La amnist¨ªa total y las autonom¨ªas

LA REIVINDICACI?N de la autonom¨ªa por las ?nacionalidades hist¨®ricas? y de la amnist¨ªa total se hallan relacionadas por una mediaci¨®n dram¨¢tica: la mayor¨ªa de los presos pol¨ªticos que aguardan esa amnist¨ªa son personas que fueron condenadas como militantes de ETA. En el Pa¨ªs Vasco la amnist¨ªa total parece configurarse como un requisito sine qua non para que la negociaci¨®n entre las fuerzas pol¨ªticas y la discusi¨®n a nivel popular del proyecto de Estatuto de Autonom¨ªa se desarrolle en el necesario clima de paz y racionalidad, y, a su vez, s¨®lo el r¨¦gimen de autonom¨ªa podr¨¢ eliminar las condiciones que hacen posible el surgimiento de la violencia que, aunque asumida solo por unas minor¨ªas, recibe a veces el respaldo o la simpat¨ªa de sectores m¨¢s amplios.En esa perspectiva no puede extra?ar que ambas cuestiones hayan sido tratadas por los portavoces de los grupos parlamentarios autonomistas, socialista y comunista en la sesi¨®n plenaria de ayer en las Cortes. Ni tampoco que el senador Xirinacs y otros parlamentarios vascos sean quienes protagonicen el gesto de protesta de permanecer en pie durante las sesiones como forma de recordar que la amnist¨ªa total se halla pendiente.

Catalanes y vascos han anunciado de forma abrumadora en las elecciones que quieren la autonom¨ªa aqu¨ª y ahora, y que ese r¨¦gimen de autogobierno no puede ser la manifestaci¨®n particular de unas normas generales de descentralizaci¨®n administrativa. Al tiempo, la experiencia hist¨®rica ha demostrado a la inmensa mayor¨ªa de los nacionalistas que la autonom¨ªa puede tener el mismo contenido pr¨¢ctico que una f¨®rmula federal y ninguno de sus peligros; en cuanto a las perspectivas independentistas, la importante presencia de poblaci¨®n castellano-parlante en ambas zonas bastar¨ªa para demostrar su completa inviabilidad. Y aunque hay grupos pol¨ªticos en Euskadi que defienden la reunificaci¨®n de las tierras vascas espa?olas y francesas en un Estado independiente y socialista, las ¨²ltimas elecciones han puesto de relieve la d¨¦bil implantaci¨®n popular de semejante idea.

En este marco, conviene analizar la teatral aparici¨®n en Durango de los presos vascos excarcelados y extra?ados y el indulto que acaba de ser otorgado a favor de ocho de ellos. La ruptura del compromiso firmado por los extra?ados de no volver a Espa?a es completamente condenable. Pero tampoco es admisible que una decisi¨®n administrativa, en su d¨ªa acertada en t¨¦rminos estrictamente pol¨ªticos, aspire a alcanzar una validez jur¨ªdica eterna. El extra?amiento temporal -en ning¨²n caso de por vida- es una pena que s¨®lo puede ser aplicada por sentencia firme de los tribunales de Justicia. El Gobierno recurri¨® a ese procedimiento para salvar las elecciones y guardarse, al tiempo, las espaldas; pero si ya entonces se?alamos que esa irregular medida no era sino la consecuencia de no haber promulgado a tiempo la amnist¨ªa total, con mayor raz¨®n tenemos que repetir ahora que la desairada postura en que ha situado al Gobierno el regreso de los exiliados no tiene otra causa que su incomprensible resistencia a promulgar dicha amnist¨ªa. En este contexto, el indulto promulgado es otro intento que debe ser bien recibido, a la espera de conocer su extensi¨®n y condiciones de aplicaci¨®n.

Por lo dem¨¢s, los extra?ados retornan para tratar de recuperar para sus organizaciones el liderazgo que las elecciones les ha arrebatado para entreg¨¢rselo al Partido Nacionalista Vasco y al PSOE. No han regresado empu?ando pistolas o metralletas, pero suya ser¨¢ la responsabilidad, y sobre ellos recaer¨¢n las sanciones legales y la reprobaci¨®n popular, si recurren de nuevo a las armas movidos por el alucinamiento de la mentalidad grupuscular o la mitificaci¨®n de conductas condenables, que la historia y los espa?oles hemos perdonado, pero que no deben ser tratadas como conductas heroicas o revolucionarias. Pero, al mismo tiempo, si el Gobierno no facilita su reintegraci¨®n en la sociedad mediante los beneficios de la amnist¨ªa, sin duda alguien tratar¨ªa de encontrar ah¨ª el pretexto de volver a poner en marcha esa espiral de violencia y represi¨®n que en el inmediato pasado ha cubierto de sangre y de miedo el norte de Espa?a.

Creemos por eso que los senadores y diputados que, con su gesto, recuerdan que todav¨ªa se halla pendiente la amnist¨ªa, tienen un deber complementario hacia sus electores y hacia la opini¨®n p¨²blica: definir, clara y un¨ªvocamente, cu¨¢les son las condiciones pol¨ªticas que, a su juicio, son necesarias para que el asesinato a sangre fr¨ªa y por la espalda de un Guardia Civil o el secuestro de un industrial sean considerados finalmente un delito ordinario. Esa aclaraci¨®n podr¨ªa ser un importante paso hacia la amnist¨ªa total y hacia la desaparici¨®n del terrorismo pol¨ªtico en Euskadi.