay que reclamar la existencia normalizada de todas, as¨ª como el reconocimiento efectivo de las nacionalidades y regiones.

El Gobierno ha elegido, el camino de la reforma, es decir, de la democracia otorgada y discriminatoria, se ha autoasignado el papel de juez y parte del inmediato pol¨ªtico. Niega el pan y la sal a quien le parece, jugando a la divisi¨®n y a la zancadilla. La Iglesia institucional debe adoptar posiciones claras ante tal situaci¨®n.

Si durante el per¨ªodo franquista fueron muchas las voces que se levantaron para recordar que en situaci¨®n de nacional-catolicismo el silencio -identificado con el ?no hacer pol¨ªtica? de la Iglesia- era lo mismo que hacer una pol¨ªtica determinada, no exigir hoy de forma concreta la legalizaci¨®n de todos los partidos pol¨ªticos y organizaciones sindicales es lo mismo que apoyar de forma indirecta, pero beligerante, a aquellos que ya gozan del benepl¨¢cito y bendici¨®n del Gobierno. La defensa de los derechos humanos pasaba ayer por la denuncia de la represi¨®n generalizada. Hoy pasa, adem¨¢s, por la denuncia de la discriminaci¨®n.

La Iglesia institucional ha sido maestra a trav¨¦s de la historia en presentarse como portadora de un mensaje abstracto de fraternidad e igualdad. Pero esa reiteraci¨®n idealista es la que ha llevado a inmensas masas a desconfiar de sus pronunciamientos. Ser¨ªa lamentable que durante el per¨ªodo de la reforma, en nombre de una confortable neutralidad, la Iglesia constitucional -despu¨¦s de haberse batido por la amnist¨ªa y las libertades democr¨¢ticas en los ¨²ltimos a?os del franquismo-, se hiciera c¨®mplice de discriminaciones que afectan, particularmente, a la clase obrera, a las clases trabajadoras, discriminaciones que expresan nuevas formas, adecuadamente maquilladas, de anticomunismo. Precisamente, una Iglesia cuya base busca hoy con af¨¢n su regreso a las fuentes, su presencia social como Iglesia de los pobres.

La defensa de los derechos humanos exige, en cada momento, valor y fidelidad al mensaje de Cristo. Generalmente, esa actitud puede tener consecuencias para los privilegios adquiridos en dilatados per¨ªodos de cristiandad, en nuestro caso de nacional-catolicismo. Pero s¨®lo comport¨¢ndose as¨ª, la Iglesia podr¨¢ recuperar la credibilidad evang¨¦lica da?ada gravemente durante cuarenta a?os de complicidad con el franquismo.