El recto uso derecho de huelga

DURANTE OCHO d¨ªas, los servicios de recogida de basuras de Valladolid han permanecido en huelga, apoyando de esta forma sus peticiones de aumento de salarios y reducci¨®n de jornada laboral. La noticia no requerir¨ªa m¨¢s comentarios si las circunstancias particulares del conflicto no lo hubieran rod¨¦ado de una especial gravedad. A lo largo de sus ¨²ltimas horas, la capital castellana presentaba un aspecto dram¨¢tico: huelguistas y vecinos enfrentados violentamente con la fuerza p¨²blica, mientras las calles de la ciudad daban la sensaci¨®n de una villa apestada en la que el fuego de las hogueras, la suciedad, el hedor insoportable, el peligro de aparici¨®n de ratas e insectos y el riesgo de enfermedades contagiosas se combinaban en una imagen que nos retrotra¨ªa a las oscuras sombras de la alta Edad Media.Tan ca¨®tica situaci¨®n ha sido, fundamentalmente, fruto de una interpretaci¨®n err¨®nea de lo que debe significar el derecho a la huelga por parte de tres grupos de protagonistas: las autoridades municipales, los propios huelguistas y aquella parte de la poblaci¨®n vallisoletana encuadrada en las asociaciones de vecinos.Las autoridades municipales creyeron posible recurrir a m¨¦todos de otros tiempos para solucionar el conflicto y, en lugar de negociar con los representantes de los trabajadores y exponer sus puntos de vista ante los vecinos, prefirieron la v¨ªa expeditiva del despido y la pol¨ªtica del amedrentamiento. Por su parte, los obreros del servicio de recogida de basuras olvidaron que, al fin y a la postre, desempe?an un servicio p¨²blico con especial incidencia en la salud ciudadana, el cual, sin recortar en absoluto su derecho de huelga como medio de defensa de sus intereses, limita los m¨¦todos empleados en apoyo de sus reivindicaciones. No recoger la basura depositada en sus lugares habituales puede tener alguna defensa; desparramarla por las calles es injustificable.

Respecto a las asociaciones de vecinos, nadie puede negar su derecho a participar en un conflicto que tan directamente les afecta, pero parece como si en este caso el apoyo a los huelguistas y el acoso a una de las partes en litigio hayan primado sobre lo que, a primera vista, deber¨ªa ser su objetivo prioritario: el reducir al m¨¢ximo la incidencia de tan peligroso antagonismo. Quiz¨¢s existieran razones para que las asociaciones se manifestaran ante el Ayuntamiento en solidaridad con los huelguistas, pero es muy dif¨ªcil hallarlas para el lanzamiento de bolsas de basura contra la fachada de la Casa Consistorial.

Estamos, pues, ante una de las muchas deformaciones que cuarenta a?os de dictadura han enraizado en la apreciaci¨®n que de sus derechos y deberes en un r¨¦gimen democr¨¢tico hacen los distintos grupos sociales en la Espa?a de 1977. No s¨®lo porque existe un clima de confusionismo general en el cual nadie parece inclinado a delimitar con claridad las fronteras que separan el inter¨¦s propio y el general, sino porque, como en este caso concreto, los principales protagonistas olvidaron que una huelga laboral es, ¨²nicamente, un acto a trav¨¦s del cual un grupo social manifiesta su protesta frente a una situaci¨®n de injusticia, mediante la interrupci¨®n temporal o la cesaci¨®n total del trabajo. Una huelga laboral, y la de los obreros de Valladolid as¨ª debe considerarse en principio, no es un conflicto pol¨ªtico que persiga la ruptura del orden social existente; ni, exige manifestaciones de solidaridad, como las de las asociaciones de vecinos, que busquen m¨¢s exacerbar la conflictividad entre los grupos enfrentados que paliar las consecuencias de su disputa.

Nuestra regulaci¨®n del derecho de huelga deja mucho que desear, pero en cualquier democracia occidental el derecho de huelga, adem¨¢s de gozar de un reconocimiento constitucional, marca las diferencias entre huelga pol¨ªtica y laboral, limita parcialmente su ejercicio en determinados sectores o para ciertas capas de asalariados, establece procedimientos preceptivos de conciliaci¨®n y arbitraje e impone preavisos a su puesta en pr¨¢ctica. Si en nuestro pa¨ªs queremos caminar hacia el perfeccionamiento de un t¨¦gimen democr¨¢tico, es preciso desechar la idea de que ¨¦ste permite la imposici¨®n de las aspiraciones de un grupo social sobre los restantes por todos los medios y a cualquier precio.