1.? de abril: el Movimiento ha terminado

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer la desaparici¨®n de la Secretar¨ªa General del Movimiento, cuyos ¨®rganos pol¨ªticos quedan extinguidos, incorpor¨¢ndose los de car¨¢cter social asistencial a otros departamentos de la Administraci¨®n. El Consejo aprob¨® tambi¨¦n la supresi¨®n del art¨ªculo segundo de la ley de Prensa, al mismo tiempo que refuerza los mecanismos de persecuci¨®n de los delitos cometidos en medios de comunicaci¨®n social. Asimismo, el Gobierno mantiene el nombramiento del se?or Becerril, como presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Uno de los m¨¢s importantes acuerdos del Consejo de Ministros fue la desaparici¨®n legal del Movimiento-organizaci¨®n sobre el que tantas pol¨¦micas se consumieron desde la promulgada ley Org¨¢nica del Estado. El decreto-ley aprobado por el Gobierno, precisamente a los 38 a?os de la victoria b¨¦lica que siempre se atribuy¨® el Movimiento, tiene como objetivo la reestructuraci¨®n de los ¨®rganos dependientes del Consejo Nacional y el nuevo r¨¦gimen jur¨ªdico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento.

El Consejo de Ministros aprob¨® tambi¨¦n un real decreto-ley ?sobre libertad de expresi¨®n? —seg¨²n el texto de la ampliaci¨®n de la referencia de dicho Consejo—, en que, a cambio de suprimir el art¨ªculo segundo de la ley de Prensa, se establece un reforzamiento de las posibilidades de acutaci¨®n administrativa y penal en lo que el mismo texto califica de ?intento de equilibrar las medidas liberalizadoras que permitan una plena libertad de expresi¨®n en Espa?a con aquellas otras de car¨¢cter preventivo que eviten el deterioro de determinados principios e instituciones?,

En este sentido, el real decreto trata de que no queden ?sin adecuada protecci¨®n? los valores ¨¦ticos y sociales. As¨ª, se establece que la intervenci¨®n administrativa abarcar¨¢ a los supuestos concretos que signifiquen ataque a la unidad de Espa?a, a la instituci¨®n mon¨¢rquica y a las Fuerzas Armadas, as¨ª como las informaciones obscenas o pornogr¨¢ficas, en terminolog¨ªa del texto mencionado.

Por otro lado, se fortalece la protecci¨®n penal y los instrumentos ya previstos por nuestro ordenamiento procesal para defender el honor y la fama de los particulares. El texto razona que la concurrencia democr¨¢tica s¨®lo es posible si el contraste y enfrentamiento entre opciones pol¨ªticas diversas ?se hace de manera que ninguno de los contendientes pueda erigirse en juez de la conducta ajena, funci¨®n reservada, exclusivamente, en lo jur¨ªdico, a los tribunales de justicia, y en lo pol¨ªtico al voto de los ciudadanos?.

El decreto-ley concede a los delitos de calumnia e injurias —previstos y penados en el C¨®digo Penal—, cometidos en medios de comunicaci¨®n social, el tratamiento de delitos semip¨²blicos, perseguibles por simple denuncia de la persona agraviada. Estos delitos ser¨¢n sancionados en su grado m¨¢ximo por un procedimiento de urgencia en tiempo de campa?a electoral.