Nueva justicia, viejos presos

Director del Departamento de Derecho Penal de la facultad de Derecho de San Sebasti¨¢n

La atenci¨®n que d¨ªas pasados prestaron algunos peri¨®dicos a los reclusos de Carabanchel merece la gratitud de todos los ciudadanos y la reflexi¨®n tambi¨¦n de todos, pero m¨¢s de quienes (por razones de profesi¨®n o de inter¨¦s personal) nos preocupamos especialmente por las personas privadas de libertad en nombre de la justicia (con frecuencia, en este terreno, bastante injusta). Las noticias que parte de la prensa ha publicado piden una consideraci¨®n p¨²blica por motivos m¨²ltiples (tambi¨¦n cient¨ªficos, jur¨ªdicos y humanos). Quienes procuramos conocer lo que sucede dentro de los establecimientos penitenciarios podemos y debemos formular las siguientes constataciones:

1. Las instituciones penitenciarias en el Estado espa?ol necesitan una reforma radical pues actualmente adolecen de deficiencias violadoras de elementales derechos humanos.

2. La sociedad carece de la informaci¨®n que en justicia debe poseer acerca de c¨®mo se desarrollan las sanciones privativas de libertad. Por desgracia, la sociedad no pide esa informaci¨®n, ni protesta de su falta.

3. Los medios de comunicaci¨®n, salvo excepciones, no prestan la atenci¨®n debida a tantos miles de personas despojadas, a veces durante varios lustros, de sus derechos b¨¢sicos.

4. Los organismos comunitarios, partidos pol¨ªticos, sindicatos, organizaciones eclesi¨¢sticas y caritativas, etc¨¦tera, olvidan sus obligaciones respecto a esos ciudadanos marginados entre rejas (en condiciones peores que algunos animales dom¨¦sticos).

5. Los presos procuran llamar nuestra atenci¨®n por situaciones m¨¢s lamentables que las causantes de otras protestas y contestaciones. Lo hacen con medios menos violentos, menos molestos y perturbadores del orden p¨²blico (sus autolesiones, sus huelgas de hambre, no impiden a nadie disfrutar de las comodidades cotidianas), y con medios menos costosos al erario p¨²blico.

6. Por ego¨ªsmo (si miramos al futuro) debemos cerrar muchas c¨¢rceles y sustituirlas por sanciones repersonalizadoras en libertad. Sanciones dirigidas a reconstruir las estructuras injustas y crimin¨®genas de nuestra sociedad.

Las notas que han escrito los presos, sus familias y la COPEL (Comisi¨®n Organizadora de Presos Espa?oles en Lucha; a la cual desde estas l¨ªneas le manifiesto que ser¨¢ para m¨ª un honor poderme contar entre sus miembros, y colaborar con ellos) merecen un comentario m¨¢s detenido de lo que ahora puedo hacer. Pero, al menos, conviene manifestar que cualquier ciudadano amante de la justicia suscribe todas sus peticiones. Probablemente debe corregirse un poco la direcci¨®n de algunas afirmaciones. Concretamente, parece que la causa principal de las deficiencias y de las injusticias que padecen los reclusos radica en el escaso presupuesto concedido por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Justicia, para los establecimientos y para las personas que atienden (mejor dicho, desean, pero no pueden atender) a los internos. Esas personas trabajan m¨¢s de lo que pueden, dada la escas¨ªsima cantidad de dinero de que disponen para su formaci¨®n y para sus necesidades.

Merecen subrayarse algunas exigencias de los presos. Por ejemplo: que se reforme radicalmente el reglamento de las instituciones penitenciarias (este reglamento resulta hoy anacr¨®nico; no observa las reglas m¨ªnimas que se han establecido y desarrollado en los congresos de las Naciones Unidas, para la prevenci¨®n del delito y tratamiento del delincuente, el ¨²ltimo en Ginebra en septiembre de 1975; ni observa las reglas m¨ªnimas que ha formulado el Consejo de Europa en 1973). Esta reforma cebe llevarse a cabo, como indican los presos, con la participaci¨®n de especialistas y de los mismos presos. (No se proyecta tal colaboraci¨®n, seg¨²n mis informes.)

Que los presos no sean trasladados caprichosamente por decisi¨®n unilateral de las autoridades administrativas, sin control judicial (estos traslados pueden considerarse similares a la pena de destierro, pero se imponen sin previo juicio). Los presos deben permanecer en su regi¨®n, pues necesitan la cercan¨ªa de sus familiares y amigos, por razones de bien com¨²n (aunque disminuya algo la seguridad y el orden dentro de los muros).

El cese de los malos tratos, y el respeto total de los derechos humanos por parte de la Administraci¨®n de la justicia.

La retribuci¨®n econ¨®mica justa por el trabajo realizado en los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con la legislaci¨®n para los trabajadores en libertad.

La alimentaci¨®n sana y nutritiva y el derecho a recibir alimentos del exterior, igual que los pol¨ªticos.

Acceso real a la biblioteca de la prisi¨®n, con desaparici¨®n de la actual censura.

La abolici¨®n de las celdas de castigo, etc¨¦tera.

Todas las peticiones de los presos (y otras m¨¢s) est¨¢n ya concedidas en muchos establecimientos de otros pa¨ªses, con resultados positivos (aunque los resultados no fueran positivos, deb¨ªan concederse, pues son derechos justos).

Estos deseos de los privados de libertad, resultan excesivamente peque?os y cortos. Como indica Kaiser, en la tercera edici¨®n de su excelente Kriminologie (1976), pp. 136 y ss. en los ¨²ltimos a?os ha cambiado totalmente el contenido, el n¨²mero y el significado de las sanciones penales.

Sin embargo, en el Estado espa?ol, estas instituciones siguen poco m¨¢s o menos igual que hace un siglo. Aunque se concedan todas esas peticiones (y se deben conceder inmediatamente), todav¨ªa quedan por reconocer y desarrollar importantes derechos de los presos. Por ejemplo, el derecho a hablar en su propia lengua; y a leer publicaciones en su propia lengua (sin necesidad de esperar meses para que tales escritos sean censurados por personas que viven a cientos de kil¨®metros); el derecho a tener m¨¢s comunicaci¨®n con sus familiares y amigos; el derecho a la visita conyugal; el derecho a una digna asistencia religiosa (por ministros de la religi¨®n que no sean funcionarios del Estado, ni miembros de la Junta de R¨¦gimen); el derecho a la amnist¨ªa por condenas fundadas en art¨ªculos de nuestro arcaico C¨®digo Penal, que deben desaparecer (el C¨®digo Penal debe someterse a una en¨¦rgica descriminalizaci¨®n de delitos convencionales, y a una seria criminalizaci¨®n de delitos no-convencionales hoy pr¨¢cticamente at¨ªpicos, como la evasi¨®n de capitales, la especulaci¨®n del suelo, las torturas policiales, etc¨¦tera); el derecho a que sus bibliotecas tengan m¨¢s libros y revistas; el derecho a que algunas instituciones les atiendan cuando salen de la c¨¢rcel carentes de todo y estigmatizados con las etiquetas m¨¢s denigrantes. Con raz¨®n afirma Blau (Strafvollzug in der Praxis, Gruyter, 1976, pp. 32 y ss.) que la opini¨®n p¨²blica a veces mira con malos ojos a los presos y desconoce la necesidad y la utilidad de mejorar radicalmente la legislaci¨®n y la praxis de los establecimientos penitenciarios.

Como demuestran los crimin¨®logos cr¨ªticos, muchos marginados son v¨ªctimas de los marginamientos que cobijados en su legalidad cometen las actividades m¨¢s perjudiciales. Seamos sinceros: la autoridad tiene la obligaci¨®n de dar cuenta a todos los ciudadanos acerca de lo que su cede en esos establecimientos, con esos funcionarios (sin suficiente formaci¨®n, sin medios y sin tiempo) incapaces de reeducar, y con unas estructuras que convierten la c¨¢rcel en la universidad del crimen.

La autoridad tiene obligaci¨®n de hacer justicia y tambi¨¦n de mostrar que hace justicia. Esta ¨²ltima obligaci¨®n exige que p¨²blicamente se aclare hasta qu¨¦ punto tienen fundamentos las quejas que la prensa ha publicado. Hay que mostrar c¨®mo se van a evitar estas violaciones de los derechos elementales. El silencio, en casos como ¨¦ste, es un delito represivo, un delito del poder, un delito no-convencional, un delito muy grave (no est¨¢ quiz¨¢s tipificado en el C¨®digo Penal, no se sancionar¨¢, pero es un delito). De estos lodos vendr¨¢n despu¨¦s peores polvos. La violencia que todos lamentamos nace en gran parte de este y otro silencio del poder (pol¨ªtico, econ¨®mico, religioso, etc¨¦tera).

En resumen, alguien que detenta el poder est¨¢ cometiendo injusticias graves con los presos. Y la sociedad est¨¢ guardando un silencio delictivo que perjudica gravemente a miles de personas incapaces de defender sus derechos, pues est¨¢n enterradas vivas, atadas de pies, manos y bocas (para su ?rehabilitaci¨®n?).